Aquí viene la ley de los distribuidores: ¿se convierten ahora en empleados?



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Varios repartidores participan en una manifestación de personas que realizan entregas a domicilio, en Valencia, en la Comunidad Valenciana.
Varios repartidores participan en una manifestación de personas que realizan entregas a domicilio, en Valencia, en la Comunidad Valenciana.Europa Press

El Consejo de Ministros aprobó la denominada ley del caballeros. Después de casi seis meses de negociaciones, el pasado mes de marzo se llegó a un acuerdo con sindicatos y empresarios. Fue mucho más largo de lo esperado y para casi todas las partes involucradas en la negociación fue el acuerdo más difícil de alcanzar en el último año y medio, en el que se cerraron siete pactos sociales. Pero aún se necesitan otros dos meses antes de que el texto acordado llegue al Consejo de Ministros. El plan es que sea un real decreto que requerirá la validación del Congreso de los Diputados.

La norma busca resolver una confusión que desde hace varios años tiene imagen en las calles de muchas ciudades españolas: ¿son los motociclistas por cuenta ajena o por cuenta propia? La Inspección de Trabajo entendió desde el primer momento que eran asalariados y las plataformas digitales estaban cometiendo fraude al recurrir a falsos autónomos. La Corte Suprema se alineó con los inspectores en septiembre. Además, el diálogo social también abordó la regulación de las implicaciones laborales de los algoritmos. Estas son las cuestiones que la nueva ley busca aclarar.

¿La ley convierte ahora a los mensajeros en trabajadores asalariados? La norma aprobada hoy no implica un cambio legal sobre la situación de los distribuidores. Ellos, según la sentencia de la Corte Suprema de septiembre pasado, ya deberían ser trabajadores asalariados. Lo que está sucediendo ahora es que esta situación se está aclarando aún más para evitar la confusión que se generó hasta esa sentencia.

Para ello, lo que hace al convenio entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos UGT y CC OO y las patronales CEOE y Cepyme es sumar la presunción de contratación de distribuidores. Esto significa que estos trabajadores se considerarán asalariados.

¿La regla entró en vigor rápidamente? No. Desde que se publique en el BOE hasta que entre en vigor, pasarán tres meses. De esta forma, las empresas tendrán más tiempo para adaptarse al nuevo estándar.

¿Qué sectores te interesan? La ley del real decreto solo afecta a los distribuidores de plataformas de reparto, como Glovo, Deliveroo o Ubereats. No afecta a los trabajadores de la plataforma digital de otras empresas. Este fue uno de los puntos sobre la mesa de negociaciones en un momento y una de las demandas iniciales de los sindicatos. CEOE se ha adherido finalmente a este acuerdo limitando su aplicación a este sector.

También es cierto que ningún otro sector ha provocado tantos actos de la Inspección de Trabajo en los últimos años por la utilización de falsos autónomos. Y, además, hasta ahora se ha resistido al cumplimiento de las directrices de las autoridades y los tribunales.

¿Las empresas tendrán que proporcionar a los comités toda la información sobre algoritmos? No, el real decreto pactado con los agentes sociales obliga a las empresas a facilitar los parámetros e instrucciones que adopten los algoritmos y la inteligencia artificial que influyan en la organización del trabajo, las decisiones de contratación o despido de empleados y otro tipo de materias relacionadas con las condiciones laborales.

¿Qué empresas se ven afectadas por las obligaciones de los algoritmos? A todos. Las empresas que utilicen este tipo de herramientas tecnológicas deberán asumir esta obligación. No importa si la empresa no es una nueva tecnología o una plataforma digital, el nuevo estándar conecta a todas las empresas independientemente de la industria en la que operan.

¿España es pionera? Sí, al menos a nivel europeo. Hasta ahora ningún país ha regulado las implicaciones laborales de los algoritmos y mucho menos lo ha hecho con el consentimiento de los agentes sociales, tal y como recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT).