Crece el esfuerzo presupuestario para apoyar el estado de bienestar



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La salida de esta crisis no será como la de la Gran Recesión. El mensaje fue repetido ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su socio y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y a la jefa del proyecto de presupuesto, la ministra María Jesús Montero. E insistieron en la aprobación de Bruselas y de organismos internacionales como el FMI o la OCDE.
Las cuentas que llegan hoy al Parlamento
reflejan un firme compromiso con «cambiar el modelo productivo» pero también con el fortalecimiento del estado del bienestar, como herramienta -defendió Montero- para combatir la pandemia y apoyar la cohesión social y acortar al máximo el retorno a los niveles anteriores de crecimiento debido a la crisis. La factura proporciona un aumento del gasto social del 10,3%, hasta 239.765 millones de euros. «El más grande de la historia», apunta Moncloa. Sin los fondos europeos previstos, el aumento sería del 6,2%.



El gasto social representa, por tanto, el 52% de los compromisos del Estado, la Seguridad Social y los organismos públicos. Entre los beneficiarios destaca el gasto destinado a educación y salud o adicciones. La infraestructura y la investigación científica también están creciendo con fuerza, en un momento en el que el lema es que la administración debe gastar (y pedir prestado) para asegurar la recuperación de la actividad económica. En línea, todos los ministerios están viendo cómo mejoran sus presupuestos.

La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al finalizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada en Moncloa, el 27 de octubre de 2020

La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al finalizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada en Moncloa, el 27 de octubre de 2020 (PE)

Solo por las pensiones, el Gobierno estima que tendrá que pagar más de 163.000 millones, que son 36 de los 100 euros gastados. Las prestaciones de la seguridad social aumentaron un 3,8% respecto al año anterior, luego de que las cuentas confirmen la revalorización en 2021 del 0,9% para casi diez millones de jubilados, en línea con el IPC estimado por el Ejecutivo. Además, en el caso de las 450.000 prestaciones no contributivas (las más bajas), el incremento alcanzó el 1,8%.


Estado de bienestar

Los elementos sociales absorben el 52% del gasto total comprometido con el proyecto




Tampoco perderán poder adquisitivo empleados publicos, gracias a un aumento del 0,9% en su salario, mientras los beneficiarios de ayudas y becas ven cómo el índice de referencia – el Iprem – crece un 5%, tras años de congelación. La entrada por renta mínima alcanza los 3.000 millones de euros y la baja por maternidad y paternidad se equipara a 16 semanas.

La cobertura para desempleados asciende al 20% en solo un año, anticipándose al aumento de la tasa de desempleo debido a la ralentización de la actividad. Al mismo tiempo, las políticas activas de empleo reciben una inyección de 2.300 millones de euros (casi un 30% más).

Apoyadas en la primera entrega de los fondos de recuperación europeos, las cuentas con las que Montero pretende superar la crisis muestran mejoras en partidas muy raras. Las inversiones reales aumentaron un 34,1% hasta los 8.230 millones. El ejecutivo de Sánchez destacó que las políticas de infraestructura-«un área fundamental para la cohesión territorial» – recibirán más de 11.500 millones, el doble que el año en curso. Una cifra similar a la reservada para iniciativas relacionadas con la investigación, la innovación y la digitalización (12.500 millones).




Ayuda de la UE

Apoyado en la primera entrega de fondos europeos, la inversión crece un 34%

En cuanto al fortalecimiento de los servicios públicos, en medio de la pandemia, la política de salud recibirá un 75% más de recursos en los presupuestos generales, incluidos los fondos de la UE. Y las medidas educativas están creciendo a niveles similares. En concreto, la dotación de becas supera por primera vez los 2.000 millones de euros.

También destacan en la factura dos transferencias extraordinarias. Por un lado, 18.000 millones para la Seguridad Social, con los que amortiguar parte del duro golpe de la pandemia en sus cuentas y, sobre todo, como antes de las entregas a las que el Gobierno se ha comprometido a empezar a asumir gastos distintos a las pensiones contributivas, los llamados gastos indebidos. Entonces, destinará unos 12.000 millones a la separación de fuentes que acaba de volver a recomendar el Pacto de Toledo, para asegurar la sostenibilidad a medio plazo del sistema público de pensiones. Por otro lado, el Estado destinará 13.400 millones de euros a un fondo sin condicionalidad para las comunidades autónomas, que contribuya a paliar el esfuerzo realizado por los gestores de los servicios públicos.