El Gobierno entrega las cárceles vascas de Urkullu y las víctimas se ponen en alerta máxima



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El acuerdo ya está firmado y sellado. La Gobierno vasco empezará a comprobar a partir de este lunes el tres cárceles encontrado en país Vasco. Una competencia que se refleja en el Estado de Guernica pero que, hasta la fecha, no había sido cedida. Ningún gobierno democrático había dependido de un gobierno regional históricamente controlado por el PNV para administrar las cárceles que incluyen prisioneros de EDAD adentro.

Técnicos de los gobiernos central y vasco llevaban casi año y medio negociando cómo se llevaría a cabo este traspaso y qué implicaciones tendría. La fecha inicial para la firma de este traspaso de responsabilidad fue en 2020, pero el La pandemia de coronavirus obligó a detener y retrasar las negociaciones, hasta dos veces – la segunda fecha del formulario fue el pasado mes de marzo -, la firma necesaria.

A partir de este momento se abre un período de transición en el que los gobiernos central y vasco trabajarán de forma coordinada en la gestión de los tres centros penitenciarios -hay uno en cada provincia vasca- y el casi mil prisioneros, hasta el siguiente 1 de octubre el gobierno vasco toma el control efectivo de las cárceles. A partir de ese día, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu tomará todas las decisiones.

Una nueva gestión que afectará de lleno a la cuarentena de los terroristas de ETA que actualmente cumplen sus penas de prisión en el País Vasco, según datos de Etxerat, la instalación de Batasuna que apoya a los presos de bandas terroristas, y ATA, la escisión que apoyó el tiroteo en el nuevo, secuestros y atentados con coche bomba. Además de los que están a punto de llegar en los habituales traslados que el Gobierno de Pedro sanchez.

De esta cuarentena una docena ya están en régimen abierto. Es decir, solo van a la cárcel a dormir de lunes a jueves. El resto del tiempo y las noches trabajan o buscan trabajo fuera de la prisión, o llevan una vida normal en la calle o en sus respectivos hogares. Entre estos hay una excepción, la etarra Olatz Lasagabaster, ya que no hay formulario para madres en la prisión de Martutene, vive directamente en casa, revisada con brazalete telemático, por lo que sale de casa solo entre las 8:00 am y a las 20:00.

El resto de presos de ETA en los centros penitenciarios vascos se distribuyen de la siguiente manera: 16 en el penal de Zaballa (Álava), 7 en el penal de Basauri (Vizcaya) y 7 en el penal de Martutene (Guipúzcoa).

Otros dos miembros de ETA tienen diferentes pasantías. Kepa Arronategui, que tenía previsto atacar al rey Juan Carlos I en el Museo Guggenheim de Bilbao, es admitido en la ala psiquiátrica del centro hospitalario Aita Menni de Guipúzcoa. El último de estos miembros de ETA, Ibón Iparraguirre, se encuentra en Vitoria, en Centro Besarkada Etxea, destinado a personas con VIH avanzado que no cuentan con apoyo familiar.

Víctimas de ETA en alerta

El colectivo de víctimas del terrorismo (COVITE) advirtió que «supervisará estrictamente«La gestión que lleva a cabo el Gobierno vasco de la competencia de prisiones una vez que el ejecutivo de Urkullu tenga autoridad sobre ella a partir del próximo mes de octubre, con el objetivo de comprobarlo»se respeta la ley con los presos de ETA que están cumpliendo penas en las cárceles vascas ”, en palabras de Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.

«Desde COVITE lo seguiremos de cerca no abra las puertas de la prisión cuando no se toquen«, condenó Consuelo Ordóñez, quien anunció que había solicitado mediante carta una reunión con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, «para acordar un protocolo de comunicación directa y ser informado de las decisiones tomadas en relación con la ‘ETA realizado con total transparencia «.

El miedo de las víctimas es provocado por las continuas declaraciones de los miembros del Ejecutivo de Vitoria en las que aseguran se supone que la prisión es solo un evento excepcional en su nuevo modelo de gestión penitenciaria. Creen que la prisión es un «opción extrema«cuando» no hay otra alternativa «y que el objetivo de su plan es que el 40 por ciento de los presos puedan cumplir sus condenas en régimen abierto, cifra considerablemente superior al 28 por ciento que se da en todo el territorio nacional.

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