El Gobierno lleva a audiencia pública el proyecto de reforma de la Ley Concursal



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La vicepresidenta Nadia Calviño durante una sesión del Congreso el 17 de diciembre de 2020.
La vicepresidenta Nadia Calviño durante una sesión del Congreso el 17 de diciembre de 2020.EUROPA PRESS / E. Tornillo. PISCINA / Prensa Europa

El Gobierno ha aprobado en audiencia pública el proyecto de ley de reforma de la Ley Concursal, con el que pretende facilitar la reestructuración de empresas vitales y mejorar los procedimientos concursales. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Transformación Digital, prevé la transposición de la directiva europea en la materia e introduce otras reformas en materia concursal. Entre las novedades destaca la posibilidad de exoneración sin previa liquidación del patrimonio del deudor.

Este cambio es una de las reformas comprometidas en Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo principal es garantizar que las empresas viables y los empresarios que enfrentan dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento de reestructuración preventiva eficaz que les permita continuar con su actividad. En otras palabras, evitar la caída de empresas que son rentables debido a un sistema complejo y costoso.

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Por ejemplo, la nueva norma establece que los empresarios insolventes pueden disfrutar de la exención de sus deudas, tras un plazo «razonable», favoreciendo la segunda oportunidad y mejorando la eficacia del procedimiento concursal para reducir su duración. En este sentido, las microempresas contarán con un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características.

Los planes de reestructuración, que sustituyen a los actuales acuerdos de refinanciación, son uno de los elementos centrales de la Directiva concursal y de la reforma de la Ley concursal. Se trata de una herramienta preconcursal, para empresas en dificultades financieras, que favorece la reestructuración en una etapa anterior a la actual, cuando existen indicios de probabilidad de insolvencia, frente a la inminencia que se requiere en este momento. El mecanismo permite eliminar las clases de acreedores disidentes (los que no votan a favor del plan), incluyendo también las correspondientes garantías para los acreedores.

Trabajadores autónomos y microempresas

Para los autónomos y las microempresas con menos de 10 asalariados, también se contempla un nuevo procedimiento concursal, más rápido, digitalizado y de muy bajo coste, que ofrece dos caminos posibles. Luego de un período de negociación con los acreedores de hasta tres meses, debes optar por un plan de continuación rápido y flexible si existe la posibilidad de un acuerdo o, en su defecto, de una liquidación ordenada pero rápida a través de una plataforma. en línea. Este procedimiento solo se utilizará para liquidar empresas insolventes.

También se reforma el procedimiento de segunda oportunidad para trabajadores naturales y autónomos en situación de quiebra, con el objetivo de animar a los beneficiarios a continuar su actividad y permitir una segunda oportunidad realmente eficaz. Y se introducen medidas complementarias a las previstas por la directiva, entre ellas la posibilidad de exención sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pago a los acreedores, permitiendo al deudor, en determinadas condiciones, mantener su residencia habitual y, en su caso, autónomo, continúe su actividad.

El plan de pago tendrá una duración máxima de tres años, que se ampliará a cinco en caso de no enajenación de la residencia habitual del deudor. Asimismo, se amplía la lista de deudas descargadas y se eliminan o relajan algunas restricciones para acceder a las exenciones.

Procedimiento más rápido

Entre las medidas para agilizar el procedimiento concursal y reducir su duración, existen incentivos en la retribución del fiduciario concursal condicionados a la rapidez y agilidad del trámite, y sanciones si la gestión no es eficiente, que se producirá si el procedimiento dura más de 12 meses por causas que le sean imputables.

Además, la reforma prevé que los asuntos relativos a las condiciones generales de contratación y protección del consumidor y determinados litigios relacionados con el transporte (retrasos de vuelos, equipajes) pasen de los juzgados de lo mercantil a los de primera instancia. De esta forma se trata de descargar la obra a estos juzgados.

El anteproyecto inició el trámite por él con el Colegio Profesional de Administradores Concursales (Aspac), por considerarlo «insuficiente» y «sólo garantizará el colapso del sistema judicial» que, en la actualidad, resuelve el procedimiento concursal en un promedio de 60 meses. Sobre todo, la organización rechaza el nuevo procedimiento especial para microempresas, que sería el principal motivo que llevaría al colapso del sistema. “La reforma no será efectiva si no existe un marco regulatorio que dé seguridad jurídica a los profesionales de la administración concursal en cuanto al acceso a la profesión, sus funciones y su retribución”, argumentan.