Editorial | Monitorear la inflación



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El mes de agosto termina con un mal dato económico: el IPC (Índice de Precios al Consumidor) alcanzó el 3,3% interanual, el nivel de inflación más alto registrado en España desde octubre de 2012. La mayoría de los expertos coincidieron en atribuir este incremento a el imparable aumento de los precios mayoristas de la electricidad (con una media cercana a los 120 euros el megavatio / hora el mes pasado, frente a poco más de 36 euros un año antes). Un tema que se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del Gobierno al inicio del nuevo rumbo, ante el lógico malestar de la ciudad por la falta de control del precio de un servicio básico y la presión de los agentes socioeconómicos para el Ejecutivo. reaccionar y tomar medidas, a pesar de que el ministro Ribera no encuentra mecanismos viables a la hora de intervenir en el mercado eléctrico mayorista.

Para minimizar la severidad no de la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos (la inflación suele describirse como el «impuesto de los pobres») sino por su impacto macroeconómico, y aclarar que el incremento registrado en los últimos meses es transitorio, se apunta fuera de eso la inflación subyacente (es decir, el aumento de los precios excluidos la energía y los alimentos) solo aumentó en una décima y se mantiene en niveles bajos, 0,7%. Este hecho hace que la mayoría de los países occidentales que se ven afectados por la subida de precios (Alemania o Estados Unidos, por ejemplo, también registran incrementos que no se ven desde hace años), junto a los poderosos bancos centrales, no muestran preocupación. por el aumento de precio.

Sin embargo, el crecimiento registrado durante el año en curso habrá repercusiones en otros sectores de la economía. A la mencionada pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores (que generará un toma y daca, entre empresarios y sindicatos, a la hora de recuperar los salarios erosionados por el aumento del IPC), también podemos agregar un nuevo agujero en las cuentas públicas, si este aumento se compensa con los casi diez millones de jubilados y más de tres millones de funcionarios. En un contexto, como el español, donde el déficit es uno de los más altos de la eurozona y cuando el año se cerrará con una deuda cercana al 120% del PIB.

La mayoría de los economistas asumieron, tras el fuerte descenso de la actividad durante 2020 debido a la pandemia, que se produciría un incremento de los precios (como ocurrió en España y la mayoría de los países de la OCDE) en función de las distintas economías en recuperación, de forma desigual, su constantes de funcionamiento esenciales. Y es cierto que la inflación subyacente (que es lo que miran los bancos centrales antes de tomar decisiones importantes) todavía está bajo control. Pero debemos estar atentos a la posibilidad de que esto deje de ser así y el Banco Central Europeo decide, a medio plazo, que debería aumentar las tasas de interés para que la inflación no se salga de control. Debemos prepararnos para este escenario que limitaría el gasto público ordinario y requeriría reformas estructurales.

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