El Poder Judicial continúa con los nombramientos a pesar de la intención del Gobierno de negociar su renovación



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El Poder Judicial continua con los nombramientos a pesar de

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió este jueves continuar con los nombramientos discrecionales que tenía previstos pese a la intención manifestada por el Gobierno de llegar a un acuerdo con el PP en las próximas semanas para desbloquear la renovación del organismo, cuyo El mandato expiró en diciembre de 2018. La última vez que el PSOE y el PP intentaron llegar a un acuerdo, el Poder Judicial suspendió los nombramientos ya programados a última hora. El presidente, Carlos Lesmes, solicitó entonces a los diputados este aplazamiento, citando «motivos de prudencia» y su propuesta salió adelante con 16 votos a favor y cinco en contra. Esta vez, sin embargo, 19 de los 21 miembros del plenario consideraron que no había razón para no asignar los lugares en la agenda.

Cuando el 28 de julio el Poder Judicial anunció que los cinco nombramientos discrecionales que estaban en el orden del día se habían aparcado en pleno porque eran conscientes de la posibilidad de un pacto para la renovación del organismo, esos contactos entre el PSOE y el PP no habían trascendido . El gobierno terminó por confirmarlos horas después y que las negociaciones estaban a punto de desembocar en un pacto definitivo, según el presidente Pedro Sánchez después de que el PP concluyera las conversaciones a principios de septiembre.

Una vez confirmado que el órgano no sería renovado en el corto plazo, el Consejo reanudó los nombramientos discrecionales y aprobó seis nombramientos clave en la Corte Suprema en la sesión plenaria de septiembre. Lo hizo con un amplio consenso (19 votos de 21) y después de que el Ejecutivo hubiera intentado frenar esos nombramientos en los días anteriores para presionar al PP para que desbloqueara el organismo.

Esos fueron los nombramientos pendientes más importantes, ya que implicaron la elección de tres presidencias de cámara y tres puestos de magistrados del tribunal superior, la cúpula del poder judicial. Pero el órgano de gobierno de los jueces tenía sobre la mesa otros nombramientos discrecionales correspondientes a los tribunales superiores y audiencias provinciales y acordó incluirlos en la agenda ayer, a pesar del anuncio del Gobierno de que intentará llegar a un acuerdo con el PP y va La reforma legal que presentó para desbloquear el cuerpo sin voto popular está estacionada.

Lesmes, según varios miembros del consejo consultados, realizó estos días un recorrido entre la mayoría de miembros para indagar si seguiría adelante con los nombramientos. Y «casi todo el mundo», según estas fuentes, dijo que sí. Los miembros consultados manifestaron que los nombramientos no fueron muy controvertidos porque solo había un candidato en seis de los cargos. Además, algunos de los cargos quedaron vacantes por jubilación o porque el actual presidente ya había agotado el plazo y, según la mayoría de los miembros, era conveniente cubrir esos cargos, correspondientes a la presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia de la Isole. Baleares y Cantabria, la de la Audiencia Provincial de Ourense y los presidentes de las cinco Salas de las Cortes Superiores de Andalucía, Murcia, Navarra, Cantabria y Asturias.

Las nominaciones recibieron los votos de 19 de los 21 miembros del pleno. Los otros dos, Concepción Sáez y Álvaro Cuesta, votaron en blanco para oponerse a que el actual Consejo designe estos puestos clave, como ya lo han hecho en los últimos nombramientos.

La ley no impide que el Consejo asigne cargos discrecionales en el cargo y el órgano que preside Lesmes, que ha realizado más de medio centenar de nombramientos desde la expiración de su mandato, siempre ha defendido su legitimidad en este sentido y la necesidad de cubrir las vacantes de no comprometer el funcionamiento de los tribunales. La Corte Suprema falló de la misma manera hace un año. Uno de los cambios contemplados en la propuesta de reforma legal del PSOE y Unidos Podemos es precisamente regular lo que el Consejo puede y no puede hacer cuando acaben los cinco años de su mandato.