Cómo mejorar la gobernanza en el proyecto de ley de cambio climático



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Como mejorar la gobernanza en el proyecto de ley de

Hay mucha evidencia de que muy ambicioso Ya sea una ley, una directiva o una convención internacional para defender nuestro planeta, tal declaración no es suficiente para lograr sus objetivos. Hace unas semanas Naciones Unidas advirtió que no se ha logrado ninguno de los objetivos de Aichi para la protección de la biodiversidad, acordados en 2010.

Tampoco lo son los objetivos marcados por la Unión Europea en 2001 en su estrategia de desarrollo sostenible de Gotemburgo, como la eliminación progresiva de los subsidios a la producción y consumo de combustibles fósiles antes de 2010 o la eliminación de aquellos que fomentan el uso de combustibles fósiles. recursos naturales innecesarios.



Estos son solo algunos ejemplos de compromisos incumplidos y, por tanto, estamos inmersos en una crisis medioambiental y una emergencia climática.

No podemos pagarlo tienen legisladores en la UE, en los parlamentos nacionales y regionales, elaborando textos normativos para hacer frente al cambio climático o la crisis ambiental, que no se aplican ni se respetan.

Para ello, el ingrediente fundamental es contar con un sistema de gobernanza sólido.

Este es exactamente uno de los defectos del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que se encuentra trabajando el Congreso de los Diputados y que necesita ser reformado para lograr sus objetivos, que responden a los compromisos climáticos asumidos por nuestro país.



Los presupuestos de carbono son la herramienta ideal y para poder comprobar si estamos en el camino del cumplimiento de la legislación.


Que elementos ¿Mejoraría la gobernanza del futuro LCCTE? En primer lugar, para comprobar si estamos en camino de cumplir los objetivos que marca la ley, los balances de carbono son la herramienta ideal y, por tanto, se han incluido en las leyes sobre cambio climático en nuestro entorno.

Así fue en la Ley de Cambio Climático del Reino Unido de 2008 que fue la primera en introducirlos, en la Ley de Transición Energética y Crecimiento Verde de Francia, aprobada en 2015, o en la Ley de Acción Climática de Alemania adoptada en diciembre de 2019. Algunas leyes climáticas Los autónomos también los incluyen, como los de Andalucía y Cataluña. Sin embargo, la factura no lo cubre.



Un presupuesto de carbono representa una cantidad total fija de carbono que se puede emitira durante un período de tiempo específico a nivel mundial, por una nación, una región dentro de un país o alguna otra subpoblación o tipo de negocio. En el caso del Reino Unido y Francia, los balances son cinco años mientras que en alemán son anuales. En todos los casos, los límites máximos de emisión son fijos y para sectores específicos en francés y alemán.

Un balance de carbono ayudaría a monitorear el cumplimiento de los objetivos marcados en el proyecto de ley, ya que de esta manera las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero están estrictamente limitadas y no pueden ser superadas.



Esta medida apoya a los líderes políticos posteriores


La introducción de presupuestos de carbono apoya a los responsables políticos posteriores, un sistema de seguimiento y revisión más regular les ayudaría a comprender mejor cómo está cambiando el perfil de emisiones y, de esta manera, las políticas se pueden cambiar cuando sea necesario, dependiendo de los cambios. producido.

Tenga en cuenta que los presupuestos permiten cierta flexibilidad, por lo que puede acumular emisiones que no han ocurrido y pedir prestado, con limitaciones, problemas en cada período presupuestario.



El presupuesto anual es un instrumento que se ha incorporado a la Decisión de reparto del esfuerzo de la UE y posteriormente al Reglamento de reparto del esfuerzo de la UE, por lo que nuestro país ya tiene asignados presupuestos en sectores generalizados, con la obligación de reducir un 26% al año a partir de 2021.

Junto con estos beneficios, un balance de carbono a largo plazo también proporcionaría orientación y certeza para las empresas y los inversores en tecnologías de reducción de emisiones.


Segunda pregunta: hay que fortalecer la figura de la Comisión de Cambio Climático

En segundo lugar, para reforzar la gobernanza de la futura ley española de cambio climático, es necesario reforzar la figura de la Comisión de Cambio Climático y Transición Energética prevista en el artículo 33.

Como en el caso de los balances de carbono, la Ley de Cambio Climático de 2008 del Reino Unido introdujo al Comité de Cambio Climático como un organismo asesor científico independiente. Esta cifra también se incluyó en otras leyes posteriores sobre cambio climático, como las francesas, suecas y alemanas.

La futura ley deberá desarrollar esta figura con mayor detalle, con independencia de que se esté preparando un Real Decreto para desarrollar dicho Comité.



Uno de los elementos clave es que es totalmente independiente de cualquier interés.

La experiencia en nuestro país con comités de expertos para tratar el Covid-19 es pobre e ineficaz y no podemos reproducirlo ante la emergencia climática. Para que funcione correctamente, debe tener un presupuesto suficiente para que los científicos puedan desarrollar su trabajo. El borrador no especifica qué funciones desempeñará, las cuales deben ser incluidas, así como la obligación del gobierno de justificar cualquier decisión que se desvíe de las recomendaciones de ese comité.


Finalmente, es fundamental fortalecer la cooperación entre los tres niveles de administración. En España, las competencias que influyen en la lucha contra el cambio climático se distribuyen entre estos niveles. Por ello, se deben implementar todas las técnicas de cooperación previstas por la legislación sobre el régimen jurídico del sector público.

Asimismo, las comunidades autónomas necesitan desarrollar planes energéticos y climáticos para trabajar de forma coordinada. Por ello, se recomienda a las Comunidades Autónomas que participen de alguna forma en la designación de los miembros de la Comisión de Cambio Climático y Transición Energética ya que la lucha contra el cambio climático es una responsabilidad compartida.



Estos mecanismos son fundamentales para fortalecer la gobernanza de la futura ley. Otro elemento para mejorar la gobernanza de esta es el reconocimiento de la acción popular que permite a cualquier ciudadano acudir a los tribunales para exigir respeto cuando no se respeta. Sin embargo, las acciones legales son el último recurso, obviamente es preferible que no haya infracciones.

Sin una adecuada gobernanza, tanto la consecución de los objetivos de la futura ley como el cumplimiento de las obligaciones que esta establece están en riesgo, lo que implica que todos lo somos.

Ana Barreira Ella es una abogada. Director del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)