La Autoridad Tributaria (Airef) recomienda que los trabajadores autónomos contribuyan en función de sus ingresos reales



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Oficina de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Oficina de trabajo en la Comunidad de Madrid.EFE

La Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (Airef) defendió este miércoles que la cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, una propuesta que ya está sobre la mesa de gobierno y que esta tarde será debatida por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá y agentes sociales. Mientras tanto, el organismo encargado de velar por la eficiencia del gasto público y la estabilidad presupuestaria recomienda mantener la tarifa plana para este colectivo de trabajadores, más en una situación complicada como esta.

Esta es una de las conclusiones a las que llega Airef en un informe sobre los siete incentivos para la contratación y el autoempleo en el período 2013-2018. Airef ha evaluado en su análisis siete políticas concretas -algunas de las cuales ya no están vigentes- que en 2018 supusieron un desembolso de aproximadamente 2.000 millones: las dirigidas a los menores de 30 y mayores de 45, mujeres de los sectores en los que están infrarrepresentadas, a la transformación. contratos de duración determinada en indefinidos, la empleabilidad de las personas con discapacidad y el trabajo por cuenta propia (en este último caso, la atención se centró en tarifas planas y bonificaciones y bonificaciones específicas).

«Un sistema de cotización acorde con los ingresos reales es mejor», dijo la presidenta de Airef, Cristina Herrero, refiriéndose al régimen actual para los autónomos -que les da la posibilidad de elegir su base de cotización- durante una rueda de prensa. virtual celebrado este miércoles. «Pero por el momento parece apropiado mantener la tarifa plana, fortaleciendo el control y la inspección».

En concreto, el estudio refleja que la tarifa plana para los autónomos -que fija una tasa de 60 euros el primer año y primas decrecientes para los siguientes- ha favorecido en un 17% la matrícula de los jóvenes en el sistema al inicio de su cuestión, en 2013, aunque tuvo un mayor impacto entre quienes estaban recientemente desempleados y tenían un nivel de educación medio-alto. Esta ayuda también redujo la probabilidad de baja en un 10%, a pesar de que su efecto no es uniforme en el tiempo, perdiendo impulso con la finalización del incentivo. Esta ayuda habría supuesto un coste neto de entre 41,5 y 34,3 millones de euros al final del período de incentivo.

«La necesidad de incentivos futuros estaría condicionada por el diseño del nuevo sistema de cotización», concluye el informe. En cualquier caso, deberían incidir medidas que mejoren la supervivencia del autoempleo: asesoramiento, formación, planes de viabilidad, etc., en coordinación con las comunidades autónomas ”.

Los incentivos no pueden reemplazar las reformas estructurales

El estudio Airef reconoce que los incentivos públicos para la contratación de trabajo, pero con matices: sus efectos son limitados en el tiempo, hay poco ajuste entre oferta y demanda y no se hace lo suficiente para promover la formación. La agencia especifica que la reducción del 50% en incentivos llevada a cabo entre 2012 y 2014 aceleró la caída del empleo del -2,73% al -2,96% y, en general, recomienda reorganizar y reducir el número incentivos y focalizarlos en colectivos con baja empleabilidad. Pero también lanza una advertencia más profunda: estas políticas no pueden servir para abordar problemas crónicos del mercado laboral español como las elevadas tasas de temporalidad y desempleo, ya que se deben implementar reformas estructurales para tal fin.

El estudio presentado este miércoles concluye la segunda fase del Revisión de los gastos encomendado a Airef, y que cubría una partida de gasto público superior a 50.000 millones de euros divididos en cuatro proyectos (exenciones fiscales, infraestructuras, gasto farmacéutico hospitalario e incentivos a la contratación). La agencia recuerda que el período analizado para este último informe, destinado a conocer si los incentivos favorecen la empleabilidad de algunos colectivos y favorecen la contratación permanente, es peculiar por los efectos de la crisis financiera, que ha llevado el desempleo más allá 25% y provocó una gran dispersión y profusión regulatoria de las ayudas, con continuos cambios en las políticas y criterios de elegibilidad y duración.

La institución advierte que para poder enfocar los incentivos de la mejor manera hacia colectivos específicos con baja empleabilidad, es necesario mejorar el sistema para identificar estos colectivos en todo momento. Además, subraya que «un sistema más focalizado permitiría incrementar los importes y hacerlos más atractivos». Airef advierte también de la necesidad, reafirmada en todos sus estudios, de una mayor evaluación en marcha apoyo y coordinación entre administraciones públicas, e insiste en que hay mucho margen de mejora en los programas de formación, que no deben limitarse a los trabajadores más jóvenes y deben basarse en promover programas que permitan la personalización de la atención para quienes buscan trabajo.

Sin embargo, la agencia reconoce que en momentos específicos de recesión, las políticas de incentivo al empleo son más efectivas y pueden actuar como estímulo, aunque deben ser focalizadas tanto en términos de beneficiarios como de duración. «Por ejemplo, los planes temporales ahora podrían ser efectivos para los jóvenes» para promover la contratación, concluyó Herrero.