El PSOE y Podemos aceleran aún más la reforma del poder judicial en el Congreso para presionar al PP



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El PSOE y Unidos Podemos no están soltando presión sobre el PP para que renueve el Consejo de la Judicatura, el órgano de gobierno de los jueces en el cargo desde hace dos años. Los dos socios del ejecutivo pidieron este lunes al presidente del Congreso que permita en enero tramitar urgentemente la reforma que limita los poderes del Poder Judicial para que no pueda nombrar cargos cuando, como es el caso ahora, el plazo ha expirado. También podemos amenazar con activar la ley que permite la renovación por mayoría absoluta y no por tres quintos.

El pasado jueves el Consejo General del Poder Judicial celebró uno de los plenos más tensos en memoria de su mandato, que se inició en 2013 desde hace cinco años y ahora está superado por dos. Los concejales estaban fracturados antes de su evaluación del proyecto de ley, impulsado urgentemente por el PSOE y Unidos Podemos en el Congreso para recortar los poderes de ese organismo lo antes posible si se agotaba el mandato. Los miembros del Consejo, de la actual mayoría conservadora pero no solo, cuestionan la constitucionalidad de ese proyecto y piden ser consultados de cara a esta reforma. PP, Vox y Ciudadanos han criticado la iniciativa legal considerándola una «injerencia» en uno de los tres poderes del estado.

El PSOE y Unidos Podemos, sin embargo, entienden que el actual Consejo General del Poder Judicial ya no representa a la mayoría progresista que apoya al Gobierno que salió de las urnas hace un año y que, por tanto, ese organismo debería abstenerse de hacer tan importantes nombramientos de cargos judiciales vacantes en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas.

«No nos dejan otra opción»

Tanto desde el PSOE como desde la cúpula estadounidense podemos negar que ambas partes pretendan poner en marcha en enero la reforma legal de mayor envergadura, a la que ahora han dimitido y siguen congeladas, según el método de elección de los miembros del Consejo, el lo que haría irrelevante un bloqueo del PP, ya que permitiría ser nombrados con mayoría absoluta (176 votos) y no con tres quintos (210 escaños). El partido de Pablo Iglesias no excluye por ahora, como amenaza política latente, que al final hay que actuar en ese sentido si los populares siguen exigiendo que Podemos bajo ningún concepto entre en la ecuación para salir de este impasse.

“Nos parece que el PP no deja más remedio que modificar ese sistema electoral para restaurar el respeto a la Constitución y empezar a recuperar el prestigio perdido por ese organismo, que sigue haciendo nombramientos vitalicios sin la legitimidad que se le exige. , porque el planteamiento del PP es que no lo renovará hasta que existamos. Lo cual es antidemocrático y ajeno, porque implicaría que nunca se renovaría hasta que no haya elecciones generales que gane Pablo Casado ”, fuentes de la dirección de Podemos dijeron a Alicantur.

En medio de ese debate, y mientras el PSOE afronta otra fase de negociación con el PP para proceder a la renovación a través del pacto, los dos partidos de gobierno presentaron este lunes una carta a la presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet. , para que se habilite el mes de enero para que las comisiones y órganos correspondientes puedan trabajar en el Congreso y resolver la reforma de esa ley orgánica a la mayor brevedad.

El objetivo es que la reforma ya pueda entrar en vigor a finales de febrero. Enero suele ser inhábil para la labor parlamentaria ordinaria, pero en esta ocasión ya no lo sería, principalmente por el desarrollo de dichas tareas, aunque también se utilizaría para promover otras cuestiones pendientes, como la definición de las tareas de la comisión investigadora del Caso de cocina de espionaje al Ministerio del Interior durante los gobiernos del PP o los exámenes parlamentarios de los 94 candidatos que comparecieron en su tiempo a la presidencia del organismo de RTVE.

La predicción del PSOE y Podemos es que, si esta reforma está bien definida y la comisión funciona en enero, podrían estar en marcha cambios sustanciales en febrero y se prohibirían los nombramientos que el Consell pretenda hacer fuera del mandato. En ese momento no hay diferencias entre los socialistas y la formación que lidera Iglesias.

Donde hay más discrepancias públicas y notorias entre la estrategia más pactativa del PSOE y los intentos de delimitar a Podemos es en el cambio más profundo de la ley del poder judicial, en el método de elección de ese Consejo. En octubre, ambos partidos registraron un proyecto de ley que cambió el actual sistema electoral de 12 miembros para su aprobación por el Congreso y el Senado con una mayoría de tres quintos de la Cámara (210 de 350 escaños) de modo que fuera solo un mayoria absoluta. (176 votos). El presidente, Pedro Sánchez, interrumpió esta idea durante el debate sobre la moción de censura presentada por Vox y ofreció al líder opositor, Pablo Casado, iniciar otra negociación in extremis. Hace 10 días Sánchez llamó a Casado luego de dos meses de aislamiento entre los dos y tuvieron una conversación de 45 minutos exclusivamente sobre este tema. No se ha adelantado nada.

Ante este persistente bloqueo del PP, Unidos Podemos sentir desde hace semanas que se ha cansado de esperar en vano. El consejero de Justicia, Juan Carlos Campo, intentó convencer al presidente y a algunos de sus compañeros más incrédulos del gabinete y del PSOE de que hay una oportunidad de pacto con el PP, pero ahora sería tras las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero. En público, sin embargo, Casado y casi todos los dirigentes del PP mantienen las mismas condiciones para negociar una salida al atasco de posiciones institucionales que las expresadas por el verano, y que se pueden resumir en que ni Unidos Podemos ni la gente de alrededor pueden tener un lugar en la negociación del futuro Consejo de la Judicatura.

Los negociadores de ambos bandos -Juan Carlos Campo por el gobierno y Enrique López por el PP- acordaron un reparto de los 20 miembros que incluía una cuota de 10 propuestos por cada uno, con un presidente más cercano al sector progresista y con candidatos de perfiles probados e independientes. Pero esa negociación no llegó a un cuadrado de nombres y el PP no confía en que dentro del bloque progresista el PSOE no acabe incluyendo jueces o expertos cercanos a Podemos.

En Podemos desconfían de las eternas negociaciones en curso entre los representantes del sistema bipartidista que ha gobernado el país en estos 42 años de democracia y ha marcado el ritmo de muchas de sus instituciones. Quieren cambios sustanciales en el ámbito judicial, sobre todo teniendo en cuenta el rumbo político y los procesos que se acercan en 2021. Algunos de ellos se refieren a casos de corrupción muy importantes para el PP o resoluciones relevantes, como el agradecimiento a los políticos encarcelados por su convicciones en el proceso de independencia en Cataluña.