Gobierno, autonomías y coronavirus



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Gobierno autonomias y coronavirusLo ocurrido en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas seguramente tendrá consecuencias para la salud que pronto se apreciarán. Pero también debería tener consecuencias de gran alcance en los aspectos más disfuncionales de nuestro ordenamiento jurídico y también servir como reflejo de las fortalezas y debilidades de nuestro modelo autónomo cuando se trata de situaciones de emergencia. Y mucho me temo que hoy estos son más evidentes que esos. Es cierto, y eso es bueno, que las comunidades autónomas en general han sido mucho más cautelosas que el gobierno central cuando restringían la movilidad de sus ciudadanos y mucho más restringidas cuando restringían sus derechos. Esto puede deberse a la falta de herramientas regulatorias adecuadas para hacerlo, o al temor a una tensión política excesiva, pero no se puede excluir que se deba a una mayor conciencia de las consecuencias económicas que, aunque espantosas, se siguen apreciando. mejor de cerca que de lejos. Pero también se han mostrado menos dotados de autoridad para tomar e imponer estas medidas. La beligerancia de algunos partidos y el prejuicio de algunos medios de comunicación ante las medidas de prisión selectiva adoptadas por el gobierno de Madrid a mediados de septiembre contrastaron notablemente con la aceptación resignada de las adoptadas a mediados de marzo por el gobierno de la nación, a pesar de ser estas infinitamente más rígido y sin un horizonte temporal específico. Ciertamente, visto lo que hemos visto, podría ser que lo que «deslegitimó» las restricciones no fuera tanto la competencia de la autoridad que las impuso, sino el signo político de las mismas. Por último, hablando de competencias, está claro que las comunidades autónomas -que ahora han chocado con el poder de control de los tribunales, ahora con las competencias de coordinación del Ministerio de Sanidad- no han podido ejercer sus competencias en materia de prevención de emergencias. sanitario. Y gran parte de la culpa de esto recae en un marco legal inexacto y desactualizado, tal vez lo suficiente para abordar crisis específicas, pero no para abordar una pandemia como esta, y que inexplicablemente el gobierno de la nación no ha tenido tiempo ni deseo de actualizar durante las últimas ocho. meses. Por supuesto, si el Gobierno hubiera querido intervenir en este asunto, quizás antes de delimitar claramente el alcance de sus competencias de coordinación, habría tenido que empezar por aclarar el alcance de sus instrumentos constitucionales, por ejemplo regulando más claramente sus consecuencias. sobre los derechos fundamentales de la declaración de alarma. Porque no solo llegamos tarde para salvar vidas. .