El gobierno guarda su plan de cobrar por el uso de las autopistas de Bruselas



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El gobierno guarda su plan de cobrar por el uso

La idea de pagar un peaje se reinicia en las autopistas españolas. El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a implantar un sistema de pago en la red de carreteras de alta capacidad (autopistas y carreteras estatales) para financiar su mantenimiento, que cuesta 1.200 millones de euros anuales. Los ingresos de las concesiones de áreas de servicio en esas autopistas también se utilizarán para este fin. El plan de recuperación presentado por el presidente Sánchez incluye esta propuesta para paliar el déficit en la conservación de la red estatal, de aproximadamente 10.000 millones, según la patronal Seopan. El Ministerio de Transportes está evaluando esta iniciativa a medio plazo, y siempre buscando consensos y una forma en la que los transportistas no se hagan cargo.

“Se revisará la financiación de carreteras de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red vial estatal”, reza el plan que el Ejecutivo enviará a Bruselas en los próximos días para justificar el desembolso en los próximos días tres años de ayudas europeas no reembolsables por un valor aproximado de 70.000 millones.

El proyecto no es nuevo, pero es la primera vez que el gobierno de Pedro Sánchez lo refleja en un documento oficial. El consejero de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya había advertido en varias intervenciones de la necesidad de encontrar un mecanismo para financiar la conservación de la red estatal de autopistas y autopistas que a medio plazo sustituya la universal gratuita por la de pago. sobre la marcha, al igual que en el transporte aéreo y ferroviario.

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El plan es que solo los automovilistas en tránsito, tanto turistas extranjeros como viajeros nacionales, paguen por el uso de las carreteras a una tarifa muy baja en comparación con los peajes de las autopistas. Y excluirá a los camioneros, autobuses y particulares que utilicen la carretera para ir al trabajo. Estamos buscando las herramientas para que no afecten a los transportistas ”, explican las fuentes de Transportes. Una de las desventajas es que esta diferencia de trato podría entrar en conflicto con las normas comunitarias. De momento el proyecto no ha visto la luz. Tampoco se creó en el Congreso el subcomité que Ábalos anunció hace dos años para abordar el tema.

El plan de rehabilitación establece explícitamente que «es necesario desarrollar un sistema de pago por uso para la red de carreteras de alta capacidad que cubra los costos de mantenimiento e integre las externalidades negativas del transporte por carretera, como ocurre en otras infraestructuras». de intención, no se proporcionan detalles, ni sobre las condiciones ni sobre los términos de su implementación.

En cualquier caso, la medida no se aplicará de forma inmediata, ni en 2021 ni en 2022, y se requerirá el consentimiento del sector del transporte, tanto de carga como de pasajeros, según fuentes del Ministerio de Transportes.

La vuelta al estado de las autopistas cuyos contratos de concesión expiraron entre 2018 y 2021 – Europistas (AP-1), Aumar (AP-7 y AP-4), Acesa (AP-7, AP-2 y B-23) y Invicat (C-31, C-32 y C-33) – agravó el problema, aumentando los costos de mantenimiento que hasta ahora corrían a cargo de los concesionarios privados.

La patronal de las grandes constructoras, Seopan, que apoya el plan, ha fijado un peaje de 0,03 euros por kilómetro para los vehículos ligeros y de 0,14 euros para los vehículos pesados.

El Ministerio de Transportes ya ha propuesto un nuevo modelo para la conservación de las carreteras de la red estatal, según informaron a EL PAÍS fuentes de la Administración. Este régimen ofrece la posibilidad de incluir tres tipos de prestaciones en un mismo contrato con un concesionario: ayudas al mantenimiento ordinario de autopistas, explotación de áreas de servicio e inclusión de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la red viaria. Es decir, la empresa que cuida el área de servicio y sus beneficios ayudaría a pagar el mantenimiento con el alquiler que paga y se ocuparía de mantener su sección y pequeñas mejoras.

La principal novedad de este plan es que los gastos e ingresos del contrato están expresamente separados. Por un lado, se establece el presupuesto de los gastos en que incurre el estado. Estos son los costos de conservación y explotación y obras menores. En cambio, se especifica el ingreso: la tarifa a pagar como contraprestación por el derecho a utilizar las áreas de servicio y otros servicios públicos. Estos ingresos, en lugar de regresar a Hacienda como antes, irán directamente al presupuesto de mantenimiento de carreteras, informan las mismas fuentes. De esta manera, ayudarán a pagar trabajos más grandes para prolongar la vida útil de las carreteras.

Los contratos que el Consejo de Ministros autorizó el 30 de marzo para los tramos de las autopistas AP-2 y AP-7, cuyos peajes se liberarán en septiembre, tienen una duración inicial de dos años con posibilidad de prórroga de tres. Se esperan unos ingresos mínimos con áreas de servicio de 25 millones de euros en estos dos primeros años, aunque esta cifra aumentará una vez que los licitadores presenten sus ofertas. Y algunos gastos en ese mismo período de 137 millones que paga el estado, aunque ese monto disminuirá por el suministro y porque ahora se incluye el costo de eliminar el peaje de infraestructura.

El desmantelamiento de estas estructuras representa el 26% de los 137 millones, unos 35 millones. Este importe no se verá reflejado en los contratos posteriores de estos intermediarios, ya que las obras ya se han realizado.

Telefonía 5G en las principales rutas de transporte

Uno de los ejes principales del plan de recuperación del Gobierno es la conexión con la telefonía móvil 5G de nueva generación. El programa tiene como objetivo acelerar el despliegue de redes y poner los servicios 5G a disposición inmediata de todos los actores socioeconómicos del país, «consolidando la posición de España como uno de los países líderes en distribución 5G».

El plan contempla diversas medidas a tal efecto, tanto de carácter regulatorio (mediante la realización de un ajuste de espectro y asegurando la ciberseguridad), como inversiones para apoyar la difusión de esta tecnología, en los corredores de transporte o en las principales autopistas nacionales y transfronterizas. y ferrocarriles.

Entre las metas marcadas en esta área, se espera que, para el 2025, el 75% de la población tenga cobertura 5G. Asimismo, el plan indica que se debe completar la implementación de conectividad de alta velocidad (100 Mbps) en todo el país.