División y enfrentamientos en el sector agrícola por la distribución de las ayudas de la PAC



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Rebaño de vacas de un rancho de Andalucía.
Rebaño de vacas de un rancho de Andalucía.JUNTA DE ANDALUCÍA / Europe Press

Los concejales de Agricultura de todas las comunidades autónomas y la Consejería de Agricultura intentarán llegar este miércoles a un acuerdo sobre la elaboración del plan estratégico en el que se hará el reparto de los más de 47.000 millones de euros disponibles para el periodo 2023 a 2027 fijado en la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC). El encuentro se abre en un clima de división entre las autonomías y el rechazo de la propuesta de Atocha en aspectos como la convergencia de los procesos de ayuda, la regionalización, la política redistributiva, los eco-esquemas, la definición del agricultor profesional beneficiario de los fondos o la eliminación de los derechos históricos.

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Concejales autonómicos como el socialista Francisco Martínez Arroyo, de Castilla-La Mancha, o el independiente Joaquín Olona, ​​de Aragón, coinciden en la necesidad de eliminar los agravios territoriales actuales y avanzar cuanto antes, no en 2029, hacia un total convergencia de pagos con la agricultura familiar y los profesionales agrícolas como principales beneficiarios, así como con la eliminación de los derechos individuales históricos actuales. “No tiene ningún sentido”, dice Martín Arroyo, “que los derechos históricos individuales se sigan pagando en base a producciones que en muchos casos ya no se cultivan. Es necesario avanzar más rápido en la convergencia de las ayudas y en una reducción más importante del número de regiones ”.

La propuesta actual, a grandes rasgos, prevé que, de los fondos procedentes de pagos directos (casi 5.000 millones anuales), el 60% se utilice como pago de ayudas a la renta básica y el 12% como ayuda redistributiva complementaria. La propuesta oficial señala el destino de al menos el 3% de las ayudas directas tanto para apoyar el relevo generacional como para dar un mayor apoyo a las mujeres a través de fondos del primer pilar o pagos directos para el segundo pilar o para el desarrollo rural. La ayuda a la renta complementaria para los jóvenes será del 2% de estos fondos y del 25% para apoyar planes ecológicos o medidas medioambientales voluntarias que los agricultores puedan adoptar más allá de las necesidades de la comunidad. Los pagos como ayuda directa relacionada con la producción ascenderán al 12,4%, más el 1,95% solo para las proteaginosas. El olivar se suma a las ayudas sectoriales donde ya se encuentran otras producciones como el vino, con un 0,62% de los fondos por importe de 30 millones de euros.

En cuanto a los beneficiarios de las ayudas, deben ser agricultores en activo, estar inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Agrarios Autónomos o que una parte significativa de sus ingresos totales, el 25%, proceda de la actividad agraria. También se considerarán profesionales aquellos que reciban ayudas iguales o inferiores a 5.000 € para apoyar la agricultura a tiempo parcial. En este punto, se excluyen las superficies aeroportuarias, terrenos inmobiliarios o instalaciones deportivas como campos de golf, como ya ocurre.

Máximo 100.000 euros

La ayuda básica a la renta tendrá un tope de 100.000 €, aunque habrá reducciones de 60.000 €: entre 60.000 y 74.999 € se reducirá en un 25%; entre 75.000 y 89.999 euros el recorte será del 50%; y en el tramo entre 90.000 y 99.999 euros la rebaja será del 85%. Además, la ayuda solo se abonará cuando sea igual o superior a 300 €.

El apoyo básico a la renta se diferenciará por área con un modelo basado en 20 regiones frente a las 50 actuales en cuatro tipos de áreas: cultivos de lluvia, cultivos de regadío, cultivos permanentes y pastos permanentes. La meta es que la convergencia en la misma región sea del 85% para 2026 y en el último minuto se ha incorporado la meta de llegar al 100% para 2029.

La propuesta prevé el pago redistributivo y la ayuda complementaria a las primeras hectáreas de una explotación por un importe equivalente al 20% del importe de la ayuda básica asignada a esa región. Incluso si el beneficiario es una mujer aumenta un 5%. También se prevé una ayuda adicional para los jóvenes consistente en el 100% del importe correspondiente al valor medio regional de la ayuda básica hasta un máximo de 90 hectáreas durante cinco años y un 10% más si se trata de una mujer.

En la propuesta presentada por el ministerio hace un año en la Conferencia Sectorial, apoyada por 11 comunidades autónomas, la agricultura proponía alcanzar la plena convergencia en 2025. Una vez logrado este objetivo, Atocha contempló la eliminación de los derechos individuales históricos individuales para reemplazarlos ”. los pagos superficiales menos complejos, burocráticos y especulativos para facilitar la movilidad del suelo y en particular para los más jóvenes ”, algo que no aparece en la propuesta actual.

En este cambio de posición, desde otras autonomías, se aprecia la influencia de una parte importante del sector agrario andaluz, como ya sucedió en la aplicación de la reforma de 2014 basada en la continuidad de los pagos por derechos históricos y una mínima convergencia en el derechos de pago que ha traído el lodo actual.