Justicia rechaza denuncia de Orcel contra Santander por fraude



Las mejores noticias en Alicantur Noticias

Andrea Orcel, izquierda, Ana Botín y el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, posan cuando anunciaron el fichaje del italiano.
Andrea Orcel, izquierda, Ana Botín y el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, posan cuando anunciaron el fichaje del italiano.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la inadmisibilidad de la denuncia por supuesta falsificación en un acto mercantil u oficial y fraude procesal presentada por el banquero Andrea Orcel contra el Banco Santander, organismo del que estuvo a punto de convertirse número dos. Fue precisamente la suspensión de su empleo lo que motivó la denuncia presentada por el banquero italiano.

La decisión, que no afecta a la causa civil, actualmente pendiente, en la que Orcel exige al banco 112 millones de euros por la cancelación de la firma, ratifica el criterio del juez de instrucción, que se negó a admitir la denuncia para su tratamiento, al considerar que el los hechos no fueron constitutivos del delito.

Como se adelantó este lunes El confidencial, el italiano denunció que Santander había presentado información falsificada -en particular, varios correos electrónicos y algunas actas del comité de nominaciones- en su respuesta a la solicitud de no empleo. Sobre estos hechos, Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Educación nº 4 de Madrid, se pronunció el 11 de febrero, que descartó que los hechos denunciados fueran constitutivos de delito. Decisión que ha sido aprobada recientemente por el art. 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, que recuerda que debe ser el juez encargado de la causa civil quien deba plantearse si admite o no dicha documentación.

Hace apenas dos semanas, el tribunal vio el último de los recursos de Orcel, en este caso por la supuesta contradicción del juez de instrucción, quien declaró cerrado el caso a pesar de que la denuncia no fue admitida a tratamiento. Según el banquero, ambas decisiones son «incompatibles y contradictorias», por lo que solicitó a la Audiencia Provincial que revoque la respuesta del magistrado al recurso de reforma, no en vano «hay claros indicios de un delito».

En esta ocasión, el juzgado -a bordo de un coche al que tuvo acceso la EFE- coincide parcialmente con el italiano, pues «no procede dictar una disposición de despido temporal» cuando la denuncia no fue admitida como no se apreció ninguna evidencia. Sin embargo, se opone a entrar a «reevaluar los hechos según lo previsto en el recurso de apelación», ratificando así el cierre definitivo de esta vía. Las fuentes bancarias se negaron a comentar sobre el asunto.

Por otro lado, el caso de la demanda de Orcel contra el banco por cancelar la contratación del CEO sigue activo. Tras la previa del pasado mes de septiembre concluida sin acuerdo, el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha fijado el juicio para el próximo 10 de marzo, en el que intervendrá la presidenta de la institución, Ana Botín.

La disputa entre Orcel y Santander comenzó en 2019, cuando el italiano demandó al banco por cancelar la contratación, que se anunció públicamente unos meses antes, lo que provocó que abandonara su puesto de alta dirección en UBS. Santander frustró la contratación del banquero tras comprobar que tendría que comprometerse a pagar el salario diferido de Orcel durante siete años, un precio «inaceptable» en palabras de Botín; El banco también aclaró que cuando anunció el fichaje no era posible anticipar el costo final exacto para el grupo.

Sin embargo, Orcel argumenta que Santander violó un preacuerdo en el que se ofrecía un bono de transferencia de 17 millones y un salario similar al del actual consejero delegado, en torno a los 10 millones anuales, mientras que el banco señala que dicha oferta » nunca se materializó y no es el contrato que exige la ley ”. Además, Santander dice que Orcel ha aumentado sus demandas y expresó la necesidad de compensar una nueva y supuesta pérdida de remuneración por su destitución de UBS en relación con el incumplimiento. recibo de dividendos e intereses, que estimó en unos 3 millones de euros.