El 29 de abril, el juez convoca a Antonio Brufau e Isidre Fainé a declarar por espiar a Luis Del Rivero



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Antonio Brufau (izquierda) e Isidro Fainé, en La Moncloa en 2010.
Antonio Brufau (izquierda) e Isidro Fainé, en La Moncloa en 2010.Claudio Alvarez

El juez de la Caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ya ha fijado la fecha para que Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidre Fainé, expresidente de CaixaBank y presidente de La Caixa, declaren al comisario retirado José Manuel Villarejo acusado en 2011 por una presunta comisión de espionaje a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr. El magistrado de la Audiencia Nacional los citó a ambos el 29 de abril a partir de las diez de la mañana. Ante ellos, el instructor escuchará a otros cuatro ejecutivos de ambas empresas, que comparecerán los días 27 y 28.

García-Castellón decidió el miércoles pasado imputar a los seis, luego de que la Fiscalía Anticorrupción los hubiera solicitado por sospecharse de estar al tanto del operativo llevado a cabo por el agente retirado de la Policía Nacional, aún en activo en ese momento. Los investigadores interceptaron documentación de la conspiración que apuntaba al liderazgo de Repsol y Caixabank. Los dos ex agentes de seguridad de la empresa, Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank), también aseguraron al juez que habían informado a sus superiores de la contratación del grupo empresarial Villarejo, conocido como Cenyt.

En esta parte del Caso Villarejo, que acumula una treintena de líneas de investigación, investiga la presunta operación de espionaje lanzada contra Del Rivero a fines de 2011, cuando intentó tomar el control de Repsol con la ayuda de la petrolera mexicana Pemex. Como escribió el juez en un coche, la entonces dirección de la energética española se hizo cargo de la «maniobra» y, con la «ayuda» de CaixaBank, consiguió «paralizarla temporalmente». Para ello, contrataron al comisario retirado, que puso en marcha la operación de espionaje denominada Proyecto Wine y que cobró al menos 413.600 euros, según las facturas y documentación interceptadas.

El trabajo en la trama se llevó a cabo en los últimos meses de 2011 y el primer semestre de 2012 e incluyó el acceso a los datos confidenciales de las víctimas, incluido su tráfico de llamadas y un estudio de sus propiedades. El juez atribuye a Fainé y Brufau un presunto delito de corrupción activa, desmentido por fuentes de ambas empresas. Repsol defendió este jueves que siempre había actuado cumpliendo la ley y que todo se contrataba a través de un área «experta» dentro de la compañía, especializada en materia de seguridad.