La eliminación de los afloramientos vuelve a su limbo



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Última sesión plenaria del Senado en 2020, el 23 de diciembre.
Última sesión plenaria del Senado en 2020, el 23 de diciembre.David Fernández / EFE

Todos los partidos han apoyado en algún momento la eliminación de las calificaciones de los políticos, pero nunca se ha avanzado en esta dirección. Las iniciativas de ambos, desde la del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), en 2014, a la del Primer Ministro, Pedro Sánchez, en 2018, se evaporaron sin avances. La pandemia que lo ha devastado todo desde marzo también ha impulsado las prioridades anteriores al coronavirus. En las campañas electorales de 2019, Sánchez destacó la necesidad de avanzar en la regeneración democrática, pero un año después del inicio de la legislatura, no se sabe nada de este compromiso.

“Reformaremos la Constitución para acotar las perspectivas políticas, limitándolas al ejercicio de la función por los cargos públicos”, dice el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos, firmado hace un año. La pregunta de ambos lados del Ejecutivo sobre el estado actual de esa promesa suena, sin embargo, a una desviación del guión en el que cae. No hay progreso. Como si lo que fuera de máxima urgencia en el último trimestre de 2018, cuando Sánchez vino a anunciar una reforma rápida de 60 días para limitar la enorme cantidad de indicadores en España, no lo fuera dos años después.

No hay ningún país donde tanta gente disfrute de este privilegio, estimado en 250.000 en 2018. La mayoría son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (unos 232.000), que no se verían afectados por las iniciativas propuestas. En el plano político, el trato es una prerrogativa constitucional con la que las causas penales de diputados, senadores y miembros del Gobierno se investigan y juzgan en la Corte Suprema y no en los tribunales ordinarios. Pero no solo ellos. Habría que sumar los parlamentarios y los miembros de los gobiernos regionales, evaluados a través de sus estatutos de autonomía, los jueces y fiscales y también los Reyes, los Reyes Eméritos y la Princesa de Asturias, evaluados a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las comunidades autónomas son las que tomaron la iniciativa. Canarias fue el primero en retirar esta figura de su Estatuto de Autonomía en 2018. En la pasada legislatura, Murcia, Cantabria y Baleares también iniciaron trámites para reformar los propios y eliminar las urnas, pero la solicitud de elecciones en febrero 2019 paralizó los planes antes de su aprobación por el Congreso y el Senado. El nuevo rumbo político ha vuelto a intensificar la tramitación. En el caso de Cantabria y Murcia, ya está en manos del Senado. En ambos casos, la inestabilidad política en la administración central pesó sobre los planes de reforma lanzados en 2017.

En octubre pasado, Ciudadanos presentó una moción en el Senado para retirar este privilegio a más de 2.000 cargos públicos. Tanto el PP como el PSOE votaron en contra. Los senadores socialistas han defendido que el gobierno quiere retirar la investigación, pero solo por delitos cometidos fuera del ejercicio del mandato, que en CS consideran una «broma». El PP aseguró que «no es el momento de reformar la Constitución, sino de potenciarla y defenderla» ante los miembros del Ejecutivo.

El gobierno de coalición obvia así una cuestión compleja, en la que además de verbalizar la necesidad de poner fin a una anomalía democrática, nunca ha habido un atisbo de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Dos meses después de que Sánchez anunciara la reforma expresada en 2018, nada había avanzado y ningún partido había ofrecido su apoyo parlamentario. Esta reforma de la constitución requeriría una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado.

Unidos también podemos desvincularnos de la propuesta del PSOE, considerando que también debe acabar con la condición de rey emérito como indicador y que debe hacerse mediante referéndum. En virtud de lo que se firmó en el acuerdo de gobierno con el PSOE, hoy estarían de acuerdo con la fórmula socialista. Es decir, si algún día deciden ponerlo en marcha.