La Corte Suprema anula la decisión de una cantina de prohibir las propinas



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Madrid

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La Corte Suprema declaró la decisión de un cantina que prohibía a sus empleados aceptar propinas, entendiéndose que se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que deben seguir los procedimientos a que se refiere el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. La sentencia anula un precedente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y declara el derecho de las personas afectadas por el conflicto colectivo a seguir recibiendo propinas de los clientes. Además, obliga a los trabajadores a no excluir a aquellos trabajadores temporales, que hasta ahora no los han recibido, lo que el Tribunal Superior considera contrario a la legislación nacional y comunitaria.

La empresa Serunión SA, que cuenta con cinco cafeterías en Asturias y alrededor de 110 empleados, decidió en 2018 anular el buque insignia «latas», lo que fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. A partir de ese momento, los receptores anunciaron que «no se permiten propinas», mientras que, a su vez, explicaron que «nuestra mejor recompensa es que vuelvas a vernos, por eso no aceptamos propinas». Este camino asumió trabajadores con un ingreso entre 90 y 100 euros al año. Además, los empleados no recibieron comunicación escrita de la empresa «en los términos previstos por la legislación vigente».

El Tribunal Supremo acepta el recurso de casación presentado por CC.OO. y explica que el Tribunal Supremo de Asturias “ha deducido del extraremunerativo y de la muy libre ontología de la punta la imposibilidad de que constituya una condición de trabajo cuya alteración debe estar sujeta a las reglas de esta figura”. Por ello explica que “la eliminación de esta oportunidad de lucro por parte de la empresa constituye un cambio significativo, no tanto en su dimensión económica (siempre incierta) sino en los aspectos relacionados con el entorno laboral y la existencia de incentivos o retribuciones”. .

El Tribunal Supremo recuerda que “la empresa puede pactar válidamente la prohibición de que su personal sea remunerado por los clientes, en virtud de su poder de organización y dirección (artículos 1.1 y 20.1 del Estatuto de los Trabajadores). Ahora bien, cuando preexista esta posibilidad de ganancia económica y compensación moral, deberá seguir el procedimiento establecido al efecto por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ya que se encuentra ante una condición de trabajo cuya eliminación tiene relevancia desde diferentes perspectivas.

La sentencia fue apoyada por cuatro de los cinco magistrados que la firmaron. El dictamen disidente considera que el recurso de casación debió ser desestimado por el hecho de que «el empleador pudo tomar su decisión sin tener que recurrir al procedimiento previsto en el artículo 41 ET, básicamente porque era una condición de la relación con sus clientes y porque los efectos de esta decisión sobre los trabajadores permanentes fueron de escaso valor e importancia, lo que impidió, como se mencionó anteriormente, su consideración como una modificación sustancial, teniendo en cuenta los reiterados y consolidados criterios de nuestra jurisprudencia ”.

Además, este magistrado destaca que “el hecho de que la decisión de la empresa, (enmarcada, se insiste, en el contexto de sus relaciones comerciales con los clientes y su política comercial) pueda ocasionar perjuicios a los trabajadores, ello implicaría la necesidad de compensar tal daño, aunque sea de una pequeña cantidad; indemnizaciones que hubieran podido establecerse mediante negociación con los representantes de los trabajadores y, en su defecto, por convenio o, en última instancia, por definición jurisdiccional ”.

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