El estado ha tenido que pagar a la familia Franco los costos de conservación y obras en el Pazo de Meirs desde 1975



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Viernes 12 de febrero de 2021-13: 10

La Audiencia Provincial de A Corúa confirma que el edificio y sus terrenos son propiedad del Estado, pero debe indemnizar a los herederos por todo el dinero invertido en él

El pazo de Meirs, en la localidad corsa de Sada.

El pazo de Meirs, en la localidad corsa de Sada.

ROSA GONZLEZ

los Estado tienes que pagar el Familia franco sus gastos para el mantenimiento y conservación del Pazo de Meirs desde la muerte del dictador en 1975. Esto ha sido acordado Audiencia Provincial de A Corua en una resolución emitida este viernes según la cual se confirma que el edificio y su terreno son de propiedad estatal, pero deben compensar a los herederos por todo el dinero invertido desde entonces en lo que había sido la residencia de verano del Cabo durante la dictadura del estado y luego quedó en manos de la familia.

Esta resolución de Tercera sección de la audiencia corsa responde al recurso de casación interpuesto por la familia Franco contra la sentencia de Juzgado de primera instancia número 1 de A Corua el pasado mes de septiembre, en el que los herederos se vieron obligados a entregar la propiedad al Estado.

Ahora, los magistrados de la Audiencia Provincial confirman esa sentencia en relación a la propiedad estatal del pazo, pero la aclaran en otros asuntos como el relativo a gastos. Por tanto, revocan parcialmente la sentencia de primera instancia y reconocen el derecho de los seis nietos de Franco a ser indemnizados por los gastos necesarios incurridos para la preservación del inmueble, petición de la familia que les negó la sentencia original.

La sentencia judicial constata probado que los herederos han realizado «múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento» y que, tras el incendio que arrasó parcialmente el inmueble en 1978, realizaron «más reparaciones». En este sentido, ven «obvio» que si el Pazo de Meirs hubiera estado abandonado durante 45 años «su estado actual sería ruinoso».

La abogada estatal, Consuelo Castro Rey (d) entrega las llaves del Pazo de Meirs a la Subsecretaria de Hacienda, Mara del Pilar Paneque Sosa en diciembre
La abogada estatal, Consuelo Castro Rey (d) entrega las llaves del Pazo de Meirs a la Subsecretaria de Hacienda, Mara del Pilar Paneque Sosa en diciembreROSA GONZLEZ

Ejecución de la sentencia

El monto que el Estado deberá pagar a la familia por estos gastos durante las últimas cuatro décadas se definirá en la fase de ejecución de la sentencia. El juez de primera instancia, Marta Canales, argumentó en su sentencia que no hubo reembolso de gastos porque el inmueble había sido incorporado «de mala fe» al patrimonio de la familia Franco. Sin embargo, el tribunal provincial cambia su decisión y concluye que no hay evidencia de que los herederos supieran que el título del abuelo era inválido.

Por tanto, la Audiencia Provincial considera que para estos herederos el inicio de su propiedad es una inscripción en el Registro de la Propiedad de Betanzos en 1941 de una escritura de compraventa otorgada ante notario, en la que el abuelo compra a la nuera de Emilia Pardo Bazn el pazo. Finca que en 1976 fue cedida a la abuela, luego pasó a ser propiedad de la madre y, ahora, de ellas.

El fallo señala que se trata de una cadena de transmisiones aparentemente impecable, por lo que no ve mala fe y «no ve por qué deben tener conocimiento de una supuesta irregularidad en su adquisición».

Una de las habitaciones del Pazo.
Una de las habitaciones del Pazo.XUNTA

«Un regalo personal»

También insiste en que tras la muerte de Franco en 1975, «han utilizado el pazo durante más de cuatro décadas de forma pública, pacífica, ininterrumpida y propietaria» y que la propia administración los ha tratado hasta ahora «como tales propietarios». Han sido atendidos hasta ahora por la misma Administración, que hasta ahora no había reclamado la propiedad del inmueble, que pasa a ser de dominio público tras una demanda interpuesta por la Abogado del Estado a la que se ha añadido Xunta de Galicia, la Diputación Foral de Coruesa y los municipios de Sada y A Corua.

El fallo confirma que la adquisición de 1941 que consideran válida no lo es. Lo declaran inválido y creen que se trató de una «simulación absoluta» para dar apariencia de legalidad a una donación realizada en 1938 por Recomiendo Pro Pazo del Caudillo en un pergamino no era un título inteligente reconocer la transmisión. El tribunal declara que esta donación no existe desde el punto de vista legal.

En cualquier caso, los magistrados aclaran que «aunque se dé por sentada la mala fe posesoria en Francisco Franco, no necesariamente se transmite a sus herederos». En este punto, la audiencia también enmienda al juez de primera instancia por considerar que la intención final de la Junta Pro Pazo del Caudillo era donar el Torres Meirs a la persona de Francisco Franco, no al Jefe de Estado, ni al Estado ”, como afirmaba la familia, pero negaba el Estado y el resto de administraciones.

El fallo considera que el Pazo fue «un regalo personal al general que ganó la guerra y cuyos promotores pretenden ganar favores», pero advierte que esta intención «nunca se hizo efectiva» legalmente debido a la forma en que se entregó., Ya que un público la escritura nunca ha sido otorgada. «La intención era darle a la persona, pero nunca se le dio a nadie», concluyen.

La audiencia refleja en la resolución sus dudas sobre quién ejerció de 1940 a 1974 como propietario del pazo de Meirs, tanto del Estado como de Franco a título personal. En todo caso, concluye que el terreno aledaño al edificio es ocupado desde el primer momento por el aparato estatal, «demostrando su capacidad de ejercer la fuerza sobre la ciudadanía» y que hasta 1975 corría por cuenta de todos los gastos relacionados con la propiedad, Obras de mejora y mantenimiento. Desde 1975 hasta la actualidad, según la sentencia, los herederos han asumido estos gastos.

Esta sentencia aún no es firme y podrá interponerse recurso de casación o recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal de Casación. Alternativamente, e incompatible con los recursos anteriores, si se considera que la sentencia viola el derecho civil gallego, puede ser impugnada en casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

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