La empresa que administrará la operación Chamartín perdió 4,3 millones el año en que se aprobó el proyecto



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Vista aérea del Territorio de Desarrollo Urbano de Madrid Nuevo Norte, en una imagen de 2019.
Vista aérea del Territorio de Desarrollo Urbano de Madrid Nuevo Norte, en una imagen de 2019.LVARO GARCÍA

Distrito Castellana Norte (DCN), la empresa propiedad de BBVA, Constructora San José y Merlin Properties que se ocupa de la urbanización de Madrid Nuevo Norte, recibió una buena noticia en 2020, aunque por el momento no se ha trasladado a sus cuentas anuales, que Recientemente se inscribió en el registro mercantil. En estos, la compañía registró pérdidas de 4,3 millones de euros en el año, un 11% menos que las pérdidas de 4,9 millones de euros de 2019. El resultado antes de impuestos (la sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal con el grupo BBVA, su matriz empresa) también negativo por 6 millones, uno menos que el año anterior.

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Pero la continuidad en grandes números no refleja la importancia que tuvo para la empresa el año pasado. Como se desprende de la parte explicativa de las cuentas anuales, el 24 de julio de 2020 el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid completó el último trámite para poner en marcha Madrid Nuevo Norte, uno de los mayores proyectos urbanísticos de Europa. También conocida como Operación Chamartín, aludiendo a la estación de tren cuyo terreno está en el origen de todo un plan inmobiliario para el norte de la capital que abarca 2,6 millones de metros cuadrados (imagínense más de 900 campos de fútbol juntos), fue bloqueado desde su inicio. inicios en 1993. Ese fue exactamente el año en que se fundó DCN, entonces bajo el nombre de Desarrollo Urbanístico Chamartín SA. Tras el visto bueno del Ayuntamiento y la Diputación «no existen circunstancias que impidan que el actual proyecto se complete en el plazo de cada fase», afirman las cuentas anuales, 27 años después.

Un paso demasiado decisivo para no encontrar un reflejo en la actividad de DCN. Las cuentas, por ejemplo, muestran un incremento sustancial de 321.490 euros en activos fijos intangibles dentro del sector de aplicaciones informáticas. “Las adquisiciones registradas en el ejercicio 2020 por este concepto corresponden principalmente a Software para la gestión urbana ”, aclara el informe anual. En inventarios, donde la compañía valora sus terrenos y terrenos en casi 125 millones de euros, realiza un gasto de casi 7 millones en 2020 en «estudios técnicos, alquiler de estructuras, honorarios de arquitectos, consultoría jurídica y urbanística» y » Gastos de personal relacionados con el nuevo borrador de modificación del Plan General ”, paso necesario solicitado por el Ayuntamiento para dar el visto bueno definitivo a la operación, aunque ésta no se salvó de contratiempos posteriores.

Ampliación de la plantilla

El apartado de personal, de hecho, es uno de los que ha registrado cambios más sustanciales. La plantilla pasó de 45 a 55 personas y el gasto pasó de 5 millones en 2019 a 6,5 ​​millones el año pasado. La alta dirección, por su parte, recibió una retribución inferior a la del año anterior, pasando de 2,4 millones a 1,8 millones. Y también las retribuciones y dietas del consejo de administración, integrado íntegramente por hombres, bajaron de 661.490 € en 2019 a 250.000 € el año pasado. El capítulo de gastos también incluye más de 764.000 euros para el alquiler de su sede y oficinas comerciales, así como el alquiler de fotocopiadoras y vehículos. Y la provisión a corto plazo de 7,5 millones para atender una denuncia de la Dirección Tributaria de la Comunidad de Madrid que generó un litigio judicial de larga data que finalmente se resolvió el año pasado.

DCN cerró 2020 con un capital social de 175,9 millones de euros, tras una ampliación de capital de casi 8 millones aprobada a finales de año. Esto no modificó el porcentaje de participación de los tres accionistas de la compañía, con BBVA en la mayoría (75,5%), por delante de Merlín (14,5%) y Constructora San José (10%). En eventos posteriores se advierte una nueva prórroga pactada este año por 20 millones, aprobada por la asamblea de accionistas, así como por los estados financieros, el pasado mes de mayo.

Los informes incluyen la convocatoria de esa reunión, en la que aparece la única alusión tangencial a la batalla que libran los tres socios por el control de la empresa. BBVA, con su abrumadora mayoría de control, ha incluido en el orden del día una modificación de los estatutos sociales que elimina el derecho de compra preferente de los accionistas en caso de venta de acciones a terceros. Merlín, que en 2019 compró su participación a San José y nunca ha ocultado su interés en ampliar posiciones (para lo cual la adquisición preferencial es una gran ventaja), se ha aliado con la constructora para llevar este cambio a arbitraje y solicitar la suspensión cautelar de medición.

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