El Gobierno y la Junta de Andalucía sellan la paz sobre el decreto de simplificación administrativa



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El Gobierno y la Junta de Andalucia sellan la paz

Los gobiernos central y andaluz han firmado la paz sobre el decreto de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, el mayor compromiso legislativo del Ejecutivo de la coalición PP y Ciudadanos, que modifica o deroga 21 leyes y seis decretos con el objetivo de eliminar o simplificar cien trámites burocráticos para activar la economía.

Ambos ejecutivos informaron este martes del acuerdo alcanzado en la comisión bilateral Consejo-Estado, con el que Moncloa retirará el recurso presentado al Tribunal Constitucional sobre dos aspectos del Derecho andaluz: la Ley Autonómica del Audiovisual y las intervenciones en los colectivos declarados buenos. de Interés Cultural (BIC) o su entorno. El gobierno de Pedro Sánchez apeló ante la Audiencia Nacional en abril, lo que resultó en la suspensión automática de los artículos solicitados. En septiembre pasado, la Corte Constitucional levantó la suspensión, al considerar que el abogado estatal no había aportado argumentos consistentes.

El Decreto Ley 2/2020 introdujo cambios en la ley audiovisual andaluza que permitían a las empresas privadas gestionar las emisoras de televisión y radio de los ayuntamientos. También levantó la prohibición de transmitir publicidad institucional en estaciones de radio. piratas, que supuso de hecho su legalización. Esta decisión fue denunciada por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y por asociaciones de prensa, organizaciones sociales, facultades de comunicación y sindicatos.

El ayuntamiento se compromete a modificar el decreto y considerará «la negociación y la difusión de publicidad en emisoras sin título calificativo contrario a la ley». En cuanto a los preceptos que afecten al patrimonio histórico, el gobierno autonómico exigirá que las obras menores de la serie declarada BIC sean comunicadas previamente al Ministerio de Cultura y obtengan autorización obligatoria.

Ambos cambios fueron aprobados en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes y deben ser ratificados por el Parlamento. El asesor de la Presidencia, Elías Bendodo, celebró el acuerdo: «Es una excelente noticia y un ejemplo de que dos gobiernos puedan ponerse de acuerdo en un tema tan importante».

A pesar del pacto entre las dos administraciones, el súper decreto El andaluz aún tiene que resolver otros tres recursos presentados ante el Tribunal Constitucional. El PSOE mantiene el firmado por cincuenta senadores el pasado mes de julio. Los socialistas aseguran que no existen razones urgentes, como exige el decreto ley, para simplificar los trámites administrativos en prácticamente todos los sectores del Ayuntamiento (turismo, patrimonio histórico, comercio, salud, industria, pesca, medio ambiente, urbanismo, energía o servicios sociales). ). “Bajo la apariencia del decreto está el uso ilícito de un poder excepcional para borrar del orden lo que fastidia los objetivos ideológicos del gobierno”, afirman en su causa. También cuestionan el hecho de que el polémico decreto ley fue validado en medio de la pandemia, en abril, por la Diputación Permanente del Parlamento Autónomo y no por el Pleno, por lo que se cree que el derecho a la participación de los diputados.

El grupo parlamentario Adelante Andalucía también ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional para la activación de la Diputación Permanente de la Cámara Autónoma, que ha sido admitida a tratamiento, y sus redactores creen que todo lo aprobado por este órgano puede suspenderse. Finalmente, está la demanda interpuesta a principios de octubre por el Grupo Confederal Unido Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común contra el decreto de simplificación. Los de Pablo Iglesias, partido que forma parte de la coalición gobernante, sostienen que el texto apuesta por una «desregulación medioambiental que reduce las garantías medioambientales de la normativa andaluza» y «no esconde su apego al ladrillo».

Según datos de la Consejería de Economía, de las 262 regiones europeas, Andalucía ocupa el puesto 220 en competitividad debido, entre otras razones, a la «ineficiencia» de su regulación.