Bruselas acepta que España se marchará sin concretar reformas laborales y previsionales a la espera del diálogo social



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Bruselas acepta que Espana se marchara sin concretar reformas laborales

El plan de recuperación español recibió este miércoles el apoyo rotundo de la Comisión Europea, que le otorgó la máxima puntuación en 10 de los 11 criterios que tuvo que evaluar. Bruselas destaca sobre todo que España ha decidido implementar reformas estructurales de forma inmediata, lo que abre la puerta a más financiación en las primeras etapas de ejecución del plan. Solo en el próximo año y medio España recibirá 37.000 millones de euros, aunque sujeto a un paquete de acciones, incluyendo cambios en la legislación laboral. El ejecutivo de la UE también acepta que las reformas del mercado laboral y de las pensiones sigan abiertas, en detrimento del diálogo social.

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El gobierno de Pedro Sánchez no tuvo que sufrir para que su proyecto pasara la primera revisión de la Comisión. España tuvo que lograr al menos siete puntuaciones máximas (A) para recibir la luz verde de Bruselas. Se necesitaron diez, y una B porque quedan algunas preguntas sobre los costos de las inversiones planificadas entre ahora y 2026. Sin embargo, Bruselas apoya un plan que concentra una gran cantidad de sus 416 hitos y objetivos en los primeros años para «maximizar» su impacto en la «rápida reconstrucción de la economía». Bruselas cree que el plan podría afectar hasta un 2,5% del producto interior bruto (PIB) de España solo con la inversión. Si se implementan todas las reformas, fuentes de la UE señalan que el salto podría llegar hasta los 10 puntos a medio plazo.

Fuentes comunitarias definieron el plan español como «integral» y destacaron la inversión en la transición digital (28% del total de fondos), con voces como una de 3.000 millones para la digitalización de las pymes u otra de 3.400 millones para transformar el sector turístico. Pero uno de los rasgos distintivos del plan es la fuerte orientación social y, sobre todo, la integración de la igualdad de género. Entre otros programas, el plan español destina 1.600 millones a la modernización de la educación, 2.100 millones a la formación y formación profesional, 600 millones a la actualización de los servicios sociales, 1.000 millones a la salud. La Comisión también destaca medidas que ayudan a promover la economía verde, como la renovación de edificios, a la que se destinarán 3.400 millones de euros.

Centrarse en las reformas en los primeros años del plan permitirá a España obtener más combustible para la recuperación. Esta decisión, sin embargo, también afecta los desembolsos. El Gobierno, que si pasa el filtro del Ayuntamiento recibirá 9.000 millones en prefinanciación, cree que ya ha tomado las acciones necesarias para que la Comisión apruebe otros 10.000 millones en diciembre. El próximo pago, sin embargo, ya dependerá del cumplimiento de algunas de las reformas acordadas, por ejemplo en la legislación laboral o previsional. Bruselas cree que sus compromisos cumplen con sus recomendaciones, pero es consciente de que el «borrador final» de los cambios en estos dos ámbitos se ha «dejado abierto», ya que será el resultado del diálogo social, según la documentación que acompaña a la evaluación. del plan. . Otras acciones incluyen la modernización de la negociación colectiva o las políticas activas de empleo, que la Comisión da como ejemplo del equilibrio entre reforma e inversión.

Sostenibilidad fiscal

Bruselas sabe que confiar la reforma laboral o de las pensiones a la negociación colectiva representa un «riesgo» para el impacto a largo plazo del plan. Sin embargo, también cree que los objetivos del diálogo social están bien definidos y que siempre es mejor un cambio apoyado por los interlocutores sociales que uno cuya negativa comprometa su aprobación en el Parlamento. Sin embargo, la evaluación se detiene en la reforma de las pensiones. El documento indica que la reforma presentada supone vincularlos a la inflación, pero acepta las medidas que el Gobierno propone para mitigar este aumento, como la aproximación de la edad efectiva de jubilación a la legal o el aumento del período de cotización para el cálculo. de las pensiones. Por si fuera poco, Bruselas advierte que en el futuro este aumento del gasto debería reducirse «de nuevo mediante ajustes fiscales». Y allí la Comisión se refiere a las reformas fiscales, que España se compromete a completar en marzo de 2023. «Sobre esta base se puede concluir que el plan contribuye a abordar la sostenibilidad fiscal», argumenta el documento.

Según fuentes diplomáticas, el Consejo no debería anular los planes nacionales. Sin embargo, el desempeño de cada país será monitoreado de cerca. Los pagos se liberarán cada seis meses desde ahora hasta 2026. Si España no alcanza un hito u objetivo, no podrá solicitar el desembolso de fondos para ese período. Pero incluso allí Bruselas ofrece cierto margen, ya que el ejecutivo de la UE prefiere posponer una reforma porque el diálogo social tarda más en descarrilar. Por este motivo, el reglamento prevé que la Comisión pueda realizar pagos parciales de fondos para inversiones y reformas o que España retrase una convocatoria de fondos.

En cualquier caso, el ejecutivo comunitario ahora destila optimismo con el plan español. Además de asegurar una mayor sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, Bruselas espera que las medidas del plan -desde reducir la segmentación del mercado laboral hasta incrementar las competencias de los trabajadores- permitan una mayor productividad y cohesión social en España a largo plazo. término. También espera que acelere la competitividad del país gracias a la transición verde y digital. Los documentos de la Comisión señalan que este salto conducirá no solo a una modernización del tejido productivo, sino también a la diversificación empresarial de muchas regiones que hoy dependen del sector turístico.