El Tribunal de Cuentas pide a UGT 9,7 millones por el caso ERE



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Fachada del Tribunal de Cuentas, en Madrid.
Fachada del Tribunal de Cuentas, en Madrid.Jaime Villanueva

El Tribunal de Cuentas ha reclamado al sindicato UGT 9.745.882 euros en virtud de un expediente de responsabilidad contable derivado del caso de las ERE de Andalucía. La investigación se inició hace más de 10 años y culminó el pasado mes de julio con un acto de liquidación de la citada figura, decisión que fue impugnada por el sindicato socialista que denunció a los indefensos. UGT manifiesta en su recurso de casación que el monto solicitado dará lugar a la paralización de su actividad sindical si implica el bloqueo de fuentes de ingresos y cuentas corrientes bancarias, por lo que ofrece responder del reclamo con sus activos inmobiliarios como garantía.

La escritura de liquidación califica las irregularidades imputadas a las centrales sindicales como actuaciones relacionadas con «los expedientes de normativa laboral elaborados en el marco de la Junta de Andalucía», mediante ayudas mal gestionadas. En su momento, los citados expedientes de regulación laboral (ERE) tenían como objetivo atender la situación de los trabajadores que habían perdido su empleo y que, «por diversas razones, hubieran presentado dificultades para ingresar al mercado laboral». Por tanto, las ayudas pretendían paliar «el impacto sociolaboral que podrían provocar las crisis de las medianas y grandes empresas radicadas en la comunidad andaluza».

La ayuda se concedió a «trabajadores afectados por antecedentes de regulación laboral u otro tipo de despido». Pero otros «trabajadores que no reunían las condiciones requeridas para hacerlo» fueron incluidos y beneficiados de este mecanismo, según el Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable, en definitiva, derivaría de que este tipo de prácticas ha dado lugar a «la existencia de unas devaluaciones en los fondos públicos de la Junta de Andalucía que consistirían en el importe de las primas correspondientes a las pólizas de seguro de rentas contratadas a cubrir estas contingencias «. Todo ello se refiere a los casos de «aquellos trabajadores que hubieran sido insertados indebidamente en los expedientes de la normativa laboral, en las cantidades que hubieran sido financiadas por la Junta de Andalucía».

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La escritura de liquidación fue comunicada a las partes el 15 de julio, mediante la entrega de «documentación enorme», expresión utilizada por el abogado de UGT en su apelación, para argumentar que el sindicato permanecía indefenso. Parte de los 9,7 millones de euros solicitados -en concreto, 2.862.584 euros- se reclama de forma conjunta y solidaria con la Federación Minera y Metalúrgica de CC OO. Pero la apelación informa que el delegado investigador de este procedimiento no especificó «qué irregularidades específicas estaban en la base» de las acusaciones. Por tanto, sobre todo, se sostiene la indefensión. La convocatoria iba dirigida a la Federación Estatal de Metales, Construcción y Afines UGT, que ya no existe, ya que en 2016 se fusionó con la Federación de Trabajadores Industriales y Agrarios del mismo sindicato, dando lugar a una nueva Federación de la Industria, la Construcción y Agro, que fue quien apareció en el evento.

Ante la solicitud del Tribunal de Cuentas, UGT interpuso un recurso en el que advierte que “la consolidación inmediata por parte de esta Federación de UGT de la cantidad solicitada de 9.745.882 euros, que objetivamente es muy elevada, compromete el normal funcionamiento del sindicato , comprometiendo su actividad sindical y, en última instancia, el derecho fundamental a la libertad sindical (artículo 28.1 de la Constitución) «. La carta subraya que «ni esta federación sindical, ni la de la Federación de Metales, Construcción y Afines, ni ninguna otra, han recibido cantidad alguna que se alega estar garantizada, sino que han sido recibidas por los trabajadores afectados por la correspondiente archivos «.

«Función constitucional»

El recurso de apelación subraya que «aportar o garantizar» la suma solicitada «conlleva el bloqueo económico-financiero inmediato del sindicato y, por tanto, no cuenta con los medios suficientes para llevar a cabo su función constitucional». En este sentido, la UGT comunica que, de surgir esta situación, acudirá al Tribunal Constitucional para solicitar protección. También advierte que si se incautan las aportaciones finalistas recibidas o las cuentas corrientes de sus secciones y comités de empresa o se requiere una «garantía bancaria inalcanzable, por la retención de dinero que ello supondría, se les impedirá el ejercicio de la acción sindical». .

Las denuncias presentadas contra la reclamación de 9,7 millones de euros subrayan la «posición especial» de los sindicatos en la misma Constitución, que «refuerza» su posición como «uno de los soportes institucionales fundamentales de la sociedad». Asimismo, señaló que las centrales eléctricas, en ejercicio de la libertad sindical, «no pueden suspenderse ni disolverse», salvo resolución final.

Para evitar cualquier riesgo de parálisis, el recurso propone que, «si se mantiene la obligación de avalar el monto señalado», la garantía otorgada puede reducirse a la constitución de una hipoteca unilateral sobre los inmuebles propiedad de la mencionada Federación, o su embargo. . El sindicato sostiene que solo la consolidación a través de dichos activos permitiría la continuidad del ejercicio de su actividad sindical.