El juez culpa al comisario Olivera por su presunta implicación en el boicot a las investigaciones de Gürtel



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El juez culpa al comisario Olivera por su presunta implicacion

El juez Manuel García-Castellón procesó al comisionado José Luis Olivera por malversación y prevaricación por su presunta participación en las maniobras de boicot de la Caso Gürteltel, según confirman fuentes legales. El magistrado tomó esta decisión como parte de la Caso de cocina, donde investiga el espionaje ilegal del popular ex tesorero Luis Bárcenas para robar documentación antes de que llegue a la Audiencia Nacional. La iniciativa de este instructor surge después de que Manuel Morocho, el inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Tributarios (UDEF) encargado de investigar la red de corrupción que azota al PP desde 2009, contara este martes cómo sus superiores buscaron para torpedear la investigación y cómo Olivera, quien actualmente trabaja como consultor de seguridad para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), intentó comprarlo mudándose a destinos mejor pagados.

García-Castellón fijó el interrogatorio de Olivera a las 10:00 del 28 de junio. Como esperaba el juez, su declaración tendrá lugar un día antes de que la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, convocada el 29 de junio, marche por la Audiencia Nacional. Además, el 30 de junio lo hará el exesposo del político, el empresario Ignacio López del Hierro, y el 1 de julio, el comisionado retirado José Manuel Villarejo y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad bajo Jorge Fernández Díaz como titular de la el Ministerio del Interior. Todos están acusados ​​de Operación Cocina, la conspiración parapolicial ideada para espiar al popular ex tesorero Luis Bárcenas cuando estalló el escándalo del diario Bárcenas y con el supuesto objetivo de sustraer material sensible que afectó a altos funcionarios del PP.

Durante meses, la Fiscalía Anticorrupción había señalado a Olivera como sospechoso por su presunta participación en el complot que lidera Villarejo. El Ministerio Público cree que existen suficientes indicios de que ambos conocían la Operación Cocina. Incluso destaca que en el resumen hay «serios elementos indicativos sobre la posible existencia de acuerdos económicos entre la organización criminal en torno al Grupo Cenyt», liderada por Villarejo, y el propio Olivera. Este último estuvo al frente de la UDEF hasta 2012, cuando asumió la jefatura del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), posteriormente rebautizado como CITCO. Fue despedido de este cargo en 2018 luego de que Fernando Grande-Marlaska llegara a Interior.

Morocho, investigador principal de la conspiración de Gürtel y autor de muchas de las denuncias que llevaron al PP al banquillo, puso el martes sobre la mesa el nombre de Olivera cuando le contó al juez cómo lo habían presionado durante años para que retirara los nombres de partido. líderes de sus informes; cómo lo sobrecargaron de trabajo y lo movieron para detener la investigación y cómo intentaron comprarlo con un destino más dotado. «Me dejas una perspectiva sombría», continuó el magistrado después de escuchar el testimonio del agente.

El llamado del ministro ministro

El informe del Inspector Jefe de la UDEF tiene pleno impacto en la investigación de Cocina, que comenzó en julio de 2013, ya que muestra que los intentos ambientales de PP de torpedear la Caso Gürteltel regresan mucho antes. Morocho dice que la presión pública ya comenzó en 2009, pero que estas han adquirido otra dimensión en 2012 tras la llegada de los populares a La Moncloa. Según él, la dirección de la policía comenzó a intentar detener su investigación. Y, ante los intentos fallidos, intentaron comprarlo. En este sentido, el agente contó cómo en el verano de 2013, cuando el escándalo del recuadro b ya había estallado tras la publicación de Alicantur, conocido como Documentos de BárcenasSus superiores le ofrecieron un traslado como secretario interno en una embajada, proponiéndole, entre muchas otras, la de Lisboa, un puesto con un salario que supera los 10.000 euros al mes.

Según la versión de Morocho, este intento de compra se produjo a través del comisario Olivera, en una reunión celebrada en junio de 2013 en un café de Madrid. Durante la entrevista, según el inspector, Olivera habría recibido una supuesta llamada telefónica del entonces ministro Fernández Díaz, de la cual se dedujo que le estaba preguntando precisamente por su entrevista con el encargado de investigar el caso. Caso Gürteltel: “Hola, ministro. Sí, estoy con él ”, aseguró Morocho que Olivera le dijo a su interlocutor. «Mira, el ministro también me está llamando», agregó cuando colgó. El abogado de Fernández Díaz negó que esta llamada telefónica se hubiera producido entre su cliente y el mando policial.