El Gobierno aparca la anunciada reforma del delito de sedición



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El Gobierno aparca la anunciada reforma del delito de sedicion

El Gobierno ha aparcado, al menos durante los próximos cuatro meses, la reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, en la que el Ministerio de Justicia, en la época de Juan Carlos Campo, había trabajado durante meses, y que paralelamente a la concesión, a finales de junio pasado, del indulto de los independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo. «Entendemos que en estos cuatro meses no era una prioridad atender esta modificación del código penal», dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El caudillo del ejecutivo de Pedro Sánchez dijo que en este momento la prioridad del gobierno es la recuperación económica y social, y no ha fijado una fecha para una posible reforma de este delito, el más grave de los contemplados contra el orden público. «Ya veremos», se limitó a señalar Bolaños. En el último trimestre del año, el gobierno planea aprobar 144 regulaciones, incluidas nuevas leyes de vivienda y ciencia, y reforma laboral.

La reforma del delito de sedición, con la reducción de la mitad de las penas de 15 a ocho años de prisión, fue una de las vías propuestas para facilitar la liberación de los líderes independentistas catalanes, condenados por este delito por el Tribunal Supremo en octubre de 2019. Si esta reforma hubiera tenido éxito, el Tribunal Supremo se habría visto obligado a calcular las penas que se les han impuesto y que, en el caso de Oriol Junqueras, han llegado a los 13 años de prisión. Una vez que Junqueras y sus compañeros de Gobierno que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y los dirigentes de la ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, fueron indultados y liberados por el Gobierno el pasado mes de junio por motivos de «utilidad pública», la reforma de la El código penal ha perdido su urgencia.

El posible desgaste político para el Gobierno tras el indulto a los dirigentes del juicio -concedido con denuncias contra la Fiscalía y el propio Tribunal de Casación- fue menor de lo esperado y, en todo caso, quedó atrás. Repensar la reforma de la sedición criminal podría aumentar el costo político. Tras las gracias, el presidente del gobierno ha remodelado profundamente su gabinete y en el Ministerio de Justicia cambió a Juan Carlos Campo por la también magistrada Pilar Llop.

Durante su mandato al frente del ministerio, Campo defendió en numerosas ocasiones la necesidad de reformar el delito de sedición. Según él, era una forma de adaptar el código penal español al derecho penal europeo. Además de Campo, en ese operativo participaron Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera, y Félix Bolaños, exsecretario general de la Presidencia.