El juez del «caso Cocina» investiga la falta de control en el uso de fondos reservados



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El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, abandona la Audiencia Nacional el 30 de octubre tras declarar a un imputado en la
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz abandona la Audiencia Nacional el 30 de octubre tras declararse imputado en el «caso Cocina».Víctor Lerena / EFE

Las «disfunciones e irregularidades» en el uso de los fondos reservados durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior descubiertas por Caso de cocina llevó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a investigar «las posibles responsabilidades penales» de los entonces responsables de la conducción de este juego. Para ello, el magistrado dictó una orden requiriendo al departamento ahora presidido por Fernando Grande-Marlaska que aportara nueva documentación sobre estos fondos, sujeta a la ley de secretos oficiales, tras constatar que la trama del parapolicial espiando ilegalmente a Luis Bárcenas en el 2013 y su entorno dispuesto a pagar libremente, entre otros, a su conductor, Sergio Ríos.

El magistrado quiere saber cómo se ocultó el desvío a una operación ilegal de miles de euros a un activo que, en papel, está sometido a especiales medidas de control. El juez hace la solicitud a instancia de la Fiscalía Anticorrupción y tras comprobar que, en una solicitud previa, Interior no ha identificado los documentos que justificarían las entregas de fondos con los que la trama pagó al conductor de Bárcenas más de 50.000 euros y compró una pistola, o compró una computadora para que el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, supuestamente consultara la información que el complot le arrebató a Bárcenas. Martínez y el exministro Fernández Díaz están acusados ​​del caso.

En el auto, García-Castellón señala que estos gastos debieron ir acompañados de «documentos acreditativos del uso» que se le había dado al dinero, circunstancia que las declaraciones de cuatro testigos, entre ellos el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, luego asignado a la Secretaría de Estado – reveló que no ocurrió. Según el juez, esto permitió el «uso ilícito» de dinero, «favoreciendo tanto el financiamiento de un operativo policial intrínsecamente ilegal como el enriquecimiento personal de altos funcionarios».

El juez cree que la documentación que el comisionado Eugenio Pino -también imputado y jefe operativo de la Policía del Estado en ese momento- envió a la Secretaría de Estado de Seguridad para justificar el dinero que gastaba con los fondos reservados «no correspondía». siempre «a la orden de confidencialidad de 1995 que regulaba su uso. En concreto, estos pagos no estaban vinculados a» operativos policiales concretos «ni a lo que se denominó» costos de información «, en referencia a la recopilación de datos que pudieran dar lugar a al abrir una investigación posterior.

En algunos casos, la Secretaría de Estado liberó los fondos antes de comprobar la documentación enviada por el subdirector de Operaciones ”, añade García-Castellón, refiriéndose al cargo que ocupa el comisario Pino. El juez ahora quiere conocer los conceptos que se utilizaron para esos pagos y si el conductor de Bárcenas fue considerado un confidente permanente justificando el pago de 2.000 euros mensuales entre julio de 2013 y septiembre de 2015.

El magistrado también señala las cantidades que le fueron entregadas a otro sospechoso, el también comisionado Enrique García-Castaño, conocido como El Gordo y más tarde jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), responsable del seguimiento de las operaciones antiterroristas. “Los fondos así entregados al sospechoso Enrique García Castaño en forma mensual y por un monto fijo no estaban vinculados a ninguna necesidad operativa específica y nunca se justificó el uso de estos fondos”, subraya. El juez señala que este comisario recibió, entre julio de 2014 y mayo de 2015, 50.000 euros en efectivo de los fondos reservados por orden del comisario Pino.

El mando policial ha negado reiteradamente en sus declaraciones judiciales que se haya apropiado de tales montos e insistió en que fueron utilizados para operaciones policiales distintas de Kitchen y de carácter confidencial. Lo que admitió García Castaño, que colabora en la investigación, es que una de las partes fue a comprar la pistola para el conductor de Bárcenas y la computadora para la Secretaría de Estado.

El magistrado recoge en el auto la sospecha de que los sujetos involucrados en el operativo de Cocina no solo tenían fondos reservados «sin haber completado debidamente» la documentación necesaria para hacerlo, sino que el dinero también podría ser solicitado «al amparo de otra investigación. de la policía completamente ajena al operativo conocido como la Cocina o encubierto de cantidades de información, con el fin de enmascarar un uso desviado de fondos reservados ”, se advierte.