Bien hecho, pero con sesgos reaccionarios



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Bien hecho pero con sesgos reaccionarios

El proyecto de presupuesto está bien hecho. Tiene trámites por aprobar, que deben finalizar la fase provisional de las cuentas a partir de 2018. Está, por tanto, vigente, lo que nos permite acoger la enorme ayuda europea. Y está bien orientado hacia el gasto expansivo, lo que corresponde a una fuerte recesión.

Por todas estas razones, sus deficiencias son relativamente menos graves y, por lo tanto, pueden corregirse en el Congreso. Excepto quizás el cálculo optimista de la recuperación del PIB y los ingresos fiscales para 2021, cuando la pandemia sigue devorando rápidamente la actividad económica.

Alguien significativo como Pablo Iglesias admitió anoche ante Pepa Bueno que «en el proceso de enmiendas se podría mejorar», aunque se refería a uno de sus anexos, los trámites de la renta mínima vital. Pero si esto es válido para un elemento, será válido para todos, ¿verdad?

Hay tres medidas para corregir, ya que son demasiado reaccionarias. Incluso si fue propuesto por United-Podemos para simbolizar un presupuesto «claramente de izquierda», según su líder.

Entre las subidas de impuestos que, contrariamente a lo que se afirma, es poco probable que cobren algo a los «ricos», destaca el 1% en Patrimonio. Depende de las comunidades autónomas, por lo que el cálculo que traerá 339 millones es ciencia ficción.

Y, peor aún, mientras no se detenga previamente la exención total en la que Madrid basa su competencia desleal, se fomentará aún más la fuga de capitales a esa zona. semi-paraíso impuesto. Esto es lo que ocurre con las medidas con alma, pero sin cuerpo.

Incluso los incrementos máximos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, indispensables cuando llega la recuperación para situarnos en la media de la UE, son ahora mera propaganda. Apenas recaudarán 144 millones: simples cosquillas. El ridículo siempre deslegitima cualquier propósito válido. Y socava aún más la promesa socialista de que en tiempos de recesión no habrá transferencia de impuestos.

La otra piedra del escándalo se insinúa como oveja negra entre las excelentes medidas de gasto encaminadas a la recuperación productiva y al bienestar social: es el aumento salarial general de los empleados públicos, por unos 1.500 millones. Si fuera selectivo, y de mayor cuantía, para los profesionales de la salud y los asimilables, que se lo han ganado con excesivo esfuerzo y a costa de tantas vidas, no hay objeción.

Pero, ¿por qué un aumento indiscriminado, y ya fijo, del 0,9% cuando la inflación aún no se conoce al final del año y es probable que se mantenga en cero como máximo? Fue del -0,4% en septiembre y del -1,4% acumulado desde enero.

¿Por qué aumentar el poder adquisitivo del meteorólogo público, el estadístico o el farero discriminando a los colegas privados que han visto caer sus salarios o han perdido su trabajo?

¿Quién proclama esto realmente cree que esto está a la izquierda? ¿O se saltaron la lección cuando explicaron el corporativismo, la consanguinidad y el mecenazgo, esas joyas del universo ultraconservador?