El juez comunica su acusación de malversación y desobediencia al exconsejero Serret



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El instructor de la causa de procesada En el Tribunal Supremo, Pablo Llarena comunicó a la exconsejera catalana Meritxell Serret y actual eurodiputada por ERC su acusación por malversación y desobediencia en la impugnación independentista de otoño de 2017, según ha explicado la persona golpeada este viernes tras declarar durante una hora y media. la mitad en el tribunal superior. Serret se entregó al Tribunal Supremo el 11 de marzo tras estar prófugo en Bélgica desde noviembre de 2017, donde viajó con Carles Puigddemont y otros miembros de su gobierno tras la declaración unilateral de independencia. La instructora Llarena había citado a la ex abogada para que le tomara declaración ante la Fiscalía y el resto de los cargos y defensas.

El diputado llegó al Tribunal Supremo acompañado de una delegación de ERC encabezada por el coordinador nacional del partido y presidente interino de la Generalitat, Pere Aragonès, que volvió a pedir una ley de amnistía como «solución democrática» al «conflicto político» con Cataluña.

Respecto al delito de desobediencia, Serret explicó que había admitido ante el juez que había cumplido con los requisitos de la Corte Constitucional, pero alegó que había actuado siguiendo el mandato democrático de promover el referéndum, en línea con lo declarado por otros independentistas. líderes. Sobre el delito de malversación manifestó que en el momento de ser ministro de Agricultura no incurrió en gastos relacionados con el referéndum.

El que fue ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación fue juzgado in absentia por la causa de la procesada por malversación y desobediencia, pero durante el juicio que se desarrolló en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que permanecieron en España, no se constató que su departamento hiciera pagos concretos para la organización del referéndum del 1-O, por lo que Serret fue, en principio, exento del delito de malversación de fondos.

Sin esta acusación, la diputada de ERC solo sopesaría una acusación de desobediencia, que no implica penas de prisión, por lo que la Fiscal ha optado por no reactivar la orden de aprehensión en euros en su contra tras la sentencia de la procesada, como hizo contra Puigdemont y exasesores a los que se les podría imputar delitos de sedición o malversación. Llarena mantuvo la orden de detención nacional contra Serret, que suponía detener a la exasesora si entraba en España sin ser puesta a disposición judicial. Así, el pasado mes de marzo, cuando decidió regresar a España, acudió directamente al Tribunal Supremo para regularizar su situación.

Actualmente el caso se encuentra aún ante el Tribunal Superior, aunque las fuentes consultadas señalan que, si al final sólo se imputa el delito de desobediencia, es previsible que su caso vaya al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como sucedió con miembros de la Mesa del Parlamento que fueron procesados ​​solo por ese delito. Todos fueron juzgados y condenados por el TSJC, a excepción del diputado del CER Joan Josep Nuet, que fue juzgado y condenado por el Tribunal Supremo a ocho meses de inhabilitación.

Tras el regreso de Serret, son seis los líderes independentistas que huyeron de la justicia española. Llarena emitió órdenes europeas contra cuatro de ellos: Puigdemont y Toni Comín (sedición y malversación), Clara Ponsatí (sedición) y Lluís Puig (malversación). Puig fue rechazado por Bélgica y se espera que los otros tres sean reactivados después de que el Parlamento Europeo les levantara la inmunidad el pasado mes de marzo. La situación es muy diferente a la del exministro Serret. En caso de que decidan regresar a España, es probable que Puigdemont, Comín y Ponsatí ingresen en una prisión temporal y se enfrenten a un juicio con penas de prisión similares a las que enfrentan los dirigentes del procesada condenado por la Corte Suprema. Puig, acusado solo de utilizar dinero público durante el 1-O, también correría el riesgo de ser condenado a prisión porque su departamento (Cultura) le cuesta el referéndum. Marta Rovira y Anna Gabriel se encuentran actualmente sin orden de aprehensión activa, las dos políticas que han buscado refugio en Suiza, donde no rige el Euroorder, pero debería activarse el proceso de extradición, que, por ahora, ha descartado Llarena.