España sigue cobrando la mayor multa de la historia de la UE: ya hay 53,4 millones por aguas residuales



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Espana sigue cobrando la mayor multa de la historia de

La sanción a la que se enfrenta España por no tratar las aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas -en las que viven más de 350.000 personas- sigue aumentando: ahora asciende a 53,4 millones de euros. Es la multa más grande de la Unión Europea a la que se ha enfrentado España desde que se unió al club comunitario. Seguirá creciendo semestre tras semestre hasta que se resuelvan los problemas en todos estos ámbitos denunciados por Bruselas.

Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en julio de 2018 la sentencia que le impuso esta multa, que crece a un ritmo de poco más de 10 millones por semestre, el Ministerio de Transición Ecológica presentó un calendario en el que el 2023 como año en el que las depuradoras de las nueve aglomeraciones urbanas afectadas estarían listas. Pero ahora el horizonte para que todas las obras se realicen y estén en pleno funcionamiento es 2024 o 2025, según este departamento. De momento solo se ha puesto en marcha la estación de aglomeración de Tarifa (Cádiz), que trata las aguas residuales de 20.000 habitantes. El resto deberá afrontar trámites, ejecuciones y puestas en marcha que duran indefinidamente mientras la multa europea sigue creciendo. Se trata de las depuradoras de las aglomeraciones de Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Coín (Málaga), Barbate (Cádiz), Nerja (Málaga), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife).

El inicio de esta sanción se remonta al 31 de diciembre de 2000, cuando todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes de la Unión Europea debían depurar adecuadamente sus aguas según una directiva. Hace 21 años, el incumplimiento era masivo en España. Poco a poco, aviso tras aviso de la Comisión Europea, el número de aglomeraciones urbanas sin depuración ha ido disminuyendo. Pero, más de dos décadas después, estos ocho núcleos de más de 15.000 habitantes aún permanecen sin un adecuado tratamiento de sus aguas, lo que afecta el buen estado de los ríos y mares donde se realizan los vertidos.

Theodore Estrella, Director General de Aguas del Ministerio de Transición Ecológica, prevé que las plantas de tratamiento que darán servicio a dos de las mayores aglomeraciones -Gijón Este y Nerja- podrían estar listas en el primer trimestre de 2022. Esto reducirá la sanción semestral a la mitad, a unos cinco millones, calcula Estrela. Pero, según el responsable del área de aguas del ministerio, para ver en funcionamiento todas las plantas depuradoras será necesario esperar hasta 2024 o 2025, dos años más tarde de lo previsto anteriormente. El ministerio estima que la multa final por este caso superará los 80 millones de euros.

Las competencias en depuración de agua son de las administraciones locales. Pero cuando los ayuntamientos o asociaciones no pueden afrontar los gastos, las comunidades autónomas suelen hacerse cargo de la obra. Así ocurrió en cuatro de los ocho casos afectados por esta sanción europea -que recaen sobre el Estado y las comunidades autónomas afectadas-. Las otras cuatro plantas de tratamiento han sido declaradas de interés general, cifra que ahora cuestiona el actual equipo del ministerio. Porque la puesta en servicio de las depuradoras así declaradas en ocasiones sufre retrasos por la dificultad de recuperar costes, que acaban por tener que lidiar con algunos municipios que afirman que no cuentan con los recursos ni siquiera para el mantenimiento de las plantas. En otros casos, hay problemas en la elaboración de proyectos que terminan en los tribunales. «La gente no quiere tener una planta de tratamiento cerca de su casa y la usa», dice Estrela como ejemplo. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la UE subrayó en su sentencia de julio de 2018 que «las dificultades jurídicas y económicas internas que España» invocó «para justificar su retraso en la ejecución de las» obras «no la eximen de las obligaciones derivadas de Derecho de la UE «.

Amplio incumplimiento

Cuando entren en funcionamiento las depuradoras de las ocho aglomeraciones por las que fue condenada España en 2018, el problema del tratamiento en el país no se solucionará de ninguna forma. La legislación europea establece que las 2.059 aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes en España deben tratar adecuadamente sus aguas residuales. Pero, según el actual plan nacional de depuración, aprobado el pasado mes de julio, 516 no cumplen con lo dispuesto en las directivas de agua, o el 25% del total. Por esta razón, España tiene actualmente cinco casos europeos abiertos, y uno más puede llegar en breve, que incluso pueden resultar en multas de millones de dólares si las violaciones continúan.

Estrela explica que los problemas ahora se concentran en las aglomeraciones más pequeñas, aquellas que tienen entre 2.000 y 5.000 habitantes y que no cuentan con los recursos suficientes para afrontar la construcción de depuradoras y su mantenimiento. El objetivo es que en 2027, casi cuatro décadas después de la aprobación de la directiva europea de depuración, España cumpla finalmente con lo establecido por Bruselas.

El director general de Agua del Ministerio cree que los fondos europeos de recuperación podrían representar una oportunidad para acelerar las obras de depuración. Pero Estrela espera un cambio en el modelo utilizado hasta ahora, el de declarar la asunción de obras de interés general por parte del Estado, aunque no sea de su competencia. La nueva vía pasaría por la apertura de una línea de concesiones para que los ayuntamientos realicen las obras y se ocupen del mantenimiento de las depuradoras que faltan con esta ayuda pública.

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