El gobierno pospondrá la subida de impuestos si se retrasa la recuperación económica



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El gobierno se ha comprometido con Bruselas a llevar a cabo una ambiciosa reforma fiscal en esta legislatura. Pero insiste en que esto se pospondrá si se retrasa la mejora económica. «Si la recuperación se ralentizara, hablaríamos con Bruselas para revisar el programa», dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa donde presentó la hoja de ruta fiscal incluida en el Plan. Recuperación, transformación y resiliencia enviada a autoridades comunitarias. El Ejecutivo espera que la mayoría de los cambios tributarios que prevé se implementen a partir de 2023, una vez que el PIB haya recuperado su nivel anterior a la crisis y cuando se conozcan las conclusiones del comité de expertos a cargo de planificar una reforma tributaria integral, cuyos resultados serán conocido en febrero de 2022.

El plan de recuperación enviado al Ejecutivo Comunitario incluye una amplia gama de medidas fiscales, cuyo impacto económico no se concreta, pero cuyo objetivo final es reducir la brecha de renta sobre el PIB que separa a España de la media europea en siete puntos (39% del PIB, frente al 46% de la eurozona). Además, Montero no ha dejado claro en qué medida pretende incrementar el peso de la colección. “Será una reducción gradual de brecha, pero no hay compromiso de comparecer, ni la UE lo ha solicitado ”, dijo. Y añadió que España «no puede ir a Europa a pedir 140.000 millones», el dinero que corresponde al fondo de recuperación comunitario, sin emprender reformas ni querer bajar los impuestos: «Estamos comprometidos a tener ingresos públicos suficientes para tener un estado de bienestar». . fuerte».

Lo que explicó es que el gobierno ha designado 2023 como el año de implementación de la reforma tributaria solo porque se espera que la recuperación se estabilice. «Si no llegamos a la hora señalada, todo el calendario también cambia», dijo. El Ejecutivo espera que la economía crezca un 6,5% este año, un avance menor a su previsión anterior, debido a un inicio de año menos vigoroso de lo esperado. Se estima que para el 2022 el salto será del 7%.

Revise los tipos de IVA reducidos

Los tres componentes que el ministro explicó este lunes -como se denominan las 30 reformas que componen el plan de recuperación- se refieren a cambios en el sistema tributario, la revisión del gasto público y la lucha contra el fraude. El primer bloque destaca la revisión de la fiscalidad medioambiental, en la que España se sitúa por debajo de la media de la UE, así como los cambios en el impuesto de sociedades (para que las empresas paguen un mínimo del 15%), a las cifras que gravan la riqueza -mediante la armonización entre comunidades -, el análisis de los nuevos impuestos sobre la economía digital y una revisión de las exenciones fiscales, que ha sido durante mucho tiempo el foco de atención de la UE y el tema de estudio de la comisión de expertos.

Sobre este punto, el ministro aseguró que en este momento no existe un «orden de prioridad», pero que se revisarán todas las ventajas fiscales -13 de las cuales ya han sido revisadas por la Agencia Tributaria-, incluidas las tasas reducidas de IVA (10 %) y superreducido (4%). «En este momento no nos hemos decidido y nosotros como gobierno estamos más a favor de los impuestos indirectos. Ahora, si Europa insiste en que hay un uso abusivo y el grupo de expertos lo señala, lo escucharemos», dijo.

Sobre el tema de la fiscalidad verde, el Ejecutivo prevé en el plan de recuperación una revisión de la fiscalidad del transporte aéreo, la equiparación del gasoil a la gasolina, una provisión ya incluida en el Presupuesto para 2021 que finalmente está en declive, y que la comisión ahora está analizando a expertos―, la revisión de los impuestos que gravan la matriculación y uso de vehículos, así como los nuevos impuestos a los plásticos y residuos de un solo uso, ya en marcha. Montero indicó este lunes que estas medidas no serán suficientes para cerrar la brecha de recaudación de siete décimas que separa a España de la media de la eurozona, pero al mismo tiempo aseguró que por el momento no hay compromiso con Bruselas en medidas concretas. También sugirió que se podrían hacer algunos cambios antes de 2023, si el grupo de expertos así lo aconseja, pero que no necesariamente tienen que ser aumentos de impuestos. «También puede ser un incentivo», enfatizó.

El plan de recuperación también incluye medidas en el impuesto de sociedades para asegurar un tipo impositivo mínimo del 15% -como prevé el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidos Podemos-, es decir, la armonización de los datos que gravan el patrimonio – herencias y herencias y donaciones, cedidos a comunidades – «entre los diferentes territorios para asegurar un nivel mínimo y coordinado de tributación, evitando una competencia fiscal nociva». En este contexto, el ministro indicó que se aguardarán las recomendaciones de la comisión. Y agregó que no existen cambios importantes en el IRPF, el patrimonio y el IVA distintos de los ya aprobados en los estados financieros de 2021 hasta que se conozcan sus conclusiones.

Gasto público

El Gobierno también se ha comprometido en Bruselas a profundizar en la evaluación del gasto público a través del fortalecimiento de la Autoridad Tributaria (Airef), que contará con una división permanente dedicada a la revisión del gasto. (Revisión de los gastos) y pedidos hasta 2026, que incluyen revisiones de nuevas ventajas fiscales, además de los 13 ya analizados.

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El documento enviado a Bruselas promete extender el horizonte temporal de las fases de análisis del gasto de Airef a cinco años, para separarlo del ciclo político, y también indica que se creará una «estructura permanente» en el Ministerio de Hacienda a cargo de haciendo un «seguimiento activo» de los resultados del organismo. El objetivo es «establecer en España un proceso sistemático, estructural y periódico de evaluación del gasto» y aumentar su calidad, «mejorando su composición y reorientando su uso».

En cuanto a la lucha contra el fraude, el Gobierno promete reforzar la Agencia Tributaria, con una inversión de 532 millones entre 2021 y 2024 que no correrá con fondos europeos. Este componente prevé, entre otras cosas, la aprobación de la ley contra el fraude fiscal, bloqueada en el Congreso desde octubre, la modernización de la agencia y el aumento de su plantilla en unas 3.000 para el 2023.