El fin del estado de alarma aviva el enfrentamiento político por el marco legal



El periódico digital de Alicantur Noticias

No hay tregua. El estado de alarma ha sido motivo de indignación política desde el inicio de la pandemia, pero ahora, una vez finalizada, ha vuelto el enfrentamiento por el marco legal para hacer frente al virus. El lunes, el PP lanzó un llamado «desesperado» al gobierno, en palabras de Pablo Casado, para reformar la ley y permitir restricciones a la movilidad. El líder del PP culpa a Pedro Sánchez de la multitud en las calles e incluso lo acusa de permitir la muerte. En cambio, el presidente defiende que las comunidades autónomas tienen «herramientas legales suficientes» contra la enfermedad.

La multitud en las calles de varias ciudades españolas este fin de semana tras el final del estado de alarma ha reavivado la ira política por el marco legal para hacer frente a la pandemia, que 14 meses después de la llegada del virus a España sigue siendo objeto de batalla. El PP, que se opone a la ampliación del estado de alarma desde mayo del año pasado, pide al Gobierno que apruebe una reforma legislativa para cubrir las restricciones que ahora están decretando las comunidades autónomas y que varios tribunales superiores de justicia han retrocedido ( mientras que otros los aprobaron). El Ejecutivo, por su parte, apuesta a esperar a que la Corte Suprema se pronuncie sobre las restricciones a las comunidades y argumenta que las autonomías ya tienen herramientas para vender.

El fin del estado de alarma aviva el enfrentamiento politico

En video, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Atenas (Grecia), argumenta que las autonomías cuentan con herramientas legales para hacer frente a la pandemia.FOTO: FERNANDO CALVO (PISCINA / MONCLOA) | VIDEO: EPV

El estado de alarma se desvaneció el pasado sábado y desde entonces los jueces ya han resuelto, con criterios contradictorios, cuatro solicitudes de gobiernos regionales para implementar medidas restrictivas de derechos fundamentales -como toques de queda, cierre perimetral de la comunidad o limitación de tertulias sociales- para luchar contra el virus. Los tribunales superiores de la Comunidad Valenciana y Baleares han aprobado estas restricciones, mientras que los del País Vasco y Canarias las han rechazado. Galicia y Navarra han solicitado medidas similares y están a la espera de la decisión de sus tribunales superiores. La decisión final la tomará la Corte Suprema la próxima semana, luego de que el gobierno haya activado un mecanismo para que el tribunal superior decida rápidamente en caso de dudas de las comunidades.

A medida que llega esa decisión, la tensión política se ha disparado. El Ejecutivo lleva meses defendiendo que no es necesaria una reforma legislativa una vez finalizado el estado de alarma porque la ley ya permite restricciones, que en esta nueva etapa deberían ser más permisivas, teniendo en cuenta que a finales de mayo se prevé que el mayor riesgo poblacional: los mayores de 60 años están vacunados, lo que representa el 95% de la mortalidad. Sin embargo, las imágenes de este fin de semana de jóvenes bebiendo en las calles de Madrid han disparado las alarmas, porque aún quedan semanas para alcanzar esa meta de vacunación y, además, los criterios de los juzgados son contradictorios.

Ministerio de Justicia

En este contexto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió este lunes en una plataforma publicada en Alicantur que, si bien entiende que los gobiernos autonómicos cuentan con herramientas suficientes, el Ejecutivo reformará la ley si el Tribunal Supremo veta los decretos de algunos. autonomías. Luego de la conmoción -el portavoz del PNV, Aitor Esteban, admitió que estaba «atónito» – Campo matizó esas palabras sobre La Sexta. El ministro dijo que «no tiene problema» para «revisar todo», pero destacó: «Por el momento no hay necesidad y, por lo tanto, el gobierno no está considerando un cambio regulatorio ahora». El presidente, Pedro Sánchez, insistió en el mismo mensaje desde Atenas. En otras palabras, el Ejecutivo está deliberando por el momento una reforma de la ley.

Pero el PP, que creció incluso tras la victoria en las elecciones de Madrid, no desaprovechó la oportunidad de culpar al Gobierno del caos legal tras las decisiones de las comunidades. Casado incluso acusó a Sánchez de provocar infecciones y muertes. «El único responsable es Pedro Sánchez, porque no quiso aprobar una ley sobre la pandemia como llevábamos un año pidiendo», subrayó en un acto del PP europeo en Madrid. «La absoluta irresponsabilidad del gobierno español cuesta vidas», añadió. «Si hay más contagios y hay una cuarta o quinta oleada», insistió Casado, «Sánchez es el responsable, porque le ofrecí plazas para cambiar la ley». Los defensores populares que en 15 días se podría aprobar la reforma legislativa que registraron en el Congreso que permitiría la adopción de restricciones sin aval judicial, con excepción del toque de queda, que no contemplan.

El Tribunal Supremo está a la espera de recibir el recurso de casación del Gobierno de Canarias contra el veto del Tribunal Superior de Justicia para mantener el toque de queda levantado por la Comunidad. El ejecutivo de Ángel Víctor Torres ha anunciado que apelará la decisión, por lo que se espera que este caso sea el primero en ser analizado por el alto tribunal tras la entrada en vigor del real decreto del gobierno, que da al Tribunal Supremo la última palabra. palabra sobre las restricciones a los derechos fundamentales que las comunidades pueden adoptar sin un estado de alarma.

La decisión que tome la Corte Suprema marcará el camino para las medidas que pueden tomar las comunidades, que lo que se estudiará es el caso específico de esa comunidad, tomando en cuenta no solo la restricción que surge, sino la motivación que apoya al ejecutivo regional. , por lo que será necesario estudiar qué decisiones se extrapolan al resto de las comunidades y cuáles no. La Fiscalía también está estudiando la normativa estatal para establecer pautas de actuación. La procuradora general, Dolores Delgado, se reunió este lunes con fiscales especializados del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo y Constitucional para analizar la situación tras el fin del estado de alarma. Las fuentes consultadas señalan que se trata de un tema «complejo», tanto desde el punto de vista procesal como sustantivo, y lo que se busca es coordinar la actuación del fiscal. Del encuentro, según las fuentes consultadas, se desprende claramente que la Fiscalía no rechaza de entrada que las leyes ordinarias puedan limitar derechos fundamentales, sino que el criterio es estudiar cada caso. Este es también el mensaje que Delgado pretende trasmitir este martes a los fiscales superiores, a quienes ha convocado en una reunión para analizar la situación. De esa reunión no surgirá un único criterio de actuación para los fiscales regionales.