La Corte Constitucional refrenda las medidas contra la pandemia, pero con la cobertura legal del estado de excepción



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Sede del Tribunal Constitucional de Madrid.
Sede del Tribunal Constitucional de Madrid.EFE

El proyecto de sentencia que trata el Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma refrenda las medidas que ha adoptado el Gobierno ante la pandemia, pero considera que se ha producido una suspensión de derechos fundamentales, y no una mera limitación. Por tanto, cree que el instrumento legal que debería haberse utilizado es el del estado de excepción y no el del estado de alarma.

El texto sostiene que el confinamiento y suspensión de derechos que conllevaba está plenamente justificado por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia, y dedica parte de su presentación a explicar que se han tomado decisiones similares en todos los países afectados, por lo que hay reproches a la reacción del Gobierno por la protección de la salud pública. Ahora, el proyecto de sentencia argumenta en paralelo que el paraguas legal que correspondía a estas medidas es el del estado de excepción, que debe ser aprobado por las Cortes, mientras que la alarma es decretada por el Ejecutivo y luego aprobada por el Parlamento.

El borrador de la sentencia, por tanto, considera que era contrario a la Constitución suspender los derechos de residencia, reunión y libre circulación declarando el estado de alarma, aunque no todos los magistrados coinciden en este punto de vista en la Constitución. Fuentes del tribunal de garantías aseguran que habrá mucha discusión sobre estos extremos, porque un sector del poder judicial cree que estos derechos no fueron suspendidos durante el encierro, sino simplemente limitados. Y añaden que para esta limitación no sería necesario acudir a la declaración del estado de excepción.

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La tesis del proyecto de sentencia -de la que el juez Pedro González Trevijano es ponente- parte de la consideración de que cuando se decretó el estado de alarma en España se suspendieron inmediatamente los derechos de residencia, reunión y libre circulación, y se ejerció la población privada. ellos. El texto sostiene que la posibilidad de salir de casa para intervenciones de emergencia, o ir al supermercado, o incluso comprar el periódico o pasear al perro, no niega la suspensión de derechos. Por tanto, lo conveniente en la situación de emergencia sanitaria era actuar como se hizo, pero llamando a las cosas por su nombre, y ese nombre, en el caso de las suspensiones de derechos antes mencionadas. Es el estado de excepción.

Quienes en la corte creen que no hubo tal suspensión, sino una mera limitación, citan que durante el encarcelamiento también hubo manifestaciones, ante las cuales algunos tribunales superiores de justicia no coincidieron, tanto que en algunos casos fueron autorizados y en otros no. El hecho de que fueran permitidos – y en otros casos tolerados – demostraría que los derechos fundamentales han sido limitados, pero no que han sido abolidos temporalmente, ya que han sido suspendidos. En este sentido, se recuerda que algunas movilizaciones toleradas comenzaron con cacerolas contra el gobierno en el barrio de Salamanca de Madrid y se convirtieron en manifestaciones en una de sus calles, Núñez de Balboa, donde este derecho se ejercía bajo la mirada de la policía, sin realmente tomando medidas.

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