Colombia discute posponer su informe de la Comisión de la Verdad hasta después de las elecciones de 2022



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Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC, abraza al padre Francisco de Roux durante un acto de la Comisión de la Verdad el pasado mes de junio.
Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC, abraza al padre Francisco de Roux durante un acto de la Comisión de la Verdad el pasado mes de junio.LUISA GONZALEZ / Reuters

A los formidables obstáculos para la paz en Colombia se ha sumado una pandemia de desenlace incierto. El país ha luchado por dejar atrás la violencia sin eludir la verdad de la guerra, y el surgimiento del coronavirus ha ralentizado la implementación de acuerdos duramente negociados que aún suscitan el debate público. Entre las instituciones que surgieron del histórico pacto con la guerrilla de las FARC, probablemente la Comisión de la Verdad, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, sea la que más ha sufrido la inédita crisis de salud. Su trabajo de campo incluye la recolección de testimonios en aldeas remotas, territorios étnicos y reservas indígenas, pero las restricciones a la movilidad han limitado su despliegue territorial.

La comisión, al igual que los otros componentes del rebautizado Sistema Global para la Paz, tuvo que navegar a través de la polarización política. Se espera que su tan esperado informe final, que marca la conclusión de su mandato de tres años, se publique en noviembre, y aterrizará en un escenario de campaña electoral para elegir al sucesor del presidente Iván Duque. El mandatario es crítico con los acuerdos firmados por su antecesor, Juan Manuel Santos (2010-2018), con las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora convertidas en partido Comunes. Pero ahora el Tribunal Constitucional está estudiando una solicitar por varias organizaciones de víctimas para extender este período.

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El argumento principal es que la imposibilidad de viajar a los territorios afectados por el conflicto armado ha dañado significativamente los pilares del mandato de la comisión: esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición. Los demandantes -el Gremio de Personas con Capacidades Diferentes (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares del Recuerdo, con el apoyo de la Universidad de los Andes y el centro de pensamiento Dejusticia- explican que la comisión trabajó solo un año, tres meses y 14 días en condiciones normales, menos de la mitad de su período. «El resto del tiempo, a pesar de no haber suspendido sus actividades, tuvieron que volverse virtuales y reducir el contacto directo con las comunidades», subrayan.

Mantener el período sin cambios, argumentan, violaría el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición. Un punto esencial del acuerdo. Para empezar, en muchas zonas rurales de esa Colombia profunda, falta conectividad, e incluso las víctimas no sienten que la virtualidad garantice las condiciones de seguridad y confianza necesarias para aportar sus testimonios. “Si ya es difícil dar un testimonio presencial, imagínese en un celular que no tiene alma”, explicó Gloria Elcy Ramírez, representante de Asovida. Lo que están pidiendo es encontrar una fórmula que recupere el tiempo perdido debido a la pandemia.

La comisión continuó trabajando incansablemente, apoyada en la virtualidad y con eventos mixtos. Entre otros eventos, organizó apariciones voluntarias de varios ex presidentes. Ernesto Samper (1994-1998), César Gaviria (1990-1994) y Santos ya han dado sus testimonios, mientras que Andrés Pastrana (1998-2002) también prepara sus aportes para finales de agosto. Álvaro Uribe (2002-2010), mentor político de Duque, rechazó esta posibilidad. En julio, las víctimas del secuestro se enfrentaron cara a cara con los líderes de las FARC fallecidas, entre ellos Ingrid Betancourt. Aunque muchos de esos actos que producen un diálogo profundo y reparador se han desarrollado a pesar de las limitaciones, queda poco tiempo para decantar la información y redactar el informe final. La comisión también tuvo que superar la muerte de dos de sus once comisionados. A finales de 2019 falleció el periodista y sociólogo Alfredo Molano y hace un año, a causa del coronavirus, la líder Ángela Salazar.

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El propio padre De Roux se pronunció por primera vez esta semana a favor de adelantar el juicio en el Tribunal Constitucional para poder profundizar la elaboración del informe hasta julio del próximo año. «Prefiero entregar el documento final al nuevo presidente y quedarme fuera de la campaña política, para evitar esa manipulación», dijo durante un conversación virtual con el Centro de Fe y Cultura.

El debate sobre la prórroga del mandato de la comisión comienza a avanzar. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno en los diálogos de La Habana, es una de las voces que opinó que el informe debe posponerse para después de las elecciones presidenciales de mayo de 2022. «Sobre el funcionamiento y objetivos de la Comisión De la verdad , es evidente que la pandemia les ha dificultado, especialmente en relación con las víctimas en zonas remotas del país, el desempeño de su tarea. Y en cuanto al momento oportuno para que la empresa reciba y evalúe de manera constructiva el informe final, no tengo dudas de que las conclusiones de la comisión podrían estar sesgadas por la discusión política propia del período electoral ”, dijo De la Calle a este diario. Es que el informe se verá golpeado en medio de la lucha política y que perdamos la oportunidad de evaluarlo y utilizar sus resultados de manera constructiva ”, razona.

La experiencia de otras comisiones alrededor del mundo muestra las dificultades para satisfacer a todos los sectores. «Si la expectativa es de un mejor contexto político para la entrega y socialización de la relación, me temo que cuanto más se posponga, más complicado será el contexto», advierte Gonzalo Sánchez, quien dirigió la Centro Nacional de Memoria Histórica y forma parte de un consejo asesor de la comisión. Pero si el argumento se refiere a los límites que impone la pandemia, aclara, «hay razones más que suficientes para hacer frente a la voz de las víctimas, en el sentido de que se amplía el plazo para que la consulta con ellas tenga un fundamento real». Dada la complejidad y duración del conflicto colombiano a lo largo de medio siglo, zanja, el tiempo asignado a la Comisión de la Verdad es «claramente insuficiente».

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