El juez convoca a los seis policías que derribaron la puerta de un apartamento para que declararan fiestas ilegales



La actualidad en Alicantur Noticias

El titular del Juzgado 28 de Educación de Madrid, Jaime Serret, admitió la denuncia interpuesta contra los seis policías que, el 21 de marzo, irrumpieron por la fuerza en un piso de la calle de Lagasca de Madrid, donde se celebró una fiesta contraria en el estado de alarma de entonces. en efecto. El juez de instrucción convocó a los agentes a declarar el 17 de septiembre, acompañados de un abogado, para responder a la acusación de allanamiento y daños efectuada por el inquilino de la vivienda. La decisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara a otro juez en junio desestimar la demanda contra los nueve jóvenes detenidos esa noche en su domicilio y señalara en su coche que los policías podrían haber cometido «todo el ejercicio de la autoridad». Los magistrados también Destacó la necesidad de investigar el trabajo de los agentes en el caso “podría constituir un delito”.

Más información

Esa intervención policial generó una gran polémica luego de haber difundido en las redes sociales, días después del suceso, las imágenes grabadas por uno de los ocupantes de la casa. El video mostraba a una joven que se negaba a abrir la puerta si los agentes no tenían una orden judicial. Después de un intercambio de palabras, la policía derribó la puerta con un ariete. Nueve de las 14 personas que asistieron a la fiesta fueron detenidas acusadas de desobediencia grave a las autoridades, a pesar de que fueron puestas en libertad horas después. En su informe, los policías señalaron que sus acciones habían sido amparadas, entre otros preceptos legales, en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza y esto fue aprobado por el Tribunal Constitucional el pasado mes de enero.

Tras el hecho, la Policía remitió el informe de lo ocurrido a los juzgados de Plaza de Castilla, y el caso pasó al Juzgado 4 de Educación de Madrid, cuyo titular, Marcelino Sexmero, acordó abrir el pasado mes de abril el proceso contra los nueve internos por delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y coacción. La decisión fue apoyada por la Fiscalía. Al mismo tiempo, uno de los detenidos interpuso a través de su abogado, Juan Gonzalo Ospina, una denuncia contra los seis agentes que intervinieron para acabar con la fiesta ilegal. En él, los agentes fueron acusados ​​de un delito de allanamiento de morada, ya que no se les permitió legalmente romper la puerta y entrar ese día. «La conducta denunciada supone el daño a la inviolabilidad domiciliaria del inquilino de la vivienda en la medida en que los funcionarios imputados procedieron sin justa causa a asediar violentamente la vivienda, logrando finalmente acceder a su interior», se lee en la misiva.

Tras la denuncia contra la policía, el magistrado Serret ha abierto el proceso. Mediante auto emitida el 13 de julio, el juez, además de citar a los agentes, llamó a declarar al denunciante y a dos testigos. Son dos de las personas que estaban dentro del departamento esa noche, incluida la joven que se ve en las imágenes discutiendo a través de la puerta con la policía.

Además, el magistrado solicitó al juez que instruyó la demanda interpuesta contra los participantes en la fiesta ilegal que le enviara la documentación que se le recaba. Finalmente, el juez dicta dictamen pericial sobre los daños causados ​​a la vivienda al derribar la puerta con un ariete.

La decisión se conoce tan solo unos días después de que un juez llamó a declarar como imputados, para el próximo mes de octubre, 12 policías que, en la madrugada del 9 de diciembre, también ingresaron a otra vivienda de la capital sin orden judicial. un vecino que afirmó escuchar gritos. Los cinco ocupantes de la vivienda, que aseguraban estar celebrando el cumpleaños de uno de ellos, fueron detenidos por agredir a las autoridades tras ser acusados ​​de impedir su identificación y resistirse a la detención. Estos, a su vez, denunciaron a los agentes por allanamiento, creyendo que no habían cometido ningún delito que justificara el ingreso al departamento.