Corte Suprema se niega a suspender leyes contra la «desinformación»



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Corte Suprema se niega a suspender leyes contra la desinformacion

La Corte Suprema se negó a aplicar medidas extremadamente cautelares para suspender la vigencia del «procedimiento de acción contra la desinformación», aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 6 de octubre. La sala de lo contencioso ha estimado que no se pueden apreciar «circunstancias de especial urgencia» para adoptar la medida, ya que no existe riesgo de causar daños irreversibles.

Los magistrados de la Sección Cuarta de esa Sala acordaron considerar ordinaria la medida cautelar. A diferencia de la misma cautela -que se aplica «parte inédita», es decir sin oír al imputado -, en la elaboración de la disposición se le otorgará al Fiscal del Estado un plazo de diez días para formular sus alegatos en defensa de la norma.

“Primero debemos llamar la atención”, dice la Corte Suprema, “sobre el hecho de que la acción impugnada fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 5 de noviembre de 2020 mientras que los demandantes (la editorial de Confilegal) no interpusieron tal recurso hasta al 30 de diciembre de 2020, lo que contrasta con las razones de especial urgencia que se recuerdan brevemente en el escrito de presentación «. La impugnación se basó en la tesis de que el» procedimiento de acción contra la desinformación «permitía medidas de censura preventiva, contrariamente al artículo 20 de la Constitución.

La norma aprobada regía una Comisión Permanente contra la Desinformación, órgano al que asignaba la función de “asistir” a diversas instancias de la Administración en “aspectos relacionados con la evaluación técnico-operativa de posibles campañas de desinformación”.

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La decisión del Tribunal de Casación se remite al artículo 131 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que otorga este plazo de diez días a la parte recurrida para defender la disposición impugnada. El Tribunal Supremo considera que esta disposición de ley garantiza que los motivos de los demandantes y los presentados por el Colegio de Abogados puedan ser examinados en poco tiempo, sin que se generen situaciones de daño irreversible. La resolución sostiene que, como resultado, «no habrá ningún daño irreparable para el demandante si sus razones tienen éxito».

La actualización del procedimiento aprobado por el CSN en octubre, recogido por orden ministerial de 5 de noviembre, redefine los organismos y autoridades que formaban parte del mismo, niveles establecidos desde la prevención de campañas de desinformación hasta la evaluación de acciones, pasando por la identificación. y responder y describir los roles específicos en cada uno de estos niveles. También se propone proponer la composición de un grupo de trabajo ad hoc desarrollar y revisar una estrategia nacional para combatir la desinformación.

La Comisión Europea aprobó el protocolo el 9 de noviembre. En palabras del portavoz comunitario Johannes Bahrke, la medida se limita a «actualizar el sistema nacional existente para prevenir, detectar y responder a campañas de desinformación y establecer estructuras de coordinación».

La iniciativa del gobierno busca combatir los efectos de los engaños o noticias falsas. Al respecto, el Ejecutivo subrayó en la aprobación del reglamento impugnado que en estos tiempos de acelerado avance en el entorno digital y el uso intensivo de los medios digitales, es fundamental evaluar continuamente el fenómeno de la desinformación. Entre las razones que sustentan la estrategia, el texto aprobado se refirió a la definición acuñada por la Comisión Europea de desinformación como «información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines de lucro o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar daño al público ”. Este daño público incluye amenazas a los procesos democráticos y bienes públicos como la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos.

En cuanto al sector privado y la sociedad civil, el procedimiento aprobado destacó que los medios de comunicación, las plataformas digitales, la academia, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general juegan un papel fundamental en la lucha contra la desinformación. , con acciones como identificar y no contribuir a su difusión, la promoción de actividades de sensibilización y la formación o desarrollo de herramientas para prevenir su propagación en el entorno digital, entre otras.