Dos magistrados progresistas y un conservador decidirán si es legal el aval de la Generalitat



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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entre su vicepresidente, Jordi Puigneró, y la ministra de presidencia, Laura Vilagrà, llegando a la reunión semanal de la Generalitat de este martes.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entre su vicepresidente, Jordi Puigneró, y la ministra de presidencia, Laura Vilagrà, llegando a la reunión semanal de la Generalitat de este martes.Toni Albir / EFE

La Sala de Justicia, que decidirá definitivamente sobre el aval de la Generalitat de los 34 altos cargos y funcionarios a los que el Tribunal de Cuentas pide 5,4 millones de euros, estará compuesta por dos magistrados progresistas y uno conservador. En primer lugar, es Esperanza García, la delegada para la investigación del expediente, quien debe admitir o no las fórmulas propuestas por las defensas para garantizar este monto. Pero su decisión es recurrible ante el Tribunal de Justicia del tribunal, integrado por su presidente, José Manuel Suárez Robledano – nombrado a propuesta del PP -, María Antonia Lozano – nombrada por iniciativa de la UI – y Felipe García. Ortíz, propuesto por el PSOE.

Es muy probable que el delegado investigador no tome ninguna decisión hasta finales de julio, ya que el día 21 vence el plazo para que los sospechosos aseguren la citada suma, y ​​lo más común en estos juicios es que expira el plazo. Una vez formulada la propuesta sobre la fórmula de seguro del importe solicitado, el investigador del caso no dispone de un plazo preciso para decidir sobre la admisibilidad o no de la garantía que la Generalitat pretende presentar. Tan pronto como lo resuelva, el Tribunal de Cuentas se encontrará al borde de un período no laborable, el de agosto, según sus reglas de funcionamiento. Por tanto, la resolución del eventual recurso presentado -y seguramente lo habrá- no se llevará a cabo antes del próximo mes de septiembre.

Felipe García Ortiz, uno de los miembros de la Cámara de Justicia que debería pronunciarse en la materia, ya ha criticado abiertamente los resultados de la investigación sobre el gasto de la Generalitat en Acción Exterior. García Ortiz se quejó por escrito de los alcances del informe elaborado al respecto y que las repeticiones en la exposición no dan lugar a que «ni el número ni la cantidad de deficiencias e irregularidades que se denuncian puedan deducirse de manera concreta». , puede ofrecerles una visión aumentada, no objetiva y considerada «.

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Independientemente de la posición que adopte la Fiscalía sobre la garantía, si se acepta este mecanismo, la impugnación vendrá de la Sociedad Civil Catalana y de los Abogados Catalanes de la Constitución, que participan en el proceso como acción popular. Y si la propuesta de la Generalitat fuera rechazada, serían los interesados ​​quienes hubieran aceptado hacer uso de la fórmula vinculante antes mencionada para recurrir, para que así les fuera concedida. De una forma u otra, en definitiva, el recurso de apelación de la garantía irá al Tribunal de Justicia, que decidirá definitivamente sobre la cuestión.

El caso, por tanto, se simplificaría considerablemente si, antes del próximo mes de septiembre, la Generalitat hubiera aclarado las dudas que existen sobre la legitimidad de la garantía que pretende acogerse. Esto evitaría la apelación del Gobierno que, de ser presentada, muy probablemente resultará en la suspensión del decreto ley del Gobierno hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, si la iniciativa incurre o no en motivos de inconstitucionalidad.

Mediante el mismo Tribunal de Cuentas se admite que la existencia de un convenio entre el Gobierno y la Generalitat para eliminar cualquier rastro de ilegitimidad de la iniciativa – derivada de la mala utilización de los fondos públicos para la garantía – aliviaría considerablemente la carga y consecuencias que este procedimiento puede tener para los magistrados. En este sentido, el juzgado llamó la atención sobre el hecho de que el líder del grupo del PP, Pablo Casado, advirtió de la posibilidad de solicitar la prohibición a los funcionarios que contribuyan a viabilizar la propuesta de la Generalitat, por considerarla manifiestamente contraria a la ley, asumiendo un mal uso de fondos públicos para defender a las personas acusadas de secuestrar dinero público con fines ilícitos, como buscar apoyo internacional para la tu elaboras.