El juez del ‘caso Neurona’ cierra por segunda vez la investigación sobre las presuntas bonificaciones de Podemos



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El nuevo líder de Podemos, Ione Belarra, tras ser elegido secretario general del partido con la Asamblea de Ciudadanos del Estado de Podemos, celebrada el pasado 13 de junio.
El nuevo líder de Podemos, Ione Belarra, tras ser elegido secretario general del partido con la Asamblea de Ciudadanos del Estado de Podemos, celebrada el pasado 13 de junio.Ricardo Rubio / Europa Press

El titular del 42º Juzgado de Instrucción de Madrid, Juan José Escalonilla, instructor de la Caso de la neurona, ha decidido cerrar, por segunda vez, una de las líneas de investigación abiertas en esta macrocausa contra Podemos y varios miembros de su dirección. En concreto, el referido al supuesto cobro irregular de bonificaciones por parte de dos trabajadores del partido a través de adiciones: Rocío Esther Val, jefa de formación, y Daniel de Frutos, su tesorero. En su orden, emitida el pasado viernes y a la que tuvo acceso EL PA S, el magistrado concluye que las sumas recibidas por ambos «no son cobradas unilateralmente por los sospechosos, sino gastos deliberados en sus respectivos ámbitos, por lo que no es posible observar todos los irregularidad «.

Es la segunda vez que el juez Escalonilla ha convocado el cierre provisional de esta pieza del caso después de haberlo hecho ya en marzo y, un mes después, lo reabrió tras un recurso de apelación de Vox, que sigue. El nuevo expediente, que aún puede ser impugnado ante el propio juez y la Audiencia Provincial de Madrid, se produce después de que el magistrado haya realizado nuevos trámites, entre ellos solicitar a Podemos diferente documentación interna y tomar declaración al exlíder del partido, Pablo Manuel Fernández Alarcón. . En esta pieza, la única acusada fue la directora del partido, Rocío Esther Val, acusada de un delito de mala gestión.

La Caso de la neurona Se inauguró en julio de 2020 después de que José Manuel Calvente, ex abogado del partido, presentara una denuncia ante la Guardia Civil donde relataba toda una batería de presuntas irregularidades en la formación política. Uno de ellos fue precisamente el presunto cobro fraudulento por parte de Val y De Frutos de dos meses de sueldo de 210,32 y 400 euros en nóminas por labores de coordinación. Según Calvente, ese dinero extra le había sido cedido «unilateralmente», sin que se registrara en las tablas de sueldos del partido y sin la autorización del Consejo Coordinador de Podemos. Además, añadió, se superó así el límite salarial establecido por el código ético de formación. Ahora el juez Escalonilla, como hizo en marzo cuando presentó el caso por primera vez, descarta irregularidades en ambos cobros.

El juez señala, en primer lugar, que ninguno de los dos imputados ocupa un cargo electivo y, por lo tanto, no se les puede aplicar el «límite de tres interprofesionales mínimo establecido en 2019» como límite máximo salarial para los cargos de la fuerza política. (todo lo que excediera esta cantidad fue donado a la fiesta). Por otro lado, agrega el juez de instrucción, no solo se aplicaron adiciones similares a otra media docena de empleados en capacitación, sino que la junta las «aprobó» durante la auditoría, contrariamente a lo que alega el querellante.

El ex abogado de Podemos también acusó al ejecutivo y al tesorero de cobrar bonificaciones en forma de gastos que fueron descontrolados a la formación. Pero, una vez más, el juez rechaza la existencia de infracciones al «verificar» que han sido aprobadas por el equipo de finanzas y el área de gestión; y concluyendo que «no son cobrados unilateralmente por los sospechosos, sino gastos aprobados en sus respectivas áreas».

La denuncia de Calvente llevó al juez a abrir seis grandes líneas de investigación. Cuatro de ellos ya han sido archivados: la causa de los contratos firmados con la consultora ABD Europe para las elecciones del 28 de abril de 2019; el de los sobrecostes en la reforma de la nueva sede del partido; el de acceso sin permiso de la Cúpula al disco duro de Marta Flor, también abogada en ejercicio -quien denunció a Calvente por acoso sexual, lo que motivó su despido en 2019-; y ahora el de las supuestas bonificaciones de dos empleados.

Otros dos siguen abiertos. Una es la pieza que investiga la supuesta sustracción de dinero del fondo solidario de Podemos, un fondo al que los funcionarios públicos donan parte de su salario con fines sociales y que la oposición ha definido como “caja b”. Esta línea fue inicialmente cerrada por el juez al no encontrar signos de mala administración, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura. El segundo es el que investiga el contrato firmado por Podemos con la consultora Neurona para la campaña electoral del 28-A. El magistrado, a bordo de un automóvil del 12 de enero, describe pistas de que el documento firmado entre el partido y Neurona era un «contrato simulado» fabricado. ad hoc Pagar 363.000 euros al consultor y así desviar el dinero. El Ministerio Público, por su parte, valora los posibles delitos de falsificación en actos comerciales y electorales, aunque no los considera imputables al partido como persona jurídica. Podemos niega las acusaciones y afirma que Neurona hizo los trabajos para los que fue contratada.

Además, el juez Escalonilla envió tres líneas más de investigación sobre las finanzas de Podemos a otros tribunales: el presunto cobro de las costas de los procesos judiciales de Pablo Iglesias en los que estuvo representado por abogados en formación; las presuntas donaciones irregulares del partido a una entidad social ya la fundación Instituto 25-M, vinculada a la formación y dirigida por Juan Carlos Monedero; y el supuesto uso de una consultora como niñera por Irene Montero, Ministra de Igualdad. Los dos primeros ya han sido archivados y solo el último aún está bajo investigación.