Defensa anula el mayor contrato de armas en la historia militar



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El Departamento de Defensa anuló el contrato de armas más grande en la historia del Ejército: la compra del nuevo VCR blindado 8×8 Dragon. El pasado 12 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la adquisición de 345 vehículos blindados por 2.083,2 millones de euros, pero fue solo la primera fase de un programa que prevé comprar 998 vehículos por 3.836 millones de euros a largo plazo.

El acuerdo de Gabinete designó a Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la empresa estadounidense General Dynamics, como contratista principal, «la única opción con capacidad industrial suficiente para cumplir con el objeto del contrato» e Indra y SAPA como principales subcontratistas. Se alegó que los motivos de seguridad nacional pasaron al proceso judicial, el cual fue «negociado en público».

A partir de ahí, comenzaron las negociaciones entre el Ministerio de Defensa y el adjudicatario para firmar el contrato antes de fin de año. Sin embargo, la Dirección General de Armamento rechazó la oferta de Santa Bárbara y la calificó de «inaceptable» por razones técnicas, operativas y económicas. En concreto, la Oficina de Programas afirma que ni el número de prototipos y vehículos ni las diferentes configuraciones en el orden de fabricación cumplen con los requisitos de la Especificación Técnica (PTT) durante el período de implementación. Tampoco hay garantía financiera de que el programa no aumente su costo en caso de un evento imprevisto.

Fuentes familiarizadas con la negociación aseguraron que el punto de ruptura fue que la Defensa no quiso revisar el pliego de condiciones del contrato, lo que lo obligó a devolverlo al Consejo de Ministros, mientras que la empresa alegó que no podía asumir las siguientes condiciones: si se producía alguna desviación de costos, se encaminaba a pérdida.

Fuentes de Defensa aseguran que la compra del nuevo blindado 8×8 para el Ejército es «una prioridad» y el tope de gasto aprobado por el Consejo de Ministros sigue vigente, por lo que continuaremos luego de que fracase la negociación con Santa Bárbara. Para decir «un concurso público». Esto significa que cualquier empresa española o extranjera puede destacar y el modelo elegido puede no ser el desarrollado en el programa de demostradores de tecnología basado en General Dynamics Piraña 5, que recibió 92 millones de euros de financiación pública.

Este programa fue adjudicado a UTE (Unión Temporal de Empresas) creado por Santa Bárbara, Indra y SAPA para el desarrollo de tecnologías que deberían incorporar los futuros VCR 8×8. Se suponía que cinco vehículos del mismo vehículo se entregarían a Ordu en julio pasado. Sin embargo, los desacuerdos entre los tres socios de UTE provocaron que la entrega se retrasara hasta noviembre, y se fijó mayo de 2020 como nueva fecha. El Consejo de Ministros tuvo que ratificar un acuerdo de autorización el viernes pasado. Al Ministerio de Industria por transferir los pagos previstos para este año al próximo.

El reiterado incumplimiento de los plazos llevó a la Defensa a activar la sustancia que impone una sanción de más de 10.000 euros por día de retraso y evitar que se repita la fase de producción, eligiendo a Santa Bárbara como único contratista para la producción de armaduras. Experiencia UTE. Incluso entonces no fue posible.

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