El juez, sobre Cocina: «Actuaron aunque sabían que el operativo era ilegal»



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Madrid

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Un dispositivo policial cuya «ilegalidad» todos conocían. El objetivo es obtener documentación sensible que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas podría poner en manos de la Justicia para perjudicar al partido. Así se concibió el equipo que, fuera de la Oficina Ejecutiva entonces presidida por Mariano Rajoy, dio a luz a Jorge Fernández Díaz. Tanto el ministro del Interior como su número dos, el exsecretario de Estado Francisco Martínez, y miembros de la Dirección de Policía en 2012 y 2013 están al borde de un juicio por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión de la obligación de perseguir los delitos, extorsión, tráfico de influencias y malversación.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón concluyó ayer la investigación del denominado operativo Cocina, otra de las piezas que se desprendió del caso Tandem que tiene como protagonista al comisario retirado José Manuel Villarejo. Considera que ya se han definido «los elementos objetivos y subjetivos» que justifican el avance del proceso y los procedimientos No ve la necesidad de llevar a cabo más procedimientos de investigación o de ampliar la investigación.

El magistrado da por desactivada la mafia parapoli que se tejió en torno al Ministerio del Interior para llevar a cabo esta misión, sin permitir más personas de las juzgadas, a pesar del interés de la Fiscalía en hacerlo y el de las partes que ahora apoyan al Gobierno para haber rociado al presidente Mariano Rajoy y haber tendido los tentáculos de la Justicia a una comisión de investigación que, aparte del ruido, ha dado pocos resultados. Ni la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ni su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, han sido golpeados desde ayer fuera del caso porque no hay pruebas en su contra. Con la evidencia existente se puede concluir, dice el juez, que no hay conspiración política fuera del Ministerio del Interior. Todo quedó en casa.

Junto con el exministro y su número dos, Cae el ex subdirector operativo Eugenio Pino; los policías José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo; el comisionado retirado e investigador principal de la macrocausa Tándem, José Manuel Villarejo, y el chofer de Bárcenas Sergio Ríos.

El magistrado señala que, aun sabiendo que se trató de un acto ilegal, Los sospechosos iniciaron esta operación en una fecha indeterminada entre 2012 y 2013. Fernández Díaz, jefe político de Gobernación, «con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilegalidad», instó Francisco Martínez, quien fuera su jefe de gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, misión permanente para obtener información y documentación que pueda estar en poder de Luis Bárcenas. “El objetivo -especifica- era sustraer dicho material a la autoridad judicial en el marco de las investigaciones que se realizó como parte de la pieza separada de las ‘Tarjetas Bárcenas’ ”, dentro del resumen de Gürtel.

Según el relato de García Castellón, Francisco Martínez se hizo cargo de la coordinación de la operación, que fue encomendada, en materia de planificación y desarrollo, al subdirector de Operaciones (DAO), Eugenio Pino. Pino, a su vez, encomendó este operativo a José Manuel Villarejo, quien, para su ejecución, utilizó primero a Marcelino Martín Blas, quien estaba a cargo de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo de la Policía Nacional, y posteriormente a Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operacional (UCAO). El último asumió personalmente el compromiso de llevar a cabo la misión, utilizando la Unidad de Seguimiento Especial conectada a dicha unidad.

El operativo consistió en contratar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se buscaba. La persona elegida fue Sergio Ríos, el conductor del matrimonio Bárcenas y una persona en la que más confiaban. El DAO Eugenio Pino habría confiado tanto a Villarejo como a García Castaño el desarrollo de tareas operativas para ganarse la confianza y obtener la colaboración activa de Ríos. A cambio Le darían 2.000 euros mensuales, más gastos, de los fondos reservados, y los ingresos posteriores. en el Cuerpo de Policía Nacional.

La resolución indica que las acciones realizadas permitieron constatar que, «sin perjuicio de los lineamientos dados por el ministro y las razones que pudiera tener, el propósito que guió tanto a Villarejo como a García Castaño, sería realmente el dy apoderarse y retener dicha documentación en su poder, sin entregarla a sus superiores, con el fin de obtener algún tipo de ventaja personal; extorsionar o presionar con los mismos a funcionarios públicos o funcionarios del Ministerio del Interior, o simplemente con el fin de preservar sus respectivos cargos en la dirección de la policía y la impunidad en actividades ilícitas que, presuntamente, se habían desarrollado en paralelo.

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