La buena noticia del fin del estado de alarma



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Una pareja de turistas, en un bar de Barcelona, ​​durante el primer día sin toque de queda en Cataluña.
Una pareja de turistas, en un bar de Barcelona, ​​durante el primer día sin toque de queda en Cataluña.Enric Fontcuberta / EFE

El fin del estado de alarma es una buena noticia. Significa que lo peor de la pandemia ha pasado y que la excepcionalidad ya no es esencial.

Hace apenas 14 meses nuestra vida cambió. Ante una amenaza para la salud sin precedentes, el gobierno tomó la muy difícil decisión de declarar el estado de alarma en todo el país, limitando los derechos fundamentales para prevenir infecciones. Hemos pasado meses muy duros, con cifras insoportables y un colapso de la salud. Y el gobierno es consciente del enorme costo que las restricciones han tenido para los ciudadanos. Un coste en forma de crisis económica y emocional que hemos asumido como sociedad para preservar un bien mayor: nuestra vida y nuestra salud.

A pesar de las brutales críticas recibidas, pocos dudan hoy que el recurso a la excepcionalidad permitida por la Constitución ha sido un éxito. Hace un año, con datos epidemiológicos muy complicados, el líder opositor desestimó el estado de alarma como una «aberración legal y constitucional», ignorando que proporcionaba a todas las autoridades involucradas herramientas legales efectivas para combatir el virus.

Lamentablemente en todos estos meses la oposición siempre ha jugado en contra; la pandemia como una oportunidad para un ataque político permanente. Incluso ahora, con una situación de salud muy diferente. Pero la irresponsabilidad y deslealtad de la oposición no exime al gobierno de responsabilidad. El derecho de excepción debe existir solo mientras sea absolutamente esencial. Tan pronto como sea posible, la obligación de un gobierno democrático es garantizar que los ciudadanos y las autoridades públicas vuelvan a la normalidad. De hecho, el Consejo de Europa ya ha pedido que las situaciones de emergencia se prolonguen lo menos posible.

Ya tenemos el 28% de la población con al menos una dosis de la vacuna y más del 80% de nuestros adultos mayores. Comunidades como Valencia llevan una semana sin muertes por covid y muchas otras muestran tendencias favorables. Es una buena noticia que la pandemia se esté calmando y que podamos volver gradualmente a esa normalidad tan esperada.

Pero el fin del derecho de excepción no significa el fin de las restricciones. Ni mucho menos. La amenaza del virus persiste. Por eso las autoridades deben seguir actuando y el público debe comportarse de manera responsable. Nuestro sistema legal cuenta con mecanismos suficientes para ello, adaptados a la etapa de la pandemia en la que nos encontramos y menos dañinos para los derechos fundamentales. Esta normalidad hace que las autoridades vuelvan a ejercer sus competencias en materia de salud pública fuera de un estado de alarma. Tenemos una ley general de salud pública, una de medidas especiales de salud y otra de seguridad nacional. Las administraciones locales también cuentan con herramientas útiles para la prevención. Y cuando sea necesario adoptar disposiciones que limiten los derechos fundamentales, se deberá obtener autorización judicial. Este es el sistema actual en nuestro país.

Este procedimiento, por el que algunos hoy critican al gobierno, fue incorporado a nuestra ley de fuero contencioso-administrativo en el año 2000, durante el gobierno de Aznar. En otras palabras, existe desde hace más de dos décadas. En los últimos años, los jueces contencioso-administrativo se han preocupado por autorizar o no limitar medidas de derechos fundamentales. Con este modelo abordamos, por ejemplo, la crisis del Ébola y el período posterior al primer estado de alarma en esta pandemia. Y nadie cuestionó la constitucionalidad del procedimiento, ni se dijo que se prosiguiera la lucha contra la pandemia.

En este contexto, el gobierno ha hecho dos cosas. Por un lado, el procedimiento de autorización judicial fue reformado el pasado mes de septiembre para atribuir competencia a los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional cuando no se haya identificado individualmente a los destinatarios de las medidas sanitarias. Esta reforma fue acogida en su momento y tiene sentido, ya que hace coincidir la competencia territorial de la autoridad judicial con la de la autoridad sanitaria que suele adoptar estas medidas, el gobierno regional. La segunda innovación que hemos introducido, en el Real Decreto Ley 8/2021, recientemente aprobado, es un recurso específico para que el Tribunal Supremo pueda revisar las decisiones adoptadas por cada Tribunal Superior. Fue una solicitud de los presidentes de estos tribunales y una medida necesaria para que la máxima autoridad judicial del país unificara los criterios utilizados para ratificar o denegar las medidas sanitarias. Con estos ajustes, el gobierno entiende que el marco legal es adecuado para combatir la pandemia en la etapa en la que nos encontramos. Es un marco flexible y de garantía, que permite a las autoridades sanitarias adaptar las decisiones y medidas necesarias a cada situación territorial. Y deben ser los jueces quienes ejecuten la sentencia de proporcionalidad si es necesario tomar medidas restrictivas de derechos.

Este es el funcionamiento normal de nuestro estado de derecho y aquellos que proponen reformas legales para evitar tal escrutinio simplemente no entendieron nuestro diseño constitucional. También es razonable que, en caso de desigualdad de criterios, nuestro Tribunal Superior establezca pautas comunes para todo el país. ¿Quién más lo habría hecho? Por supuesto, si sus resoluciones revelan la necesidad de más cambios legales, serán estudiadas y propuestas a los tribunales.

Finalmente, los gobiernos autónomos siempre tienen la opción de solicitar la declaración de su territorio, en la medida que lo estimen, del estado de alarma. Es una posibilidad expresamente prevista en nuestra legislación, que el gobierno central ya se ha comprometido a apoyar. Por tanto, ni los jueces gobernantes, ni el abandono de responsabilidad o el abandono de los gobiernos autónomos. Lo que hay es simplemente una buena noticia. Dejemos la excepcionalidad, porque la situación de salud lo permite, y volvamos a las reglas ordinarias de nuestro estado de derecho.

Juan Carlos Campo Es ministro de justicia.