300 personas de varios países participan en una fiesta ilegal de 40 horas cerca de Barcelona



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La Generalitat toleró que la delirio ilegal que reunió a cerca de 300 personas en un almacén abandonado en Llinars del Vallès (Barcelona) duró 40 horas. Pese a la emergencia sanitaria y las restricciones impuestas por las autoridades, los Mossos d’Esquadra no abandonaron la fiesta -que comenzó en Nochevieja- hasta el mediodía de este sábado. La tardía respuesta policial ha provocado una avalancha de críticas y regaños entre los socios del gobierno: el Departamento de Salud, en manos de ERC, y el Departamento del Interior, controlado por Junts, se culpan mutuamente por el retraso.

«Escuchamos música, tenemos todos los derechos, no somos clandestinos, tenemos alma, ¡no hay peleas!» Una joven gritó al mediodía, desnuda de cintura para arriba, frente a la línea de antidisturbios que se había desplegado recientemente en la antigua fábrica de Llinars. Pasaron unos minutos las 12.00 y los Mossos pusieron fin a las 40 horas de música electrónica.

La Policía Local de Llinars se había puesto en contacto previamente con el conductor de una excavadora que, en cuestión de segundos, retiró las piedras que los asistentes habían colocado en la entrada del almacén para impedir el acceso a los agentes. Las camionetas antidisturbios ingresaron al lugar, apagaron la música y rodearon a los asistentes. Así comenzó una tarde en la que los agentes se dedicaron a identificar y sancionar a más de 200 jóvenes de diferentes puntos de Europa.

La policía regional detuvo a dos de los organizadores de la delirio —Una holandesa de 29 años y una niña de 22 años residente en Tarragona— y acusaron a un holandés, dos franceses y dos italianos por su implicación en la logística del evento. Además, identificaron a 215 personas, entre ellas 100 españoles, 35 franceses, 10 italianos, tres andorranos y otros participantes de Australia, Holanda y Luxemburgo. Él mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, admitió que no pudo identificar a todos los participantes, unos 300, porque algunos de ellos huyeron «por todo el país».

Antes de que los agentes pusieran fin a la fiesta ilegal que desafiaba todas las medidas contra el coronavirus, ya habían terminado las reprimendas políticas entre los socios del gobierno.

El viernes por la mañana, el ministro del Interior, Miquel Sàmper (JxCat), anunció la celebración de la fiesta ilegal en una rueda de prensa en la que calificó el Año Nuevo como «tranquilo». El Mosso optó por no intervenir y trató de mediar con una organización clandestina que había trasladado camiones y equipo musical al barco. Fue inútil. No encontraron interlocutor mientras decenas de vehículos y caravanas seguían concentradas fuera del barco.

La mediación no fue muy apreciada por la consejera de Sanidad, Alba Vergés (ERC), que pidió -el mismo viernes- a Sàmper que pusiera fin de inmediato a la delirio. Vecinos y alcaldes de municipios vecinos se sumaron a la protesta, deseando que la fiesta continuara a pesar de que los Mossos estaban al tanto del lugar. El comisario regional de la Policía, David Boneta, aseguró luego que los agentes actuarían con criterios de «oportunidad y proporcionalidad» para «no causar mayor daño».

Al principio, los Movos optaron por permitir que los ocupantes abandonaran el barco voluntariamente. Aunque ya era un secreto de Pulcinella que el Mosso había descubierto la fiesta, muy pocos participantes abandonaron el barco. La presión política aumentaba y la posibilidad de desalojo era inevitable.

Al mediodía de este sábado, los agentes ingresaron al recinto. Salvo un incidente aislado, los participantes en el delirio no resistieron. Con la situación bajo control, el director de los Mossos, Pere Ferrer, apareció en el almacén donde los agentes sumaban más de 300 personas. «A partir de aquí todos serán sancionados», alardeó Ferrer. El director general de Mossos informó que los asistentes serán multados con multas de hasta 3.000 euros y los organizadores con multas de hasta 600.000 euros. Era el momento de justificar por qué los Movos no habían intervenido desde el primer momento. Ferrer admitió que la Policía Regional no disponía de efectivos suficientes para hacer frente al desalojo de la noche del 31 de diciembre: «Había 3.000 agentes en Cataluña que se dedicaban a velar por la seguridad de 7,5 millones de habitantes». Unos ciudadanos que no podían estar en la vía pública pasada la una de la madrugada, según el toque de queda impuesto por la Generalitat. «Lo que sí es evidente es que una acción apresurada a las pocas horas de un dispositivo de fin de año, con el tamaño de hoy de 200 agentes, ayer no se pudo haber producido con garantías», admitió Ferré.

Sàmper, acompañado de Trapero, justificó por la tarde que el dispositivo era de «alta complejidad». Trapero advirtió que antes de intervenir necesitaba conocer los criterios del Departamento de Salud para ver si deben aislar a los participantes o someterlos a algún examen. «Salud nos dijo que lo único que teníamos que hacer era identificar a estas personas para ver si algunas de ellas daban positivo», dijo Sàmper, quien así buscó devolver la patata caliente a la republicana Alba Vergés.

Ante las explicaciones públicas de los responsables políticos de los Mossos, el vicepresidente de la Generalitat con las funciones de presidente, Pere Aragonès (ERC), había criticado la lentitud de la acción: «Revisaremos con Interior cómo se han desarrollado los hechos para evitar una situación de estas características se repiten y las acciones son más rápidas ”.

La candidata de los Junts por Catalunya a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, a pesar de pertenecer al mismo partido que la ministra del Interior, calificó de «inaceptable y atroz» el hecho de que se tardara tanto en desmantelar el ilegal partido. «Es necesario tener protocolos actualizados para poder actuar sin demora», advirtió Health con un nuevo dardo.