La Guardia Civil de Alicante ordena a sus agentes no compartir información con Frontex



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Agentes de Frontex entrevistan a un migrante que desembarcó recientemente en el puerto de Málaga el pasado mes de noviembre.
Agentes de Frontex entrevistan a un migrante que desembarcó recientemente en el puerto de Málaga el pasado mes de noviembre.Getty

La Guardia Civil de Alicante se niega a facilitar información de ningún tipo al equipo que la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) ha desplegado en la provincia como parte de sus operaciones conjuntas contra la inmigración irregular. Así lo manifestó a todas las unidades del mando alicantino el teniente coronel Francisco Poyato Sevillano en una oficina a la que tuvo acceso Alicantur. Fuentes del instituto armado confirman la veracidad de esta instrucción, pero la atribuyen a que algunos agentes al servicio del organismo han intentado recabar información directa sin pasar por canales oficiales y eludiendo el procedimiento de acceso a datos establecido.

En la circular, el alto mando del comando de Alicante se dirige a todas las empresas y unidades bajo su responsabilidad. «Esta oficina», indica, «ha sabido que un equipo de Frontex formado por personal de la Policía Nacional está desplegado en la provincia de Alicante». «Existe la posibilidad», prosigue Poyato, «que este equipo pueda acudir directamente a alguna de las unidades de este comando para solicitar algún tipo de información sobre inmigración ilegal, o de cualquier otro tipo». Ante esta eventualidad, prosigue el teniente coronel, «en ningún caso se aceptará esta solicitud, debiendo responder que no existe autorización para dar ningún tipo de información». La instrucción indica que cualquier solicitud de información será comunicada a la sede, la unidad operativa liderada por Poyato. La circular se firma y valida el 2 de julio.

Las disputas entre el personal que trabaja para Frontex y la Guardia Civil no son infrecuentes. Tienen lugar a nivel operativo, como en este caso, pero también en las oficinas. La paliza constante refleja la relación entre la institución armada y la Policía del Estado, de donde proceden los agentes españoles que sirven al organismo, pero también es una muestra de desconfianza hacia una organización, que ha destinado 5.600 millones de euros para los próximos siete años y buscando para más y más poder.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil aseguran que el «desencadenante» que motivó esta orden fue «un recurso» al que agentes de la Policía Estatal al servicio de Frontex «solicitaron datos que no se pueden facilitar por no estar autorizados». El equipo de Frontex en Alicante, destino de la ruta migratoria desde Argelia, forma parte de la Operación Indalo, una de las tres operaciones de la agencia en España que controla la inmigración irregular a través del Estrecho y Mar de Alborán. En esta misión, en teoría, la agencia colabora con la Guardia Civil y la Policía del Estado. Como parte de este operativo, explican las mismas fuentes, “existe una base de datos en la que miembros de ambos cuerpos registran toda la información” recolectada y la llamada de los policías que trabajan para el organismo se saltaba este trámite. Posteriormente, añaden, tuvo lugar una reunión «en la que se les explicó que el acceso a la información debe gestionarse a través del centro de control» en Madrid.

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Para la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), este es un ejemplo más de «sospecha» y «falta de colaboración y cooperación» entre las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Para la AUGC, la «necesidad de reformar el modelo policial» para «sincronizar y homogeneizar la cooperación» es «perentoria».

A principios de este año, Frontex amenazó con retirarse de España tras tensas negociaciones sobre los términos bajo los cuales se renovarían las tres operaciones en las que se renovarían las actividades de los aproximadamente 200 agentes pagados de la agencia. Frontex ha pedido a España un mayor control sobre la inteligencia, las investigaciones y el acceso a los datos personales en las fronteras españolas, lo que no gusta a los negociadores españoles. Las fuerzas de seguridad españolas, en particular la Guardia Civil, no quieren ceder los espacios de su competencia y tienen dudas sobre el funcionamiento, capacidad y eficiencia de los agentes de la agencia. La lucha terminó con la aceptación de España de la propuesta de Frontex, pero las tensiones persisten.

La agencia también afronta la peor crisis reputacional desde su creación en 2004. Además de las críticas que ha recibido durante años por su opacidad, en los últimos meses se han sumado investigaciones por su presunta colaboración en la repatriación ilegal de inmigrantes al Egeo. Mar. Y la reprimenda del Tribunal de Cuentas de la UE y del Parlamento Europeo por su ineficacia, por las dudas que genera su función operativa y por la falta de transparencia en torno a sus cuentas.

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