La Fiscalía investiga a Juan Carlos I por obsequios de más de 275.000 euros anuales



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El rey emérito, Juan Carlos I.
El rey emérito, Juan Carlos I.EFE

La Fiscalía investiga si el Rey Emérito ha dejado de declarar a Hacienda el dinero presuntamente donado por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018. El monto recibido y no declarado por delito fiscal debe ser superior a 278.000. euro, según los cálculos de técnicos del Ministerio de Hacienda. De esta cantidad se genera en Madrid una cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de más de 120.000 euros, importe mínimo para que un fraude dé lugar a un delito fiscal. Si don Juan Carlos usara el dinero sin donar, también sería un delito si dejara de declarar 275.000 euros al año.

La Fiscalía investiga el uso por parte del rey emérito de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes que no le pertenecen. El dinero habría venido de su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, quien, según la Fiscalía, lo puso a disposición del exmonarca y lo utilizó, pero no lo declaró a Hacienda. Fuentes fiscales indican que existen indicios de que el rey emérito cometió un delito fiscal, lo que implica que ha defraudado más de 120.000 euros un año en el que ya había abdicado y no gozaba de inviolabilidad.

Para aclarar si Juan Carlos I pudo haber cometido un delito fiscal, los investigadores deben determinar si Sanginés-Krause donó el dinero al Rey Emérito o dispuso del saldo sin una donación. La fórmula es importante porque depende de si el posible delito contra Hacienda se deriva de fraude en la declaración de donación o del IRPF. Aunque se rigen por diferentes normas, las cantidades necesarias para generar un delito fiscal son muy similares: un mínimo de 278.702 euros en caso de donación y 275.862 euros de rentas no declaradas o de origen justificado, según el cálculo realizado por el Sindicato de Técnicos Financieros (GESTHA ) con la normativa fiscal de la Comunidad de Madrid.

En caso de donación, la cantidad a partir de la cual se generaría una participación superior a los 120.000 euros depende del patrimonio preexistente de Don Juan Carlos, cifra que nunca se ha hecho pública. Lo único que se sabe es la asignación anual que percibía hasta el año pasado (161.000 euros en 2019) y que Felipe VI se retiró de él en marzo de este año tras conocerse sus supuestos vínculos. con los fundamentos investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

Dependiendo de este patrimonio pasado, la cantidad donada varía desde el momento en que se genera una cuota del impuesto de donación superior a 120.000 euros. Según GESTHA, al ser un presunto donante no relacionado con el beneficiario (los familiares están subvencionados en Madrid) las cantidades serían: 317.917 (para activos inferiores a 403.000 euros); 306.713 (entre 403.000 y dos millones de euros); 296.527 (entre dos y cuatro millones); y 278.702 (para activos superiores a cuatro millones).

“Si el dinero es donado, el destinatario debe declararlo dentro de los 30 días siguientes a su recepción”, explica José María Mollinedo, secretario general de GESTHA. Si esta donación no existe, el fraude ya no se comete en el impuesto a las donaciones sino en el IRPF, ya que se trata de un aumento injustificado del patrimonio si no se puede demostrar el origen de estos fondos, explica. Mollinedo.

En ambos casos, la presunta infracción puede ser común o agravada, lo que implica un aumento de la pena (hasta seis años de prisión). Entre las hipótesis que agravan el delito están que la estafa supere los 600.000 euros o que se haya utilizado un intermediario (un testaferro) para engañar a Hacienda.

Fuentes de la Fiscalía señalan que el Ministerio Público interrogó hace unas semanas al teniente coronel de la Fuerza Aérea Nicolás Murga Mendoza, colaborador de Juan Carlos I y cuyo nombre, presuntamente, era el dinero que Sanginés-Krause puso a disposición de la re emérito. El empresario también fue cuestionado sobre su relación con los gastos del ex monarca.