La agricultura y las comunidades seguirán negociando la distribución de los fondos de la PAC hasta el otoño



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Los agricultores protestan en la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid este miércoles.
Los agricultores protestan en la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid este miércoles.Isabel Infantes / Europa Press

El consejero de Agricultura, Luis Planas, y los concejales de la rama de las comunidades autónomas no han llegado a ningún punto de compromiso y solo han acordado en la reunión de este miércoles continuar las negociaciones para la preparación, antes de fin de año, de un Plan de ubicación estratégica donde ubicar los más de 47.000 millones de euros que recibirá España de la Política Agraria Común (PAC) en el periodo 2023-2027. Como era de esperar, la jornada sectorial destacó la existencia de importantes diferencias, tanto entre comunidades como en relación con el documento elaborado por el Gobierno. En este contexto, no hubo acuerdo. Sin embargo, la conferencia dio luz verde al documento sobre agricultura, pero solo como base para futuros debates. El ministerio también continuará las negociaciones con las organizaciones agrícolas.

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Planas reconoció la existencia de importantes diferencias entre las posiciones de los diferentes gobiernos regionales dada la gran diversidad de la agricultura en cada territorio y elogió el espíritu de consenso de los concejales. En esta línea, las negociaciones técnicas continuarán a partir de la semana que viene de cara a una nueva y definitiva conferencia sectorial en otoño, que debería servir para tener listo el plan y presentarlo en Bruselas a finales de año. La ministra también destacó en declaraciones a los medios, tras el encuentro, la necesidad de avanzar hacia una PAC con una distribución más equitativa, social y sostenible donde habrá un mayor apoyo a jóvenes y mujeres.

Tres de los ejes más importantes del debate, a partir de la propuesta oficial, fueron los eco-esquemas o medidas ambientales complementarias voluntarias que el sector agrario puede implementar para recibir más fondos, los procesos de convergencia de pagos en una misma región para un agricultor. cobrar lo mismo a otro por la misma actividad y qué grupo de solicitantes será la ayuda prioritaria para recibir la ayuda.

Estrechar las regiones

Para los eco-esquemas, la propuesta oficial es asignar el 25% de los fondos, el 23% de los pagos directos y el 2% de las medidas ambientales de los fondos de desarrollo rural. La política de convergencia también negociará sobre la propuesta de rebajar las regiones salariales actuales de 50 a 20, frente a la posición de las distintas comunidades que piden una reducción mayor. La agricultura espera que la convergencia de la ayuda en la misma región alcance el 85% en 2027 y el 100% en 2029 como paso preliminar para la eliminación de los derechos de pago individuales históricos actuales.

En cuanto a los pagos como ayudas directas vinculadas a la producción, serán el 12,4% de los fondos, más el 1,95% solo para las proteaginosas. Los beneficiarios deben estar inscritos en el Régimen Especial de Autónomos Agrarios o que una parte significativa de sus ingresos totales, al menos el 25%, provenga de la actividad agrícola. Asimismo, dada la diversidad de tipos de agricultura existente en el país, también se considerarán profesionales aquellos que reciban ayudas iguales o inferiores a 5.000 euros para apoyar la agricultura a tiempo parcial.

Las ayudas a la renta básica, de nuevo según la propuesta básica, tendrán un techo de 100.000 euros, con rebajas del 25% entre 60.000 y 75.000 euros; 50% entre 75.000 y 90.000 euros; y el 85% entre 90.000 y 100.000 euros. Solo se abonarán aportaciones iguales o superiores a 300 euros. Los jóvenes recibirán el 3% de los pagos directos, más otras ayudas complementarias. La propuesta prevé el pago redistributivo y complementario a las primeras hectáreas de explotación por un importe equivalente al 10% de los pagos directos. Si el beneficiario es una mujer, esta cantidad se incrementa en un 5%.

En definitiva, se trata de una propuesta para seguir negociando con un cronograma de implementación de seis años para el plan, a partir de 2023, para que a partir de 2029 haya otra redistribución de fondos. Con ello se pondría fin al reparto actual en base a los acuerdos de 2015, donde se han establecido unas condiciones que han favorecido fundamentalmente al sector en Andalucía.