El Poder Judicial renuncia a prolongar el enfrentamiento con el Gobierno ante el Poder Constitucional por ley que limita sus funciones



La actualidad en Alicantur Noticias

El Poder Judicial renuncia a prolongar el enfrentamiento con el

El Consejo General de la Judicatura (CGPJ) dimitió este miércoles para prolongar el enfrentamiento con el Gobierno y el Congreso por la reforma legal que limita las competencias del órgano de gobierno de los jueces cuando, como ahora, está en funciones. El Pleno presidido por Carlos Lesmes rechazó, por 13 votos contra 8, la propuesta registrada por ocho vocales de llevar la ley al Tribunal Constitucional a través de un conflicto entre órganos constitucionales, figura que se reserva la competencia de resolver controversias entre los poderes del Estado al Tribunal Constitucional. Los diputados también rechazaron con igual número de votos la otra opción que se debatió: solicitar al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma legislativa.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que entró en vigor a fines de marzo, fue protagonista de un intenso conflicto entre los tres poderes del Estado. Por un lado, el Ejecutivo -ideólogo y promotor de la regulación a través de los socios de gobierno, PSOE y Unidos Podemos – y el Legislativo -que elaboró ​​la reforma con medios expresos y contra el que se propuso presentar el conflicto-; Por otro lado, el Poder Judicial, cuyo actual órgano de gobierno, cuyo mandato ha sido prorrogado desde diciembre de 2018, se ha visto privado de su atribución más importante: el nombramiento discrecional de los altos cargos en la cúpula del Poder Judicial. El Consejo se reunió este miércoles en sesión extraordinaria para tomar una decisión: si persistir en la lucha o retirarse. Y optó por lo último.

La negativa a acudir al Tribunal Constitucional no implica, según las fuentes consultadas dentro del organismo, que la mayoría de los miembros acepte como buena la norma. Entre los miembros del ala conservadora, según estas fuentes, hay más quienes argumentan que la ley es inconstitucional, pero el Consejo no puede interponer recursos de inconstitucionalidad y la figura del conflicto entre órganos constitucionales es la única vía de recurso abierta a la junta del cuerpo de jueces. Varios miembros del sector conservador que se han opuesto mucho a la norma desde un principio se han opuesto a impugnarla porque creen que el conflicto entre órganos constitucionales, concebido para cuando un cuerpo cree que otro ha asumido una de las competencias que la Constitución reserva estaba destinado a la quiebra.

Esta posición fue defendida en particular por el diputado José María Macías, quien presentó un voto privado en conjunción con la decisión mayoritaria, en la que advierte que no quiere que su voto «se confunda con la aceptación de las bondades de esa ley». en mi opinión, la ley es inconstitucional, manifiestamente inconstitucional, socava la independencia judicial y socava los pilares que definen el estado de derecho en una sociedad democrática moderna ”, dice el diputado, abogado de profesión y miembro del Consejo a propuesta de El PP. En un duro escrito contra la reforma impulsada por PSOE y Unidos Podemos, Macías perfila los criterios de inconstitucionalidad que, a su juicio, presenta la reforma legal y garantiza que la propuesta que se debatió en el pleno «es muy breve al describir los vicios de inconstitucionalidad de la ley, tanto formales como materiales ”. Sin embargo, el diputado explica que no apoyó la presentación del conflicto entre órganos constitucionales porque la forma adecuada de recurso no es ese sino el recurso de inconstitucionalidad. «(…) En un momento en que la legislatura y el gobierno han endurecido los límites del estado de derecho con su maltrato del poder judicial a extremos hasta ahora desconocidos, entiendo que no es inteligente que sea el CGPJ el que empuje a la Corte constitucional al plantear un debate cuyo asiento natural no es el del conflicto de atribuciones, sino el recurso de inconstitucionalidad ”, subraya Macías.

La propuesta de ir a la Constitución fue aprobada por ocho de los 12 vocales propuestos en su momento por el PP para integrar el Consejo: Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona. Pero se necesitaron tres votos más para obtener la aprobación de los 11 y no pudieron recolectar ninguno. Estos ocho vocales emitieron un comunicado tras el Pleno en el que explicaron que su intención al defender esta opción era «salvaguardar el principio fundamental de la división de poderes» y creen que el Pleno debería haberse dirigido a las Cortes solicitando la anulación de la ley que «atenta contra algunos de los principales poderes que la Constitución confía» al órgano de gobierno de los jueces. “Los ocho integrantes quieren demostrar que ninguno de los presentes en el pleno defendió la vigencia constitucional de esta ley”, concluyen sus escritos.

La propuesta defendía que la reforma legislativa produce «una reducción de una de las principales competencias que la Constitución encomienda» al órgano de gobierno de los jueces, que es el de los nombramientos. Estos miembros no consideran justificado que la norma distinga un «conjunto de competencias y poderes que legítimamente deben corresponder al Consejo entrante o renovado y no al saliente», salvo que se considere que la composición del Consejo debe reflejar la de el Parlamento., según la propuesta de recurso votada en pleno, la Constitución trata de evitar que se establezcan mandatos diferenciados para los Tribunales Generales y para el órgano de gobierno de los jueces.

El Pleno también rechazó con 13 votos a favor contra 8 un recurso indirecto que también fue objeto de discusión: pedir al Defensor del Pueblo, con derecho a recurso de inconstitucionalidad, que impugne la disposición. El tribunal, sin embargo, tendrá que pronunciarse sobre la reforma legislativa porque Vox ya la ha impugnado y el PP ha impugnado la decisión del PSOE y Unidos Podemos intentarlo por medios expresos.

El órgano de gobierno de los jueces también aprobó la respuesta a las preguntas enviadas por la Comisión Europea en el marco de la redacción del informe sobre el estado de derecho 2021. En este caso, los miembros discutieron un borrador elaborado por la socia Nuria Díaz, quien , en respuesta a una de las preguntas planteadas por Bruselas advirtió del «impacto» para el Tribunal Supremo de la ley que impide al Consejo realizar nombramientos discrecionales durante la legislatura. La propuesta de Díaz, sobre la que el pleno aprobó algunos cambios, obtuvo 17 votos a favor, 3 en contra -los de los diputados Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez- y una blanca -Roser Bach-.