La falta de coordinación entre los ministerios ante la llegada de los barcos se desborda desde Canarias



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El puerto de Arguineguín (Gran Canaria), donde pernoctaron este miércoles más de 1.300 personas, algunas al aire libre.
El puerto de Arguineguín (Gran Canaria), donde pernoctaron este miércoles más de 1.300 personas, algunas al aire libre.Elvira Urquijo A. / EFE

Una nueva recuperación en la llegada de los barcos ha vuelto a abrumar a Canarias. Las islas recibieron este año a más de 10.000 migrantes, un tercio de los registrados en 2006, el peor año de la llamada crisis de Cayuco. Se trataba de un desafío anunciado desde septiembre de 2019 –cuando las fuerzas de seguridad habían previsto la reapertura de esta ruta migratoria– pero la falta de un plan y las dificultades impuestas por la pandemia han elevado un pico específico de desembarcos a la categoría de crisis. Desde el miércoles, alrededor de 1.300 personas han dormido en el suelo del muelle de Arguineguín (Gran Canaria) por falta de instalaciones para atenderlas.

El ejecutivo de Pedro Sánchez, absorto por la crisis sanitaria, económica y política, acelera ahora las soluciones para descongestionar las islas, que retoman parte de su actividad turística este fin de semana. La vicepresidenta Carmen Calvo convocó a todos los secretarios de Estado con responsabilidad migratoria, incluidos los de Relaciones Exteriores, Seguridad y Migración, en una reunión en línea este viernes. Según fuentes familiarizadas con la reunión, también asistió a la reunión la directora de la CNI, Paz Esteban, pero no Difesa, aunque fue convocado. La situación en Canarias ha acaparado el partido. El mensaje del vicepresidente, que coordina los ministerios que se ocupan de la gestión migratoria, fue claro: este es un problema de gobierno y no solo un ministerio, todos deben trabajar juntos. Y lo antes posible.

La falta de armonía entre los ministros dificultó la gestión de los desembarcos en el archipiélago. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, encargado de acoger a los migrantes, mantuvo abiertos varios frentes durante semanas. El primero es con el Ministerio del Interior, que detiene los traslados a la Península. El departamento de Fernando Grande-Marlaska, a la espera de poder retomar las expulsiones desde que fueron suspendidas en marzo por el cierre de las fronteras, rechaza numerosos retornos de migrantes al continente, considerándolos un incentivo para que más personas crucen el Atlántico.


La falta de coordinacion entre los ministerios ante la llegada

Rutas migratorias a Canarias

Líder blanco (Sahara Occidental)

Fuente: rescate marítimo.

PAÍS

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Rutas migratorias a Canarias

Líder blanco (Sahara Occidental)

Fuente: rescate marítimo.

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Rutas migratorias a Canarias

Líder blanco (Sahara Occidental)

Fuente: rescate marítimo.

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Sin embargo, los traslados a la Península son cruciales para las Migraciones porque su red de acogida, particularmente precaria en las islas (en 2019 solo había 70 plazas, ahora hay 3.500), es sostenible solo si se compensa la entrada de nuevos usuarios con la partida de los demás. Pero sin eyecciones o derivaciones, no hay rotación. En la Península el 55% de los lugares en la red son gratuitos, pero los migrantes indocumentados que llegan a las islas no pueden salir sino con un pase policial, autorización que les fue otorgada de manera discreta y en un abrir y cerrar de ojos: cerca de 1.200 desde septiembre pasado.

También hay desacuerdos entre el Ministerio de Migración y el Ministerio de Defensa. El último se debe al uso de aviones militares para futuros traslados de migrantes a la península. La defensa se ha mostrado dispuesta a transportarlos, pero pide garantías de salud y seguridad (es decir, la presencia de personal médico y policial en los vuelos) y solicita el pago de queroseno, argumentando que no cuentan con el presupuesto para brindar este servicio.

Sin embargo, el principal punto de desacuerdo se centra en la reubicación de la infraestructura militar para albergar a los recién llegados. El departamento de Margarita Robles, reacio a involucrarse en el tema migratorio, ha ofrecido dos estructuras que llevan años abandonadas y que requieren grandes inversiones para ponerlas en funcionamiento: el cuartel de El Matorral en Fuerteventura y Las Canteras en La Laguna (Tenerife).

La oferta no satisfizo a José Luis Escrivá, que en cambio pidió que se habilitara una parte de la zona militar de La Isleta, en Gran Canaria, la isla que está recibiendo más presión. La defensa lo rechazó rotundamente, argumentando que por razones de seguridad no es posible entregar parcialmente las estructuras en uso a las Fuerzas Armadas y obligar a soldados e inmigrantes a compartir los mismos espacios. La solución que se está trabajando es la preparación del antiguo polvorín de Barranco Seco, a unos ocho kilómetros de Las Palmas.

La presión migratoria sobre las islas tiene todas las señales de continuar en los próximos meses. Los servicios de inteligencia españoles han detectado una importante concentración de africanos subsaharianos en el sur de Mauritania dispuestos a dar el salto a Europa y la situación económica en Marruecos agravada por la pandemia está empujando a cientos de marroquíes hacia el Atlántico. La cooperación con Senegal, Gambia o Mauritania para prevenir las salidas y reactivar los retornos es buena, pero, según fuentes gubernamentales, debe ampliarse y fortalecerse. La búsqueda de nuevos recursos de alojamiento es ahora aún más urgente tras el anuncio de Alemania y Reino Unido de levantar las restricciones a sus ciudadanos para viajar a las Islas Canarias. La inauguración de la temporada alta en las islas obligará previsiblemente al desalojo de los más de 2.700 migrantes que se alojan en hoteles vaciados por la pandemia.

Se trata de la segunda crisis de gestión migratoria que afronta Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018. Ese año, España registró un número récord de entradas irregulares (más de 64.000) y salvamento marítimo. Las fuerzas de seguridad y la red de acogida se vieron desbordados y se repitieron escenas de migrantes durmiendo en las cubiertas de los botes de rescate. El ministro Fernando Grande-Marlaska marcó entonces la reducción de la inmigración irregular -un peligroso as electoral para la extrema derecha- como una de las banderas de su mandato. Marruecos renovó así su liderazgo y con la intermediación de España -que le dio 32 millones de euros- recibió otros 140 millones de la UE para reforzar el control de sus fronteras. La estrategia ha permitido reducir a la mitad las entradas irregulares en 2019, pero el mayor control marroquí, especialmente en el norte del país, ha acabado abriendo otro camino y empujando a los migrantes hacia la ruta atlántica, que es más larga, más difícil de controlar y mucho más. más difícil de controlar. más peligroso.