Estado de alarma o excepción, un debate sobre



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La Gran Vía durante el estado de alarma en marzo de 2020.
La Gran Vía durante el estado de alarma en marzo de 2020.

El proyecto de sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso de Vox contra el primer estado de alarma ante el covid-19 ha suscitado un acalorado debate en la comunidad jurídica, muy dividida sobre si lo ocurrido en esa etapa de la pandemia fue una suspensión o una suspensión. simple limitación de derechos. La consecuencia es relevante, porque si solo había una limitación, bastaba con decretar un estado de alarma, pero si consideramos que hubo una suspensión – que es una suerte de abolición temporal – de los derechos fundamentales, entonces el instrumento de derecho para al que se podría recurrir, y al que según el esquema de la sentencia se le debería haber aplicado, el del estado de excepción.

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Esta tesis, la sustentada por el magistrado del sector conservador Pedro González Trevijano, coincide en este punto con las declaraciones de Vox. Pero la comunidad jurídica no es exactamente unánime al respecto, también porque el concepto de estado de excepción está vinculado a situaciones que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria, sino con conflictos políticos que derivan en problemas de orden público.

En este sentido, Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, admite que “una pandemia tan grave como ésta no encaja bien con la normativa legal del estado de alarma, por lo que habrá que revisar el reglamento de 1981 , pero se inserta peor en el equilibrio arquetípico del estado de excepción ”. Por tanto, plantee el dilema en estos términos: «Lo que procede es la declaración del estado de alarma».

Luis López Guerra, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, se expresó en la misma dirección, introduciendo otros matices. «Por definición, un estado excepcional presupone el aumento de los poderes del Ejecutivo en el momento de la limitación de los derechos ciudadanos». Agrega que “según el principio pro libérate, en casos limitados o dudosos, cuando deban adoptarse medidas restrictivas de este tipo, se debe optar por la opción que mejor resguarde estos derechos y que le dé menos margen de acción al Ejecutivo ”. Para López Guerra, en un caso nuevo, como el de la pandemia, la adopción del estado de excepción, sin agregar garantías más concretas, “hubiera significado una restricción más grave de los derechos fundamentales.

La ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, por su parte, estima que «los estados de excepción y de sitio, menos aptos en principio para afrontar crisis de salud sin comprometer el orden público, habrían supuesto una intervención y un control parlamentario reforzado en esta crisis». En este sentido, destaca que el Congreso no aprueba la declaración del estado de emergencia a posteriori, pero sí la autoriza. Por otro lado, cree que las condiciones de confinamiento domiciliario de toda la población, salvo algunas actividades excepcionales y esenciales, «son técnicamente equivalentes a la suspensión de derechos fundamentales comprometidos».

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Este ha sido el meollo del asunto desde el inicio de la polémica sobre el estado de alarma. En plena prisión, en abril del año pasado, el ex magistrado constitucional Manuel Aragón escribió en Alicantur que «ordenar una especie de arresto domiciliario de la gran mayoría de españoles, que es lo que se ha hecho realmente, no es limitar el derecho, sino suspender». ella, conclusión difícil de rebatir desde una correcta interpretación jurídica ». Una semana después, el expresidente del tribunal de garantías, Pedro Cruz Villalón, también escribió en este diario: «El estado de excepción, tal como lo configura nuestro ordenamiento jurídico, es expresión y respuesta a un conflicto político abierto».

En definitiva, los argumentos esenciales de las partes involucradas en esta controversia no son muy variados. Pero ahora se están expresando con más contundencia, si cabe, ante la inminencia de una sentencia constitucional que podría introducir una novedad importante, la que en el futuro cualquier gobierno que se enfrente a una emergencia como la que representó el inicio. de la pandemia, deben aplicar el estado de excepción. Sobre todo si tienes que tomar medidas que impliquen una restricción de derechos que te permitan considerar tu ejercicio suspendido, y no solo limitado.

Para Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, hay que tener en cuenta la advertencia de Pedro Cruz Villalón sobre las condiciones para un estado de excepción. Carrillo se remonta en este sentido a las Cortes constituyentes. Y destaca que al introducir el estado de alarma en la Constitución «no se pretendía atender problemas de orden público, sino dotar a las instituciones estatales, y en particular al Gobierno y al Congreso, de un instrumento legal que les permitiera tomar medidas especiales». decisiones para hacer frente a imprevistos provocados por desastres naturales, crisis de salud, hambrunas u otros ”. Entonces, «agrega», esta es la identidad del estado de alarma.

Los juristas más críticos de la declaración del estado de alarma se apoyan, sin embargo, en la denuncia de que el gobierno la utilizó para evitar llamar a las cosas por su nombre. En otras palabras, fue un estado de excepción enmascarada. Araceli Mangas, catedrática de derecho internacional público de la Universidad Complutense de Madrid, defiende en esta dirección que “el Gobierno, y luego el Congreso en sucesivas convalidaciones, han optado por un estado de hecho de alarma nominal y excepción”. Con esto -dice- «la violación del Estado de Derecho fue flagrante», porque el gobierno antes y en ocasiones las comunidades autónomas se comportaron «como un legibus solutus, como un poder absoluto «.

El exministro de Justicia Tomás de la Quadra Salcedo, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Carlos III, advierte de la inutilidad de los debates «sobre el sexo de los ángeles». Y agrega que «habiendo sido motivo del estado de alarma en la defensa de la salud pública, y al amparo de la Constitución, ha habido una restricción y una limitación que está constitucionalmente permitida».