Hogares por «desprotección oficial» por IRPH



Ahora estás al día con Alicantur Noticias

Hogares por desproteccion oficial por IRPH

«El mayor error de mi vida». Así define Eduardo Villarramiel, de 49 años, la compra de su casa. Pero hace 14 años no sospechaba que algún día diría algo así. En 2006 recibió un sorteo de vivienda oficial (VPO) en el barrio Valladolid de Santos Pilarica. Dos años después, cuando el edificio estuvo terminado, formalizó la compra. Pero cuando firmó la hipoteca, el apartamento de 60 metros cuadrados en el que vive con su esposa e hijo se convirtió en un «hogar oficial sin garantía» para él.

Villarramiel es uno entre un millón de personas, según los cálculos de asociaciones de consumidores, que han comprado sus viviendas con préstamos referidos al IRPH, un índice hipotecario cada vez más caro que el Euribor (índice mayoritario del mercado). Pero su caso es un poco especial porque el objetivo era adquirir un VPO. Según sus cálculos, sobre el préstamo de 83.000 euros que solicitó hace 12 años, habría pagado unos 20.000 euros de intereses. Demasiado, dice, para quienes cobran una pensión de 840 euros mensuales por invalidez permanente.

Las plataformas afectadas estiman que hay más de 300.000 familias afectadas de una forma u otra por la compra de vivienda protegida. Es imposible saber con exactitud cuántos de estos casos se ha firmado una hipoteca con el IRPH, ya que estas asociaciones incluyen otras solicitudes como la devolución de las subvenciones, una ayuda mensual que el Gobierno abolió en 2013. Pero se puede suponer que son muchas porque fue la propia Administración la que, a través de varios planes estatales de vivienda, determinó el uso de este índice hipotecario mucho más caro hasta 2008.

Lejos de ser una ventaja, dado que adquirir una vivienda social significaba reconocer una cierta vulnerabilidad, su situación se ha convertido casi en un callejón sin salida. Si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abrió en marzo la posibilidad de anular las cláusulas impuestas por el IRPH, el Tribunal Supremo acaba de establecer la jurisprudencia que avala la actuación de las entidades. Las sentencias dejan algunas pequeñas lagunas para los compradores de libre mercado (alegaron que los casos analizados no eran abusivos, aunque faltó algo de transparencia en la fase de negociación), pero abrieron completamente el camino para las OPV. La primera sala del Tribunal de Casación aprobó por unanimidad un recurso de casación asegurando que el índice hipotecario está determinado por el reglamento, publicado en el BOE, y por tanto no poco transparente o abusivo. Fuentes bancarias coinciden en que «las instituciones se han limitado a seguir las condiciones marcadas por la Administración, tal y como ha recordado el Tribunal Supremo».

Compradores seguros

David González Serrano, quien defendió los intereses del cliente bancario en este recurso, muestra su disgusto por la sentencia: «La Corte Suprema lo resolvió con bastante rapidez». El abogado, afincado en Cáceres, apunta que su cliente compró la casa en 2009. Desde ese año los programas de vivienda protegida empezaron a hacer referencia al Euribor, podía hacer dos cosas: solicitar un nuevo préstamo según el plan superior o sustituto en el Préstamo desarrollador anterior, vinculado al IRPH debido al plan 2005-2008. Hizo el segundo; Pero González cree que «si le hubieran explicado, obviamente habría optado por la otra opción» porque el Euribor ya era mucho más barato. El abogado añade que este tipo de cliente firmó confiado «en que las condiciones que tendría su vivienda serían mejores que las del mercado libre».

Esta visión coincide con la historia de Karina Brizuela, que en 2009 compró una casa protegida en un pequeño pueblo asturiano. También lo hizo subrogándose al crédito promotor. “No nos dijeron que había más opciones y pensamos que esta era la mejor porque estaba regulada por el estado”, dice por teléfono, al igual que el resto de las personas consultadas. Esta mujer de 47 años asegura que tanto ella, que tiene un contrato docente temporal, como su marido, que trabaja por cuenta propia, son especialmente vulnerables a la crisis actual. La unidad familiar la completan dos hijos que están estudiando, por lo que cualquier relevo sería bienvenido para afrontar una factura que ronda los 480 euros al mes y que «al principio casi la mitad era de interés».

Con el proceso judicial cerrado, las asociaciones de interesados ​​creen que la única solución puede venir de la política, ya que ahí es donde está el origen del lío. El actual defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha emitido dos recomendaciones instando al Gobierno a «promover cambios regulatorios adecuados» para sustituir el IRPH por el Euribor en las hipotecas. El último se remonta al pasado mes de marzo, tras conocer la sentencia del TJUE. La primera, rechazada por el entonces Ministerio de Fomento, se remonta a 2017. Ese mismo año el PSOE promovió por la oposición una propuesta no legal en el mismo sentido. Fue aprobado por la Comisión de Promoción del Congreso con el apoyo de Podemos, Ciudadanos y Compromís.

Respuesta «decepcionante»

El pasado mes de julio, el diputado de Compromiso Joan Baldoví dirigió una pregunta parlamentaria al ejecutivo preguntando si tenía la intención de cumplir con esta propuesta. El gobierno respondió que «los tipos de interés previstos en los contratos de préstamo no están fijados por disposiciones públicas, sino que son el resultado del funcionamiento del principio de libertad de acuerdos entre prestamista y prestatario». Fuentes ejecutivas subrayan que «las sentencias del Tribunal Supremo afirman que el IRPH no es abusivo en sí mismo» y que «de momento y ahora es una referencia absolutamente válida». Para Baldoví, la respuesta a su pregunta fue «decepcionante» y seguirá insistiendo. “Lo único que le pedimos al Gobierno, y al PSOE, es ser consecuentes con lo que se pidió hace dos años y medio”, ha dicho el diputado.

Además, la respuesta no satisface a las asociaciones de interesados, quienes creen que no cumple con lo solicitado. “Los cambios anuales que se producen en las tasas de interés son una disposición administrativa del Ministerio”, explica Ángel de Sancha, abogado de la plataforma Vivienda Protegida Sí. Dado que las regulaciones estatales prevén un coeficiente de reducción del índice aprobado, todos los años, según el Gabinete, se publica una resolución que fija las tasas de interés. Los de este 2020 son del 1,66% para el VPO del plan 2005-2008, mientras que el Euribor es negativo (por tanto, solo se abonaría el diferencial aplicado por la entidad). La mayor diferencia entre los dos índices, alrededor de 2,5 puntos, se alcanzó en 2014.

El diputado Baldoví cree que «se debe establecer un nuevo método de cálculo» para que el precio de estos préstamos «nunca supere al del mercado libre»; y González, el abogado de Cáceres, ve un margen legal para hacerlo «modificando las ordenanzas ministeriales que subvencionan al IRPH». Es decir, si no se elimina este indicador, al menos el Gobierno le aplicará una reducción mayor para compensar la diferencia con el Euribor. De Sancha cree que debemos ir más allá. «El instrumento legislativo es importante», subraya, y por eso pide «que se vote en Cortes una ley para reparar el daño causado a todos los afectados por su derecho constitucional a la vivienda».