El «caso Villarejo» entra en un año clave con más de 100 imputados detrás



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Comisario José Manuel Villarejo, en junio de 2017, a la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid).
Comisario José Manuel Villarejo, en junio de 2017, a la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid).ÁLVARO GARCÍA

Él Caso Villarejo afronta un año clave. La Audiencia Nacional ha acelerado los trámites para sentar en el estrado al comisionado retirado José Manuel Villarejo, epicentro de la trama, quien cumple cuatro años de prisión temporal el 5 de noviembre, el máximo que exige la ley para mantenerlo encerrado sin condena en su contra. . El juez Manuel García-Castellón ya ha imputado a tres de las líneas de investigación, mientras continúa con el resto de una macrocausa que suma más de 100 imputados y que reveló lo que sucede en la alta esfera policial, económica, social y política de la nación. .

Las investigaciones, bautizadas oficialmente como Operación Tándem, comenzaron en 2017 con una denuncia anónima recibida por la Fiscalía Anticorrupción. Detrás de ella se encontraba el empresario y abogado Francisco Menéndez, ex colaborador de Villarejo quien estaba siendo investigado por delitos fiscales. Su declaración desató un efecto dominó -reforzado por el enorme material incautado de la trama: como las horas y horas de grabaciones encontradas- que conmovió a las más altas instituciones del estado. Cuando la Audiencia Nacional se prepara para juzgar las primeras líneas de investigación, las miles de páginas del resumen ya permiten sacar varias conclusiones:

Guerra sucia contra la cabra montés. Las instrucciones de Tandem revelan los oscuros intereses y maniobras que han plagado al liderazgo empresarial del país durante años. Ya no son meros sospechosos de ciudadanía por intrigas desarrolladas al más alto nivel, sino que el resumen refleja los reiterados contactos entre las empresas y el círculo de Villarejo para espiar a los rivales o intentar aprovechar los conflictos. Entre las mencionadas, las empresas de primera línea: como BBVA (también imputado como persona jurídica, además de su expresidente, Francisco González), Iberdrola, la constructora San José, Mutua Madrileña, Repsol, Caixabank o Grupo Planeta. Tampoco es el Jet set: Los promotores de desarrollos de lujo de La Finca han sido procesados.

El empresario Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y presunta víctima, ha facilitado al juez algunos detalles sobre la modus operandi de la trama, que presuntamente cobró cientos de miles de euros por su trabajo al margen de la ley, y las pocas lealtades que existían en su mundo. Según él, un colaborador del comisionado retirado, el también comisionado Enrique García Castaño, se acercó a su jefe de Seguridad en 2011 para ponerlo en contacto con Villarejo, quien en una reunión posterior le ofreció sus servicios «para desactivar las maniobras. que se llevaron a cabo. realizado contra Sacyr «. Según Del Rivero, que asegura que rechazó la propuesta, se trató de un intento de «infiltración»: en ese momento, según los investigadores, Repsol y Caixabank ya se habían metido en el complot para atentar contra el empresario rival.

El juego de las dos almohadas no es inusual. En este sentido, fuentes de otra de las empresas que contrataron a Villarejo sospechan que este robó información de sus sistemas luego de darle acceso.

Policías a la fuga. La policía nacional está muy conmovida. El resumen suma cerca de veinte agentes acusados. Entre ellos, Eugenio Pino, jefe operativo del Cuerpo con Mariano Rajoy; así como media docena de comisionados y otros tantos inspectores.

Los investigadores, que llegan a hablar de un complot «parapolítico» en la pieza separada que trata de Kitchen – el dispositivo para espiar al ex tesorero Luis Bárcenas para rasgar documentos comprometedores para altos funcionarios del PP – describen las acciones de la policía más allá fuera de cualquier control judicial, espiando a periodistas, revelando investigaciones secretas, accediendo a bases de datos confidenciales para vender información al mejor postor o otorgando favores mediante la explotación de su posición en el Cuerpo. El comisario Carlos Salamanca, que operaba en el aeropuerto de Barajas, está siendo juzgado, por ejemplo, por supuestamente facilitar la entrada ilegal a España de empresarios de Guinea Ecuatorial a cambio de coches de la marca Porsche, relojes de lujo, Gastos de viaje pagados y entradas en caja al Santiago Bernabéu.

