El juez del «caso Púnico» acusa a otros cinco ex alcaldes del PP de haber secuestrado fondos públicos



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El juez del caso Punico acusa a otros cinco

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado un nuevo impulso a las investigaciones del Caso púnico con la acusación de 17 nuevas personas, cinco de ellas ex alcaldes del PP, y la solicitud de información sobre un diputado conservador del parlamento valenciano, Víctor Soler, para emprender acciones legales contra él. Todo esto en una de las 12 piezas en las que se divide la macrocausa contra la corrupción, la número 10, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos para mejorar la imagen en Internet de los funcionarios públicos del partido conservador en los municipios y ministerios del Estado. Madrid y Comunidad Valenciana, según coche accedido por Alicantur. los Caso púnico, que comenzó en 2014, acumula decenas de imputados, numerosos cargos públicos locales y autonómicos, en su mayoría pertenecientes al PP. Además, este caso investiga la posible existencia de un recuadro b en el PP de Madrid liderado por Esperanza Aguirre, también imputada.

Las nuevas indagaciones judiciales se centran en la presunta fijación de contratos en los ayuntamientos de Denia, Gandía, Castellón, Valdemoro, Alcobendas, Coslada y Majadahonda, así como en la Consejería de Educación de Madrid, donde la expropietaria de los gobiernos de Aguirre, Lucía Figar . En concreto, el magistrado imputa, previa solicitud a la Fiscalía Anticorrupción, a los exalcaldes populares Ana María Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada), Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas) y Narciso de Foxa ( Majadahonda), así como asesores y asesores de todos ellos y del Ministerio de Educación de Madrid, hasta un total de 17 personas. Además, pide a la Guardia Civil que identifique al gerente del Consejo Sociocultural de Alcobendas, para mencionarlo también como sospechoso. En otros municipios, como Valdemoro, requiere nueva documentación del Municipio.

En el caso del Ayuntamiento de Gandía, donde ya había sido imputado su ex alcalde, Arturo Torró, las sospechas se centran en el concejal y actual diputado del PP en los juzgados valencianos Víctor Soler Beneyto. El juez le pide confirmación de que sigue siendo parlamentario regional y, por tanto, medidor. En ese caso, el magistrado ya ha anunciado que presentará una declaración motivada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que este órgano lo investigue. Soler fue cabeza de lista del PP en Gandía en las últimas elecciones municipales.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de diciembre de 2016, atribuía a Soler un papel clave en las supuestas irregularidades en este consistorio y le asignaba la presunta comisión de los delitos de estafa, corrupción y malversación de fondos públicos. . El documento policial contenía el intenso intercambio de mensajes del diputado regional y uno de los principales implicados en la síntesis, el informático Alejandro de Pedro, debido a las discrepancias que ambos tenían sobre el monto mensual a pagar. trabajo reputacional en linea que este último realizó para el entonces alcalde de este municipio.

El juez señala que, en la mayoría de los consistorios investigados, la trama utilizó dos canales para desviar fondos municipales para pagar servicios de reputación. en linea personal para oficinas públicas del PP. Cabe destacar, por tanto, que en ocasiones se pretendía contratar servicios de formación o auditoría a las empresas de De Pedro, para lo que se utilizaba facturas falsas «por importes que no superaban el umbral inferior del contrato», para evitar la auditoría. de servicios. controlar. En otras ocasiones, De Pedro utilizaría su red de periódicos digitales zombi (con mínima difusión y poco contenido) simular contrataciones del Consistorio de Publicidad Institucional insertando espacios publicitarios en estos espacios.

Investigaciones aparcadas

En su coche, el magistrado también aparca tres investigaciones relacionadas con el pago de campañas de reputación en Internet. Dos de ellos, el de los ayuntamientos de Madrid y Valencia, cuando Ana Botella y Rita Barberá eran alcaldes respectivamente. En ambos casos, García-Castellón cree que «las pruebas recabadas» no son suficientes para concluir que el trabajo realizado por las empresas de la trama tenía como objetivo mejorar la imagen de los dos alcaldes, sino más bien «la noticia favorable al equipo municipal, enmarcando más bien esta práctica en el campo, sin exceder, de la promoción, defensa y comunicación de las políticas públicas ”. Sin embargo, el juez señala que estas investigaciones no están archivadas y que podrían aparecer nuevos datos en investigaciones futuras.

El tercero se refiere a trabajos que también son fiables. en linea que la red lleva a cabo en terceros países. En particular, en Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. En su memoria, el juez recoge las numerosas pruebas recogidas sobre estas actividades, en las que estuvo directamente implicado el exconsejero madrileño Francisco Granados, presunto líder de la conspiración púnica. Para el magistrado, los hechos «no pueden ser sometidos a la jurisdicción española» y, por tanto, los excluye de este resumen. La Fiscalía había solicitado al juez en su misiva nombrar como imputados a dos personas vinculadas a una empresa panameña implicada, así como plantear la posibilidad de presentar una nueva denuncia penal por estos hechos por un delito de cohecho en transacciones internacionales.