El «caso Gürtel», once años de tsunami judicial



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El caso Gurtel once anos de tsunami judicial

La sentencia del Tribunal Supremo sobre Caso Gürtel —1843 páginas de prosa judicial del juez Juan Ramón Berdugo— establece un punto sensacional y separa once años de una de las causas de corrupción con mayor impacto social, político e institucional de la democracia. Con su sentencia, el Alto Tribunal respalda con pocos matices, más técnicos que sustantivos, la investigación y la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama de manipulación de la contratación pública que anidaba en el PP, y de la que el partido se ha beneficiado tanto como algunos de los sus líderes más importantes durante las etapas de José María Aznar y Mariano Rajoy.

El macroresumen de Gürtel, un rompecabezas judicial con otras piezas de gran profundidad, como la de Documentos de Bárcenas, en el recuadro b del partido, en los últimos años ha provocado considerables turbulencias en el poder judicial, con disputas, desplazamientos de magistrados e incluso la expulsión de la carrera judicial del primer investigador del caso, Baltasar Garzón. El temblor generado por este portaaviones judicial aún no ha terminado.

Los magistrados de la Corte Suprema esencialmente ratifican la mayoría de las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en la sentencia de mayo de 2018 y aplican solo leves ajustes, en la mayoría de los casos a la baja, a las penas de prisión por un catálogo de delitos que incluye el cohecho. malversación de fondos, blanqueo de capitales, delitos fiscales y tráfico de influencias. Once de los 29 condenados reciben sentencias de más de doce años de prisión, entre ellos el líder Francisco Correa (51 años y once meses); su lugarteniente, Pablo Crespo (36 años y ocho meses), el ex tesorero del PP Luis Bárcenas (29 años y un mes) y su esposa, Rosalía Iglesias (12 años y once meses).

La reacción del exjefe de Hacienda Popular ante el más que probable ingreso en prisión de su esposa es una de las incógnitas que dejó la sentencia final de ayer. Algunos movimientos de Bárcenas en los últimos años, como la decisión de retirar la acusación contra el PP en el juicio por la destrucción de los discos duros que guardaba en su despacho de la sede nacional del partido, siempre se han explicado como una muestra de buena voluntad. del ex tesorero. Algo como «No voy en tu contra a cambio de que muevas las cuerdas en la Fiscalía y en la Magistratura para evitar la cárcel de Rosalía». Siete años después de que EL PAÍS publicara las 14 páginas de sus relatos paralelos, se ignora el calibre de munición documental que Bárcenas tiene en su poder y el potencial desestabilizador del partido de Pablo Casado, una vez destituidos los dirigentes de la primera. hilera de escenarios Aznar y Rajoy.

La sentencia, que también refrenda las tesis de las fiscales anticorrupción Concepción Nicolás y Concepción Sabadell, mantiene como lucrativos al PP y a la exministra Ana Mato, es decir, cree que se beneficiaron del fruto de los delitos cometidos por los condenados sin conocimiento del origen delictivo fondos y los condena a devolver lo que disfrutaron. El principal reproche que se hace a la sentencia de la Audiencia Nacional es la extensión y profundidad que dedica al análisis de la existencia de un recuadro b dentro del PP, cuando esta contabilidad secreta forma parte de otra pieza del macroresumen pendiente de juicio. en el mismo tribunal nacional. La Corte Suprema no niega la existencia de una financiación tan irregular; Además, señala que funcionó y Bárcenas sacó fondos de él.

Desde que el juez Baltasar Garzón, tras un año de investigación secreta, dio luz verde a la Policía para iniciar la Operación Gürtel el 6 de febrero de 2009, esta trama corrupta ha sido una constante en la política española, y desde hace muchos meses hoy ocupaba el primer piso. La sentencia de la Audiencia Nacional, ahora sustancialmente respaldada por la Corte Suprema, desencadenó la moción de censura que puso fin a la presidencia y carrera política de Mariano Rajoy en junio de 2018.

Uno de los argumentos que utilizó el PSOE para esa censura parlamentaria fue un párrafo de la sentencia en el que se cuestionaba la «credibilidad» de su declaración como testigo en el juicio. El presidente del Juzgado de Primera Instancia, Ángel Hurtado, quien se había opuesto a que Rajoy declarara, se negó a aprobar esta parte de la sentencia, que fue redactada por sus compañeros de la corte, José Ricardo de Prada y Julio de Diego. El 30 de septiembre el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos años, con mayoría conservadora que el PP se niega a renovar, nombró a Hurtado como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo.

El desalojo de Rajoy de La Moncloa fue el mayor choque institucional derivado de la trama de Gürtel. Pero no el único. En febrero de 2012, Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por acoso por intervenir ilegalmente en las comunicaciones de los corruptos con sus abogados.

Su cargo en el Juzgado Central de Educación 5 ha sido asumido, en comisión desde junio de 2010, por Pablo Ruz, un joven magistrado que en febrero de 2013 inició la investigación sobre Documentos de Bárcenas. En su etapa, Ruz ordenó el encarcelamiento del ex tesorero, citó como testigos, entre otros, a los exministros Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, y registró la sede nacional del PP, en vía Genova 13 a. Madrid. A fines de 2014, el sector más conservador del Consejo de la Judicatura quiso sacar a Ruz de la Audiencia Nacional, pero ante la polémica se buscó una solución de compromiso que le permitiera continuar hasta abril de 2015, cuando se incorporó la actual. jefe. , José de la Mata.

La confusión legal que rodeaba a Gürtel se intensificó a medida que se acercaba el juicio. Las acusaciones populares impugnaron y lograron sacar del juicio a los jueces conservadores Concepción Espejel y Enrique López, por su cercanía al PP. La audiencia del Juzgado de lo Penal se dividió de 10 a 8 cuando valoró la aparente falta de imparcialidad en el caso de Espejel, cercano a Dolores de Cospedal. En cuanto a López, no hubo duda: 15 a tres a favor de la destitución. López es ahora ministro de Justicia en el gobierno de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

El elemento básico de la sentencia de la Corte Suprema abre ahora nuevos párrafos judiciales. Lo más inquietante para el PP es la Caso de cocina, sobre el complot de espionaje parapolítico de Luis Bárcenas y su familia para sustraer documentos comprometedores para el partido y en el que se imputa al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Once años después, el tsunami de Gürtel durará.