Los agentes también retiraron recursos públicos por sus presuntas actividades ilícitas. De hecho, el juez incluso abrió una línea de investigación centrada en un portátil HP, que no estaba conectado a la red de la Comisaría de Información General y con el número de serie 5CG510NARIC, que los hombres al mando del comisionado García Castaño utilizaron para buscar el información confidencial que solicitó su superior y que posteriormente facilitó a Villarejo.

Falta de control de los fondos reservados. El avance de las investigaciones ha puesto de relieve las «disfunciones e irregularidades» en el control de los fondos reservados, según el juez con un decreto de 21 de diciembre, donde ordena que se investigue este punto. Según explicó Miguel Ángel Bayo, asesor legal del Subdirector de Operaciones Policiales y uno de los responsables de su gestión, las unidades policiales que solicitaron dinero de estos fondos no justificaron su uso, más allá de las «notas generales». Simplemente firmaron un recibo y nadie del Cuerpo ni del Ministerio del Interior les pidió más explicaciones. Esto permitió su desvío hacia operaciones ilegales o «el enriquecimiento personal de los altos mandos policiales», subraya el magistrado.

Derivados políticos. Él Caso Villarejo estalló en la escena política con una fuerza inusual y múltiples tentáculos. La pieza sobre Cocina golpeó duramente al PP, acusado de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; y la solicitud del Ministerio Público de imputar también a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general de los populares. A Caso Dina, el juez de instrucción investigó si Villarejo estuvo detrás del robo de un celular por parte de un concejal de Pablo Iglesias, líder de Podemos, por lo que acabó pidiendo acusación al Tribunal Supremo -aún pendiente de resolución- tras un gran avance. en investigaciones.

Un exsenador del Psoe de Sevilla, Francisco Rodríguez Martín, también está imputado en otra línea de investigación por la cesión de una empresa al complot de Villarejo. Tampoco lo hace el rey emérito Juan Carlos I, señalado en el pasaje abierto (y posteriormente archivado) del audio de su ex amante, Corinna Larsen, donde asegura haber cobrado encargos y utilizado testaferros para esconder una fortuna en Suiza.

Comunicaciones de la «seguridad del estado». Desde su cautiverio en noviembre de 2017, José Manuel Villarejo ha intentado por todos los medios ser liberado. En estos más de tres años, el comisario retirado se ha asegurado de que su estancia en prisión le impide defenderse adecuadamente en los tribunales; sufre graves problemas de salud – «Su vida no corre peligro, asegura», el juez de instrucción vino a regañarlo en respuesta -; e incluso poner sobre la mesa el supuesto riesgo de contraer el coronavirus. Toda una serie de argumentos rechazados por la audiencia, que en reiteradas ocasiones concluye que puede aprovechar sus «conexiones con el exterior» y su importante «capacidad económica» para escapar.

Pocos confían en él. Las comunicaciones en los centros penitenciarios se realizaron en el penal de Estremera (Madrid). Una situación que Villarejo intentó frenar también apelando a las decisiones del juzgado de vigilancia penitenciaria. Pero, una vez más, el tribunal nacional ha tomado medidas enérgicas contra sus ataques. Según consta en auto de la Sala Penal de 30 de septiembre, al que tuvo acceso este diario, la medida se justifica «por razones de seguridad». El comisionado retirado ya ha utilizado las visitas familiares para enviar mensajes al extranjero; de hecho, un artículo separado investiga si, junto con su esposa y otras personas a su alrededor, tramó un complot desde la prisión para vender documentos policiales. secreto -. Los jueces creen que existe la posibilidad de que, aún hoy, pueda «transmitir datos o información que atente contra la seguridad del Estado», así como dar «instrucciones para la realización de acciones delictivas».