Debate crucial en la Constitución sobre las libertades frente a la pandemia



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Una ambulancia circula por el Paseo de la Castellana de Madrid, vacía durante el encierro, en abril de 2020.
Una ambulancia circula por el Paseo de la Castellana de Madrid, vacía durante el encierro, en abril de 2020.Andrea Comas

El pleno del Tribunal Constitucional votará previsiblemente este miércoles si anulará la prisión domiciliaria del estado de alarma por inconstitucional, como defiende la ponente del proyecto de sentencia. Tal sentencia implicaría la cancelación de un millón de multas y la obligación constitucional de decretar el estado de excepción para imponer medidas similares a las aplicadas durante la actual pandemia en caso de surgir el caso en el futuro.

Los magistrados que integran el TC mantuvieron este martes un tenso y trascendente debate que duró más de cuatro horas. Los jueces son conscientes del carácter histórico de su decisión, porque marcará el camino que se debe seguir para dar cobertura legal a la suspensión o limitación de derechos – según el caso – ante una emergencia de salud como la anterior. que la extensión del covid -19. Pero, según la reconstrucción del debate que ha podido llevar a cabo Alicantur, las posiciones son irreconciliables e irreductibles.

Cinco magistrados (tres progresistas y dos conservadores) siguen creyendo que ante una pandemia de este tipo basta con declarar el estado de alarma, mientras que otros cinco (todos conservadores) creen que es imprescindible declarar un estado de excepción. El sentido de la undécima votación, que corresponde a la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca (elegida en ese momento a propuesta del PSOE), sigue rodeada de incertidumbre.

En el intenso debate del martes, además de la ponente, intervinieron cinco magistrados – tres a favor del proyecto de sentencia y dos en contra – y este miércoles habrá otros cuatro – tres en contra de este texto, y uno a favor, más el vicio. -presidenta, a quien tendrá que aclarar definitivamente el sentido de su voto (si no se vuelve a aplazar la votación).

Los primeros en hablar este martes fueron los magistrados del sector progresista María Luisa Balaguer y Cándido Conde Pumpido. Ambos lo hicieron contra el sometimiento, y ambos fueron replicados por su autor, el magistrado del bloque conservador Pedro González Trevijano, cuya tesis es que durante el encierro hubo una suspensión de derechos fundamentales en términos radicales, por lo que no fue suficiente. alarma (aprobada por el Gobierno, no por el Parlamento) para dar cobertura legal a la situación que se ha presentado.

Conde-Pumpido, quien fue fiscal general del estado durante ocho años, argumentó que existe un error fundamental en reclamar el estado de excepción para hacer frente a una pandemia, sobre todo si el argumento es que el estado de alarma decretado el año pasado suspende derechos fundamentales. Según él, el instrumento que realmente relega y pulveriza los derechos fundamentales es el estado de excepción, que deja en manos del Ejecutivo un poder omnicomprensivo, tanto para extender los períodos de detención de tres a diez días sin intervención judicial, como cerrar los medios de comunicación o registrar domicilios o establecimientos.

A juicio de Conde-Pumpido, en definitiva, la derogación del decreto sobre el estado de alarma roza ahora el absurdo y traicionaría la voluntad del legislador constituyente y de quien entonces desarrolló los mandatos constitucionales. Conde-Pumpido recordó que el Parlamento ha vinculado el estado de excepción a los casos de alteración grave del orden público, al tiempo que menciona las emergencias sanitarias entre los casos previstos para acordar un estado de alarma.

Suspensión, no limitación

El juez González Trevijano puso el pie en el muro ante estos argumentos. Para Trevijano, la Constitución no permite interpretaciones laxas y la suspensión de un derecho no puede definirse como una limitación. A su juicio, lo cierto es que entre marzo y junio del año pasado los españoles no pudieron salir de casa -salvo tareas o funciones imprescindibles o muy necesarias para ellos o para la comunidad-, no pudieron fijar libremente el lugar de residencia. , ni pudieron reunirse con familiares y amigos. Por tanto, estos derechos fundamentales han quedado prácticamente abolidos. Esto solo se puede hacer después de una declaración del estado de excepción, lo que implica la autorización previa del Parlamento, agregó Trevijano.

Conde-Pumpido, por su parte, defendió el equilibrio que supone el estado de alarma en las relaciones entre Gobierno y Parlamento. El Ejecutivo aprueba la disposición, pero el Parlamento la aprueba. Y en el caso del decretado el año pasado, el apoyo parlamentario ha superado el 90%. Pumpido recordó que se criticó al Ejecutivo por haber actuado tardíamente, y destacó que la declaración del estado de excepción habría esposado al Gobierno pendiente del debate en las Cortes, que en ese caso son las competentes para aprobar esta medida. Por tanto, Conde-Pumpido se preguntó si el Tribunal Constitucional quiere afrontar el estallido de una pandemia con un retraso previsible, no por falta de información fiable, como el año pasado.

González Trevijano respondió entonces que la democracia exige el máximo respeto a la distribución de funciones. Por tanto, si la situación es excepcional, por razones de orden público o de otro tipo, corresponde al Parlamento evaluarla y es su deber actuar con prontitud.

Las siguientes tres intervenciones correspondieron a tres integrantes del sector conservador, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya. Todos estaban a favor de declarar inconstitucional una parte del decreto sobre el estado de alarma porque, al igual que el relator, entendían que esta disposición significaba en la práctica la suspensión de los derechos fundamentales, decisión que a su juicio no se puede tomar sin declarar un estado. de excepción.

La resolución reproduce en gran medida el debate doctrinal que había estado abierto durante un año entre los constitucionalistas. A favor de las tesis presentadas por juristas como Pedro Cruz Villalón o Tomás de la Quadra Salcedo, el pleno del Tribunal Constitucional Balaguer y Conde-Pumpido intervino este martes para subrayar la suficiencia de la declaración del estado de alarma como disposición. eso implica una limitación, pero de ninguna manera una suspensión o abolición de los derechos fundamentales. Balaguer ya acumula una larga lista de votos individuales en los tribunales, identificados con una defensa radical de esos derechos, en desacuerdo con múltiples sentencias, incluida la aprobada para aprobar la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza, y sus posibilidades sancionadoras.

Todos los magistrados que asistieron ya habían hecho uso de la palabra en junio, definiéndose claramente. Cuatro de los cinco que hablarán este miércoles también lo habían hecho. Son, por un lado, Andrés Ollero y el presidente de la corte, Juan José González Rivas, así como Juan Antonio Xiol, quienes criticaron la presentación y anunciaron su voto a favor de la aprobación del estado de alarma. Y por el otro, Antonio Narváez, que ya ha asegurado apoyar al ponente. Queda en el aire un voto, el que puede decidir el debate, el que corresponde a Encarnación Roca. La vicepresidenta de la corte escuchó atentamente las presentaciones del martes, pero no se decidirá hasta que las haya escuchado todas y no sea el momento de la votación.